La primera dama y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, reiteró su crítica a las sanciones que han impuesto a funcionarios del régimen Estados Unidos, Canadá y países miembros de la Unión Europea en su discurso de este martes. Murillo calificó las sanciones de «pandemia de agresiones» y reconoció que son un castigo.
«Hay una pandemia de agresiones contra los pueblos en tantas partes. Le llaman sanciones pero son agresiones, porque quién ha facultado a alguien para establecer ese castigo, porque sanción quiere decir castigo, sobre todo cuando agreden precisamente porque los pueblos son valientes, son luchadores, somo dignos, defendemos lo nuestro, por eso nosotros decimos soberanía y heroísmo», dijo Murillo en su comunicación a través de los medios de comunicación oficialistas.
Murillo, cuatro de sus hijos y una veintena de funcionarios del régimen de Daniel Ortega han sido sancionados por Estados Unidos, por cometer corrupción y violación a los derechos humanos, en el contexto de represión contra las protestas civiles que iniciaron en 2018. Estados Unidos también sancionó a la Policía, y empresas privadas de los hijos de Ortega Murillo.
Particularmente Murillo y otros funcionarios también ha sido sancionado por Canadá y países de la Unión Europea.
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Entre los sancionados se encuentran el jefe de la Policía Nacional Francisco Díaz; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés; el ministro de hacienda y crédito público, Iván Acosta, entre otros.
Las sanciones de Estados Unidos incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.
Los funcionarios sancionados por Canadá son declarados inadmisibles en ese país bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados. Además, los incluye en la lista de prohibición de cualquier transacción —de hecho, una congelación de activos— al prohibir a las personas en Canadá, y a los canadienses fuera de Canadá, participar en cualquier actividad relacionada con cualquier propiedad de estas personas o proporcionarles servicios financieros o relacionados.
Y a los funcionarios sancionados por la Unión Europea se les inmoviliza sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por el.
