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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. LA PRENSA/AFP

Bukele fustiga nacionalización de Sánchez Cerén por Ortega y afirma que no entiende por qué «algunos» protegen a prófugos

La posición del régimen de Ortega contrasta con los obstáculos que este  impone contra los nicaragüenses, que lo adversan. Este es parte del largo historial de la dictadura contra personas que no han cometido delitos y son castigadas por la vía migratoria

Mientras el régimen de Daniel Ortega se ha mostrado complaciente con prófugos de la justicia de otros países, en los últimos años ha acumulado una serie de arbitrariedades contra religiosos, familiares de perseguidos políticos y personas que han obtenido nacionalidad nicaragüense y no han cometido delitos.

El propio  presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el viernes que no entendía cómo «algunos» defienden a prófugos de la justicia, como a Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, dos expresidentes de ese país por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ambos señalados de estar envueltos en escándalos de corrupción y desvío de fondos millonarios durante estuvieron en el poder.

Bukele señaló que El Salvador ya tenía dos expresidentes nicaragüenses.  «Ortega le concede nacionalidad a Sánchez Cerén y lo protege de la extradición a El Salvador», dijo Bukele en sus redes sociales, al tiempo que compartió una captura de La Gaceta de Nicaragua donde se anunciaba la nacionalización del prófugo.

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Bukele no entiende protección

«Sánchez Cerén partió a Nicaragua en diciembre del año pasado, cuando aún había un fiscal arenero y cuando aún tenían el control de la Asamblea Legislativa. Bien sabía lo que había hecho. Ni siquiera vino a votar por su propio partido. Nunca entenderé cómo aún hay algunos que todavía los defienden», cuestionó.

La posición del régimen de Ortega contrasta con los obstáculos que este  impone contra los nicaragüenses, que lo adversan. El 16 de julio pasado Juan Emilio Rivas Benítez, director de Migración y Extranjería, le impidió la entrada al país a Lesther Javier Alemán, padre del reo político Lesther Alemán, “secuestrado” desde el pasado 5 de julio. Le dijeron que hay orden de no permitirle entrar a este país.

Varios periodistas, dirigentes políticos y familiares de presos políticos han sido obligados a abandonar Nicaragua desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno.

El caso más reciente es el del sacerdote de origen italiano, fray Damián Cosme Muratori, encargado del Santuario Tepeyac, ubicado en San Rafael del Norte, Jinotega, quien tenía 45 años de vivir legalmente en esa ciudad. Actualmente solo cuenta con 90 días de permanencia legal hasta octubre de este año.

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Otros sacerdotes franciscanos a los que el orteguismo le ha negado la permanencia en el país fueron los frailes Santos Fabián Mejía, párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Juigalpa, Chontales y José Javier Lemus, quien desde 2018 estaba a cargo de la parroquia Inmaculado Corazón de María, en Matagalpa.

En el 2020, le retiraron la residencia a dos sacerdotes extranjeros más de la Diócesis de Estelí. El sacerdote colombiano Luis Arilio Carrillo y el padre salvadoreño Julio César Melgar. A ninguno de ellos se les explicó el motivo de la suspensión de su residencia.

La activista  del Movimiento Feminista, Ana Quirós, fue otro caso de arbitrariedad migratoria. Ella tenía cuarenta años de haber obtenido la nacionalidad nicaragüense. En 2018 fue detenida y deportada hacia Costa Rica sin mediar explicación.

Asimismo, dos periodistas extranjeros que llegaron al país en 2018 para documentar las protestas, la documentalista brasileña Emilia Mello y el austriaco-norteamericano Carl David Goette-Luciak, fueron deportados ese mismo año.

Premiado con ciudadanía

En cambio el Gobierno premia con asilo y estatus legal a políticos corruptos de Centroamérica. En 2016 el Gobierno de Nicaragua le ofreció asilo político al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado y detenido finalmente por actos de corrupción en su país.

Por la misma época llegaron el exmandatario de El Salvador, Mauricio Funes, y el expresidente del Parlamento de Guatemala, Luis Rabbé Tejada. Funes tiene seis órdenes de captura por diversos actos de corrupción cometidos durante su mandato presidencial de 2009 a 2014.

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Ortega le dio primero asilo político y el año pasado la nacionalidad al salvadoreño, quien alega que su vida corre peligro si regresa a El Salvador.

En el caso de Rabbé Tejada fue señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de contratar “plazas fantasma” en el Parlamento mientras fungía como presidente en 2015.

Fue descubierto en Nicaragua por ciudadanos guatemaltecos haciendo compras en un súper y huyó rumbo a México. En 2018 fue descubierto en ese país  y ha permanecido detenido. Próximamente será extraditado a Guatemala para enfrentar la justicia de su país.

Expulsiones son ilegales y arbitrarias

Abogados han valorado de ilegales y discrecionales las cancelaciones de residencia a extranjeros en Nicaragua y la intempestiva forma de negarle la entrada al país a un nacional sin otra causa que la política.

Según especialistas que piden no ser identificados por su seguridad, el problema es que la Ley 761 —Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento— deja a discreción de las autoridades migratorias su aplicación y estos funcionarios responden ciegamente a las órdenes de Ortega y Murillo.

No existe legalidad en ninguna de las acciones emprendidas contra las personas perjudicadas por Migración y Extranjería. Todo obedece a razones políticas, refieren los abogados.

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