Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken. LA PRENSA / CORTESÍA

Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken. LA PRENSA / CORTESÍA

EE. UU. sanciona a cinco funcionarios salvadoreños y a dos guatemaltecos señalados de corrupción

Cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador "que socavaron los procesos o las instituciones democráticas", así como la Fiscal General de Guatemala y el secretario general del Ministerio Público de ese país, fueron incluidos en la "lista Engel"

Estados Unidos sancionó este lunes a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador «que socavaron los procesos o las instituciones democráticas», así como a la fiscal general de Guatemala y al secretario general del Ministerio Público de ese país.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, informó que los funcionarios fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos, conocida como «Lista Engel».

Los magistrados sancionados de El Salvador son: Elsy Dueñas de Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña. Según el comunicado, todos ellos «socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña».

Asimismo los señala de haber aprobado la reelección del presidente, «a pesar de una prohibición expresa en la Constitución que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia».

La reelección presidencial en El Salvador fue aprobada el pasado 3 de septiembre por los magistrados de la Corte Suprema y que fueron nombrados el 1 de mayo pasado después de que el Congreso destituyó a los magistrados constitucionalistas en un proceso ampliamente criticado. La reelección presidencial en este país fue prohibida en un fallo de 2014.

A la fiscal de Guatemala

En el caso de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta De Porres, actual fiscal general, fue sancionada porque «obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales», por medio de ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) que ignoraran los casos basados ​​en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal especial contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el  traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción, señaló Estados Unidos.

Mientras que Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP (el otro sancionado), «obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción». «Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra», dijo el Departamento de Estado.

Todos los sancionados fueron incluidos en el informe 353 sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.

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Bukele tilda las sanciones de «injerencia»

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reaccionó casi inmediatamente tras conocerse las sanciones y afirmó que «queda claro que la lista no tiene NADA que ver con ‘corrupción’, sino que es pura política e injerencia de la más bajera».

La lista

Estos funcionarios, a quienes se les revocaron las visas, se unen a la lista, conocida como «Lista Engel», que había publicado Estados Unidos el pasado julio, donde incluyó a 14 personas que han desempeñado funciones públicas en El Salvador, entre estas siete actuales que trabajan bajo la Administración del presidente Nayib Bukele.

También incluyó a 21 funcionarios hondureños, entre estos el expresidente Porfirio Lobo Sosa. También su esposa y exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo.

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En el caso de Guatemala, la lista incluye a 20 personas, entre estas el expresidente Álvaro Colon, por participar «en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala conocido como Transurbano».

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