El hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya convocado al Estado de Nicaragua a una audiencia para que responda sobre el cumplimiento de las “medidas urgentes” que el tribunal internacional otorgó a los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, y a los opositores Violeta Granera, José Adán Aguerri y Tamara Dávila, es visto a lectura de defensores de derechos humanos consultados por LA PRENSA como “engrosamiento” de la lista de incumplimientos del Gobierno que le causará “mayor aislamiento”.
La Corte IDH adoptó medidas provisionales, en las que requirió al Estado de Nicaragua procediera “a la liberación inmediata” de los beneficiarios, en un plazo establecido por el tribunal internacional por considerar que los detenidos están en “extrema gravedad, urgencia y peligro inminente de daño irreparable a los derechos”.
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La audiencia pública de supervisión de las medidas se desarrollará el próximo 27 de agosto, a partir de las 8:00 a.m. y será transmitida por las redes sociales del órgano judicial. Dicha audiencia forma parte del 143 período ordinario de sesiones de la Corte IDH.
👩🏿💻👨🏽💻Se celebrarán además las siguientes Audiencias de Medidas Provisionales:
📌Audiencia pública de Supervisión de Medidas Urgentes Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua🇳🇮— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) August 17, 2021
El 24 de junio, la Corte IDH otorgó las medidas a favor de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri, y dio hasta el 8 de julio como plazo al Gobierno de Nicaragua para que cumpliera con las medidas a favor de los beneficiarios.
Enseguida, el 19 de julio el tribunal internacional adoptó medidas cautelares en favor de Tamara Dávila y su núcleo familiar. Para Dávila la Corte IDH solicitó la liberación inmediata y le dio al Estado de Nicaragua hasta el 30 de julio para que cumpliera con la resolución.
El dictador Daniel Ortega al no cumplir con la decisión adoptada por el tribunal internacional —según defensores de derechos humanos consultados por LA PRENSA—, está sentando otro precedente de “incumplimiento”. Nicaragua es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que está compuesta por la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que cualquier Gobierno de turno está en la obligación de respetar los convenios internacionales.
Corte IDH declarará “incumplimiento”
La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez dijo a LA PRENSA que la Organización No Gubernamental y garante de derechos humanos, estará representando en la audiencia pública a Violeta Granera y Tamara Dávila, y compartió el significado que tiene dicho evento convocado por el tribunal internacional en la historia del país.
En primera instancia, Núñez explica que prácticamente cuando la Corte IDH llama a una audiencia sobre unas medidas provisionales que ha acordado, “queda evidenciado de que el Gobierno no cumple”, puesto que sugiere que “no ha cumplido las solicitudes de medidas provisionales como la liberación inmediata de los beneficiarios”.
La abogada defensora compartió que la Corte IDH solicitó un informe oficial sobre al Estado, sobre el paradero y condiciones de detención de los cinco beneficiarios, sin embargo el gobierno de Ortega no cumplió.
“Resulta de que el Estado de Nicaragua no cumplió de ninguna manera las peticiones de la Corte IDH y entonces pidió informe de por qué no había cumplido, el Estado insultó a los beneficiarios y representantes de los mismos. Lanzó una serie de epítetos contra el Cenidh, como que desechará cualquier solicitud nuestra porque nosotros ya no existíamos, y por está situación la Corte IDH llama a audiencia pública”, dijo Núñez.
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A la vez, la presidenta del Cenidh señala que dicha acción es la “última verificación” que hace la Corte para “declarar el incumplimiento total por parte del Gobierno a sus responsabilidades ante la Corte IDH”.
Por su parte, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, insiste en que Nicaragua como Estado “están obligados a respetar y proteger los derechos humanos de acuerdo a los convenios internacionales”.
Mayor aislamiento por “incumplimiento”
Núñez sostiene que el incumplimiento del Estado de Nicaragua estaría prácticamente “engrosando” más la lista de irresponsabilidades de Ortega que “cada día lo ubica como un gobierno irresponsable, violador de derechos humanos, y que no merece estar perteneciendo a instancias internacionales que vela por los derechos humanos. Contribuye al aislamiento en el que ya el régimen de Nicaragua ha caído”, mencionó.
En esa misma línea, el abogado Carrión indicó que el incumplimiento estaría solamente “alimentando la conducta de irresponsabilidad del Estado. Al no cumplir con sus obligaciones también se estaría aumentando la mayor condena de la comunidad internacional y mayor aislamiento”.
Carrión añade que lo que está siendo la Corte IDH ante el incumplimiento de Ortega está “aplicando el Sistema Interamericano que obliga a los Estados a proteger los derechos humanos de los beneficiarios”.
Por otro lado, ambos defensores señalan que muestra de ese aislamiento es lo que se dio a conocer este martes 17 de agosto, la renuncia del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) tras negarse a ratificar principios democráticos.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Copppal, reveló que se hicieron los mayores esfuerzos de diálogo y concertación al más alto nivel para que el FSLN y el gobierno de Daniel Ortega “se acogieran a los principios que dieron origen a la Copppal”, pero —según Moreno— “los compañeros sandinistas optaron, primero por interrumpir el diálogo y ahora por anunciar su salida de la organización, decisión que, sin duda, profundizará su aislamiento de la comunidad internacional”.
Corte IDH “no tiene poder coercitivo”
Ambos defensores coincidieron en remarcar que ellos siempre ven como problema el hecho de que la Corte IDH no tenga “poder coercitivo” debido a la naturaleza del Derecho Internacional.
“No puede obligar de ninguna forma al cumplimiento lo que hace prácticamente es levantar el récord negativo que tiene ante la opinión pública internacional el Gobierno de Nicaragua, porque está desobedeciendo a la máxima autoridad jurisdiccional en materia de derechos humanos a nivel de Sistema Interamericano”, señaló Núñez.
Según Núñez, el organismo Race and Equality comparecerá en la audiencia en representación a Juan Sebastián Chamorro y José Adán Aguerri; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por Félix Maradiaga. La audiencia durará una hora y media, el Estado habla primero, después los representantes y en ese lapso puede que comparezcan testigos como familiares de los beneficiarios, y posterior el período de réplica y dúplicas, y al finalizar preguntas de los jueces.