A dos semanas de la brutal masacre contra al menos 13 indígenas, la comunidad mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, emitió una carta dirigida al dictador Daniel Ortega, donde externa su «alto grado de preocupación» ante las constantes invasiones de colonos en sus territorios y la nula respuesta por parte de las autoridades, que no solo hacen oídos sordos, sino que también son partícipes de estos hechos, denuncian.
«¿Dónde quedó su política de “cero hambre”?, ahora después de la última masacre, el 23 de agosto de 2021, el cuerpo de Policía que llegó en las comunidades del territorio Sauni As, acosan, intimidan, torturan a jóvenes por considerarlos como sospechosos. ¿Por qué no persiguen a los asesinos de nuestra gente? El problema de masacre está ya en la opinión internacional, pero su gobierno no ha dicho nada. ¿A qué se debe ese silencio Señor Presidente?», cuestionaron los indígenas.
Recientemente los mayangnas, a través de la Fundación del Río, denunciaron que la Policía orteguista ha ejecutado al menos dos allanamientos en sus comunidades, incluso bajo el resguardo de soldados del Ejército de Nicaragua, en busca de armas y de guardabosques. LA PRENSA solicitó en dos ocasiones y de manera formal y directa al Ejército de Nicaragua una explicación y su versión ante los hechos y señalamientos, pero tras dos semanas no hemos recibido respuesta alguna.
«Campanada de muerte»
En la misiva los líderes territoriales señalaron a Ortega que su filosofía de gobierno es aplicada de manera «parcial», demostrando así que su Administración no practica el respeto de «pluralidad cultural». A su vez le recordaron que durante la década de los ochenta perdieron a más de mil indígenas y muchos tuvieron que irse al exilio. Ahora, la historia se repite, dicen.
«Nuevamente en esta etapa de gobierno vuelven otra vez a sonar las campanas de muerte, ya los colonos saben que las autoridades competentes no los persiguen para hacer justicia, ya se acostumbraron a un promedio de cada dos meses asesinar con armas de guerra a nuestra gente. Queman viviendas, secuestran, violan a mujeres, asesinan a sangre fría, torturan, amenazan, todos estos actos de terrorismo crean inseguridad, y las familias ya no pueden cultivar por todo lo mencionado anteriormente», manifestaron.
Los comunitarios han atribuido estos múltiples ataques a unos 80 hombres colonos de la banda Kucalón, que es dirigida —señalan—, por Isabel Meneses Padilla, alias Chabelo, quien supuestamente actúa bajo amparo de las autoridades. «Todo esto saben (el Gobierno), pero no hacen nada al respecto».
«Por todo lo mencionado, a partir de hoy desconocemos a los organismos creados por su gobierno denominados: ‘Nación Mayangna’ porque solo ha sido una burla llamarse ‘Gobierno de la Nación Mayangna’. Asimismo, desconocemos a los llamados Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI), y tan solo le pedimos de acuerdo a la Ley de la Autonomía y la Ley 445, nos deje gozar de esos derechos consignados en la Constitución Política», agregaron.
Por último, los miembros de la comunidad mayangna pidieron al régimen les otorgue la quinta etapa del proceso de demarcación y titulación de sus tierras, el desarme urgente de los invasores, «que han traído la cultura del mal y la muerte» y exigieron la reubicación de estos colonos invasores.
«Mientras tanto nuestras peticiones no sean oídas y cumplidas, nos abstendremos de votar en las elecciones del 7 de noviembre del año en curso, como ciudadanos libres que somos, como está plasmado en la Constitución Política de la República de Nicaragua», concluyeron.
10 ataques en los últimos dos años
Según los líderes territoriales, entre enero de 2020 a agosto de 2021 las comunidades mayangnas del Caribe Norte del país han sido víctimas de al menos 10 ataques a manos de colonos invasores, quienes han querido apropiarse de sus territorios. Estas intervenciones han dejado una estela de muertes, desaparecidos y lisiados, que hasta ahora la administración orteguista no ha dado respuesta a ninguna de estas masacres.
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29 de enero de 2020: Comunidad Mayangna de Alal fue atacada por 80 colonos dejando 16 viviendas quemadas, 10 personas indígenas desaparecidas, y 4 hombres asesinados.
12 de febrero de 2020: Policía del Triángulo Minero detuvo a Lester Orozco Acosta, integrante de la banda de “Chabelo”; ocupándole una subametralladora y marihuana. Sin embargo, durante la primera semana de junio Orozco fue puesto en libertad.
26 de marzo de 2020: La Comunidad de Wasakin fue atacada por colonos armados y 3 hombres indígenas de la etnia Mayangna, dejando tres muertes y dos heridos.
10 de julio de 2020: La Comunidad AMAK fue atacada dejando el saldo de una persona indígena muerta y un herido Los comunitarios fueron emboscados por tres o cuatro colonos armados con escopetas y revólver.
11 de octubre de 2020: En Bonanza un grupo armado atacaron la comunidad indígena de Panyasak, dejando un saldo de dos caballos muertos y uno herido.
14 de noviembre de 2020: Cerca del Rio Wiwinap fue asesinado Nacilio Macario, de 43 años, originario de la Comunidad de Musawás, con 7 hijos, la menor de ellos una recién nacida.
22 de enero de 2021: En la cercanía de las comunidades de Wilu, Tuybangkana, Musawas y Alal en el territorio Mayangna de Sauni As, fueron atacados los guardabosques indígenas, resultando heridos dos de ellos.
4 de marzo de 2021: Ataque en la comunidad de Kimakwas, en el Territorio Mayangna Sauni Arungka, el joven Antonio López, de 17 años, recibió cinco impactos de bala y ante el peligro de infección corrió el riesgo de que le amputaran una pierna.
10 de mayo de 2021: Ataque en la Comunidad de Silamwas, ubicada en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, en la carretera entre Rosita y Bonanza, aproximadamente a las 5:00 a.m, cuando como de costumbre se dirigían a sus cultivos cinco miembros de la comunidad de Muskuswas.
23 de Agosto de 2021: Masacre más cruel que se ha dado en el cerro Kiwakunbaih, fueron asesinados brutalmente 15 personas indígenas mayangna y miskitos, entre ellos un niño de 6 años. Dos mujeres misquitas fueron violadas por 20 hombres, la primera también fue asesinada y una pierna le fue mutilada.
Ante estos hechos, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, demandó al Estado de Nicaragua una «investigación rigurosa y transparente» sobre este suceso y calificó como «inaceptable» el silencio del régimen de Ortega «ante tal barbarie».
De acuerdo con la denuncia hecha por las organizaciones civiles, las víctimas no solo fueron baleadas, sino que también sus cuerpos fueron mutilados. «Cuando obtuvimos las imágenes de los cuerpos, nos encontramos que hubo un proceso de tortura y saña, es decir, no solo fueron simples asesinatos, sino implicó manipulación de los cuerpos, apertura de los cráneos, de sus vísceras, con un nivel de saña que se describe como un crimen de lesa humanidad, un crimen de odio», manifestó el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz.
