El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso este viernes 6 de agosto restricciones de visa a 50 familiares directos de funcionarios de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del Poder Judicial, incluyendo de fiscales y jueces nicaragüenses, informó el portavoz de la institución, Ned Price.
«Como demuestran estas acciones, Estados Unidos está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas», afirmó Price.
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Agregó que «hoy anunciamos restricciones de visa contra 50 personas más, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas a las que todos los Estados miembros de la OEA se han comprometido bajo la Carta Democrática Interamericana».
We are imposing visa restrictions on 50 immediate family members of Ortega-Murillo regime enablers. Anyone benefiting from the undermining of free and fair elections in Nicaragua is not welcome in the United States. https://t.co/xelJPT8ZpR
— Ned Price (@StateDeptSpox) August 6, 2021
Las acciones de visado y las recientes sanciones, según Price, demuestran que «Estados Unidos seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas de quienes posibilitan la represión de Ortega y Murillo».
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El pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega: a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja de dictadores; al diputado y jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro Rivera; al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Leonardo Ovidio Reyes Ramírez; al coronel del Ejército de Nicaragua y quien dirige el Instituto de Prevención Social Militar, Julio Modesto Rodríguez Balladares.
Responde a detenciones de opositores
Además, el funcionario estadounidense aseveró que la medida responde a que en los dos últimos meses, el régimen ha arrestado a 32 opositores políticos y actores prodemocracia, incluidos siete candidatos presidenciales, una candidata a vicepresidenta, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores, entre otros.
«Esto incluye la detención esta semana de Berenice Quezada, una valiente nicaragüense que dio un paso adelante con valentía para postularse a la vicepresidencia como candidata de la oposición, a pesar de la creciente represión. Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de correr contra cualquiera que sientan que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense», señaló Price.
La medida llega momentos después de que el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al gobierno autoritario de Daniel Ortega con el fin de que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Además, exige revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta.
150 nicaragüenses con restricciones de visa
Con estas nuevas restricciones en Nicaragua, ya son 150 personas ligadas al régimen de Ortega a quienes el gobierno del presidente Joe Biden impuso la restricción de visa. El pasado 12 de julio, impusieron restricciones de visas a 100 miembros de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial de Nicaragua, incluidos fiscales y jueces, «que impulsaron el asalto del régimen de los Ortega Murillo a la democracia» en el país, según informó el secretario de Estado, Antony Blinken.
We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021
Estas restricciones de visas se aplicaron, según el Departamento de Estado, «a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos y los miembros de la familia inmediata de dichas personas».
