La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, a través de un comunicado, el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses que han tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto.
Asimismo, la CIDH consideró urgente cesar la represión contra personas opositoras al Gobierno y tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país.
«Entre las acciones estatales realizadas en los últimos meses que tienen como finalidad impedir la participación de la oposición, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), destaca: la detención y criminalización de líderes y lideresas, incluyendo personas precandidatas presidenciales mediante la aprobación y utilización de leyes penales con contenido ambiguo y/o que restringen arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense; y, en general, la profundización de un estado policial que mantiene suspendidos los derechos y las libertades públicas», detalla la CIDH en su comunicado.
En el mismo comunicado la comisión condenó la detención arbitraria de 31 personas ocurrida en los últimos 2 meses, entre las que se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes fueron detenidas y están privadas de libertad, una vez que anunciaron públicamente su intención de ser candidatos a la Presidencia.
La CIDH relata que la pareja presidencial anunció el 2 de agosto su candidatura para un cuarto período consecutivo al frente del poder ejecutivo.
Mientras la CIDH condenó el 3 de agosto la detención domiciliaria, restricción migratoria e inhibición para postularse a cargos públicos de Berenice Quezada, candidata opositora a la Vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, hecho ocurrido al día siguiente de haber anunciado su candidatura.
Preocupados por cancelación de personería jurídica
«La CIDH también ha expresado su preocupación por la cancelación arbitraria de la personería jurídica de dos partidos de oposición, entre ellos el Partido Restauración Democrática (PRD), el cual estaba colaborando con la Coalición Nacional para la selección de una candidata opositora», indicó la comisión a través de un comunicado.
El 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral determinó la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad, lo que eliminaría la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado registrarse formalmente para la próxima elección presidencial. En su decisión, el CSE también solicitó la cancelación de la cédula de identidad nicaragüense de la presidenta del partido, Kitty Monterrey.
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El 8 de agosto, el Ministerio de Gobernación confirmó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense, así como de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento y la anulación de pasaporte de la presidenta del partido, quien ostenta otra nacionalidad.
Al respecto, «la CIDH condena enérgicamente la resolución del CSE, misma que habría sido adoptada en contravención con la Constitución nicaragüense y con fundamento en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Como ha sido señalado por la CIDH, dichas normas restringen arbitrariamente la competencia electoral, el ejercicio de los derechos políticos, y otros derechos como la libertad de expresión y asociación».
Quebrantamiento del Estado de Derecho
La CIDH destacó que la persecución penal en contra de opositores y precandidatos a la Presidencia presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y otras garantías del debido proceso.
«En virtud de ello, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado al Estado nicaragüense la adopción de medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad de algunas de las personas detenidas. A la fecha, el Estado no ha cumplido con las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas», recordaron en el comunicado.
«Estos hechos confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, hechos que la Comisión ha venido señalando y condenando de forma sostenida en los últimos años, así como la situación de impunidad estructural de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018», agregó.
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Por tanto la Comisión reiteró su llamado al Estado para que libere a las personas detenidas arbitrariamente, en el contexto de las protestas o con ocasión de las mismas. Asimismo insta al Estado a cumplir con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH, así como dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, y habilitar la inscripción de las candidaturas correspondientes; además, restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos. Ello, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres, justas y transparentes, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos.
Además consideró urgente que Nicaragua ponga fin a la impunidad, y adopte las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país.
