La consultora legal y defensora de los derechos de las mujeres, Martha Munguía, consideró injusta la cancelación de la Asociación Mujeres de Jalapa contra la Violencia (Jalapa-Oyanka), porque dijo que era una organización que trabajó por muchos años dando acompañamiento a las mujeres en su desarrollo social, en ese municipio del departamento de Nueva Segovia.
«Oyanka es una organización real y efectiva de mujeres, no es una organización inventada por alguien. Quitar a Oyanka en Jalapa es afectar el desarrollo completo del municipio, porque las mujeres son esenciales en su propio desarrollo», dijo Munguía, quien actuó como consultora en la fundación de Oyanka.
Oyanka es una de las 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que el régimen de Daniel Ortega canceló el pasado 26 de agosto, a través de su control en la Asamblea Nacional.
Munguía dijo que las mujeres de Jalapa quisieron organizarse para buscar soluciones colectivas a sus problemas en las comunidades rurales de Jalapa, lo que las llevó a aprender sobre sus derechos y a defenderse de la violencia sexual de los hombres.
«A través de Oyanka las mujeres salvaron sus vidas de la violencia machista, porque muchas de estas mujeres pasaron por el albergue de Oyanka. A estas alturas cuántas de estas mujeres serían un número, serían cifras, serían estadística, no sabemos, pero sí sabemos que vivían violencia severa y que se salvaron por los programas de Oyanka», dijo la consultora.
Munguía dijo que con el acompañamiento de Oyanka, las mujeres de Jalapa se organizaron en «grupos legales» y visitaron a otras mujeres en las comunidades y se reunían con ellas, para que conocieran sus derechos.
«El potencial de que una ciudadanía conozca sus derechos es algo que lo tenés que anotar como aportes al desarrollo de la sociedad, el crecimiento», dijo la especialista.
Oyanka tenía personería jurídica desde el 29 de octubre de 1998, con domicilio en el municipio de Jalapa, del departamento de Nueva Segovia.
Sin embargo, la directora ejecutiva de Oyanka, María Elena Rivera, relató que la historia de esta organización nació en 1993, como un programa de género para acompañar a las mujeres socias de cooperativas, en el proceso de legalización de sus tierras.
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Rivera dijo que muy pronto se dieron cuenta de que habían numerosos casos de violencia contra las mujeres en el territorio, por lo que también vieron la necesidad de defender, proteger y capacitar a las mujeres sobre género, además de asesorarlas sobre sus derechos de propiedad. Las capacitaciones también involucraban a los hombres sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos.
El trabajo tuvo tanto éxito que se comenzó a difundir a través de la radio y se comenzó a expandir el programa de género en otros municipios. Oyanka llegó a tener su propia radioemisora, Voz de Mujer, sin embargo, en 2015, el régimen orteguista comenzó a afectar a esta organización. Funcionarios del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) cerraron la Voz de Mujer y confiscaron los aparatos de transmisión.
La iniciativa de ley de la cancelación de la legalidad de Oyanka y de las otras 14 ONG asegura que estas cometieron violaciones a la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, entre estas: juntas directivas con plazos vencidos en diferentes días, meses y años. También no presentar los estados financieros de los periodos comprendidos entre 2006 y el 2020, con sus desgloses detallados; no presentar los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades, que definan claramente fuentes de financiamiento, cartera de proyecto, etcétera.
En los últimos cuatro años, el régimen de Daniel Ortega incrementó la persecución y hostigamiento contra todas las organizaciones críticas a su gobierno.
