El ginecólogo José Antonio Vásquez Mena, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) —asociación que en junio pasado cerró las oficinas de su sede central en Managua por el constante asedio y amenazas del régimen— se presentó este miércoles 28 de julio a la cita impuesta por el Ministerio de Salud para comparecer ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Minsa, ubicada en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, conocida como Conchita Palacios.
De la misma manera como ha pasado al menos con cuatro médicos independientes entrevistados —quienes han hecho pública su citatoria—, al doctor Vásquez le cuestionaron sobre su postura crítica en el manejo de la pandemia del Covid-19 por parte del Minsa y el gobierno de Ortega y Murillo. El especialista dijo a LA PRENSA que las autoridades del Minsa le sentenciaron: “Estamos prohibidos hablar del tema —Covid-19—, ni mucho menos dar pronóstico y estadísticas, que eso lo da solo el Minsa”.
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La notificación de la citatoria el doctor Vásquez la recibió este mismo día por parte de la institución sanitaria para ser entrevistado a la 1:00 de la tarde. Por segunda semana consecutiva, el Ministerio de Salud (Minsa) cita a médicos independientes para comparecer en sus oficinas de “carácter obligatorio”.
Con la Ley de Ciberdelitos sobre la mesa
Añadió que enfatizaron en que “lo relacionado al Covid-19 es y siempre será resorte del Minsa”. También mencionó que le señalaron que “sea la organización que sea, si algún miembro habla de ese organismo se interpreta que es la organización que lo está asumiendo (las declaraciones) y pueden ser llevados ante la justicia… Recordando el ciberdelito, Ley de Ciberdelitos”.
Asimismo le mencionaron que el Minsa continuará citando a médicos independientes. Hasta este 28 de julio, al menos cinco médicos, solo los que han hecho pública su citatoria, han sido entrevistados, cuestionados y amenazados por el Minsa. El primero fue el doctor José Luis Borgen, el infectólogo Carlos Quant y la oncóloga Indiana Talavera, los dos primeros fueron cuestionados por las valoraciones técnicas que brindan sobre la pandemia a los medios de comunicación y les “recordaron” la existencia de la Ley de Ciberdelitos.
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La amenaza de suspensión de licencia
El cuarto citado —de forma pública— fue el neumólogo Jorge Miranda a quien el viceministro de Salud, Enrique Beteta, entrevistó y lo amenazó con suspenderle la licencia médica y aplicarle la Ley de Ciberdelitos. Él compareció este lunes 26 de julio.
Según el doctor Miranda, “la entrevista la condujo el viceministro de Salud, que se identificó con el apellido Beteta (doctor Enrique Beteta Acevedo), la directora de regulación sanitaria y alguien de asesoría legal del ministerio. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme mi licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen”, declaró a la salida de su cita.
A su salida mencionó que “esto es un abuso, me pidieron firmar un acta donde me estaban informando que podían actuar, que tenían todas las herramientas legales para quitarme la licencia, pero yo no accedí a firmar nada de eso porque yo no lo veo adecuado, pero sí me sentí amenazado por este señor (viceministro Beteta), porque de manera soez me hizo esas acusaciones”.
Las citatorias del Minsa hacia los médicos independientes se dan justamente en un momento álgido de la crisis sanitaria del Covid-19 que ha cobrado la vida de más de 100 galenos en el país, cuando tanto las cifras oficiales del Minsa mantienen por decimotercera semana consecutiva un alza en los casos de contagios, al igual que los reportes médicos revelan que hay mayor propagación del virus y el número de hospitalizaciones y muertes se eleva.
Desde que se reportó de manera oficial el primer caso de Covid-19, Nicaragua acumula 9,470 contagios y 195 muertes por la enfermedad, según los datos del Minsa. Sin embargo, los números siguen estando por debajo del reporte independiente que realiza el Observatorio Ciudadano Covid-19, que registra en total 19,743 casos sospechosos verificados y 3,631 muertes sospechosas.
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Este miércoles la Asamblea Nacional, dominada por diputados afines al régimen, aprobó con 72 votos a favor cancelar la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, incluyendo 15 de origen médico. Además de la cancelación también se les confiscó los bienes a las que en sus actas constitutivas no tenían previsto el destino de estos en caso de desaparecer.