El régimen de Daniel Ortega desacató la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dictó medidas provisionales, entre ellas la libertad, de la lideresa opositora Violeta Granera, los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, denunciaron abogados defensores y familiares de los detenidos.
«En una muestra de incumplimiento a sus compromisos internacionales, el Estado de Nicaragua ignoró la orden de liberar inmediatamente a Chamorro, Maradiaga, Granera (y Aguerri), emitida el pasado 24 de junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal regional que les otorgó medidas provisionales por considerar que enfrentan una situación de extrema gravedad. Se anticipa que el Estado de Nicaragua tampoco cumplirá con el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció como plazo máximo el 8 de julio para informar sobre las medidas adoptadas para proteger eficazmente las vidas de Chamorro, Maradiaga, Granera (y Aguerri) y la de sus núcleos familiares», denunció Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, quien recordó que los detenidos ya tienen más de un mes de estar tras las rejas.
Jared Genser, abogado internacional de Chamorro y Maradiaga, explicó que «desafortunadamente si Nicaragua no cumple con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay muchas manera para exigir que Nicaragua cumpla. El Estado de Nicaragua debió cumplir con esas medidas ayer, pero sabemos que los cuatro nombrados (anteriormente) siguen detenidos, es posible que proporcionó una respuesta escrita a la Corte, pero todavía no sabemos… ahorita tenemos que esperar un par de días para ver si Nicaragua proporcionó una respuesta oficial a la Corte».
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Confianza en que proceso continúe
En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido a 26 personas, entre precandidatos presidenciales, líderes opositores, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), el chofer particular de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y un banquero que llevan entre tres y 41 días secuestrados, o en condición de casa por cárcel. Además, 120 reos de conciencia permanecen encarcelados, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.
Bertha Valle, esposa de Maradiaga, dijo que los familiares de los detenidos los consideran desaparecidos, ya que no los han podido ver y tampoco han logrado ver a sus abogados. «Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se han referido a ellos como terroristas y criminales, lo que constituye una injerencia ilegal a sus casos porque ejerce presión sobre el poder judicial para condenarlos… (los familiares de los detenidos) confían en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúe con el proceso para lograr su pronta liberación», dijo entre lágrimas Valle.
Julio Sandino Granera, hijo de Granera, recordó que «mi madre tiene 70 años, tiene problemas cardíacos, tiene problemas de salud, queremos que una médica de cabecera de la familia la mire, queremos que mi hermana esté con ella. Es ridículo que estemos en el 2021 y que la gente que está peleando por una Nicaragua en democracia es la gente que esté presa, y gente que está cometiendo actos de corrupción y violación de derechos humanos andan en las calles sin ningún problema».
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La Fiscalía ha señalado que los detenidos “están siendo investigados, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Genser agregó que solicitarán un audiencia en la Corte IDH para conocer la respuesta del régimen Ortega Murillo con relación a la libertad de los presos políticos y llevarán el caso al Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en búsqueda de justicia.
