El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, criticó el hecho de que después de 12 días las autoridades de Nicaragua no se han pronunciado sobre la masacre contra unos 13 indígenas ocurrida en la comunidad Kiwakumbaih, del territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte del país y demanda una «investigación rigurosa y transparente» sobre el suceso.
«El horrible ataque del 23 de agosto contra 13 hombres, mujeres y niños de los grupos indígenas mayangna y miskitu en Nicaragua demanda una investigación rigurosa y transparente y rendición de cuentas», reclamó a través de Twitter la oficina adscrita al Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden.
La Casa Blanca agregó que «el silencio ante tal barbarie es simplemente inaceptable en una sociedad civilizada». Hasta ahora, ni la Policía ni el Ejército se han pronunciado al respecto de un hecho violento ha tenido eco en organismos de derechos humanos y redes sociales. Los mayangnas, a través de la Fundación del Río, denunciaron que — además de la indolencia de las autoridades— recientemente las instituciones armadas han ejecutado al menos dos allanamientos en sus comunidades en busca de armas.
LA PRENSA en dos ocasiones ha realizado consultas directas y formales al área de relaciones públicas del Ejército para conocer su versión y que responda por los señalamientos que hacen los indígenas en su contra, pero los correos y mensajes por WhatsApp han sido ignorados. La Policía tampoco ha emitido ningún informe donde aclare que han iniciado alguna investigación en la zona.
Durante el acto del 42 aniversario del Ejército de Nicaragua, llevado a cabo la noche del 2 de septiembre, el jefe de la institución castrense, Julio César Avilés, no mencionó ni una sola palabra solo la masacre contra al menos 13 indígenas a manos de colonos. El jefe militar centro su discurso en que dicha entidad está «firme y cohesionada» y dispuesta a defender la nación.
El horrible ataque del 23 de agosto contra 13 hombres, mujeres&niños de los grupos indígenas Mayagna y Miskito en Nicaragua demanda una investigación rigurosa&transparente y rendición de cuentas. El silencio ante tal barbarie es simplemente inaceptable en una sociedad civilizada. https://t.co/566SQz1pFp
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) September 3, 2021
«Nada ni nadie nos va a descarrilar de nuestra misión… por eso decimos que defendemos la patria con cohesión”, expresó Avilés. Daniel Ortega tampoco se refirió a la masacre, aunque sí tuvo tiempo de meter en su monólogo asunto de conflicto internacional.
Cuerpos fueron mutilados
De acuerdo con la denuncia hecha por las organizaciones civiles, el ataque se dio el pasado 23 de agosto, cuando colonos, armados con fusiles, entraron a las comunidades asesinando al menos a 13 indígenas de la Reserva Bosawas. Las víctimas no solo fueron baleadas, sino mutilados sus cuerpos, según relataron los familiares a la Fundación del Río.
«Cuando obtuvimos las imágenes de los cuerpos, nos encontramos que hubo un proceso de tortura y saña, es decir, no solo fueron simples asesinatos, sino implicó manipulación de los cuerpos, apertura de los cráneos, de sus vísceras, con un nivel de saña que se describe como un crimen de lesa humanidad, un crimen de odio», manifestó Ruiz.
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A su criterio, el mensaje que mandan los civiles armados al ejecutar esta mutilación de los cuerpos es «decir a las comunidades mayangnas e indígenas que ellos están dispuestos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que ellos (los indígenas) se vayan de sus territorios, aquí hay un nivel donde incluye torturas, violación de las mujeres y saña a los cuerpos, estamos hablando de gente que no está bien de la cabeza, que tiene un gran nivel de odio», agregó.
Durante el ataque, dos mujeres también habrían sido abusadas sexualmente por colonos y una fue desmembrada frente a su pareja. Entre las víctimas fallecidas también figura un menor de 6 años, según información actualizada y compartida por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) y por el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
