El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves 8 de julio, con 629 votos a favor, de un total de 705 miembros, una nueva resolución sobre Nicaragua que demanda a la Unión Europea (EU) aplicar “estrictas sanciones” a lo inmediato a la dictadura Ortega Murillo y su círculo íntimo, además reiteran su llamamiento para que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, hasta que la dictadura modifique el actual proceso electoral, para garantizar elecciones libres y transparentes, y que libere a los más de 120 presos políticos, incluyendo los seis aspirantes presidenciales.
Hace dos días, la eurocámara debatió sobre la crisis sociopolítica y económica de Nicaragua, además analizó y expresó su preocupación por las constantes violaciones de derechos humano e instó al régimen al cese de la represión y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores. Los principales grupos políticos del PE firmaron en conjunto la nueva resolución con la que buscan presionar a la dictadura para que cambie el rumbo del país, que ya se encamina a su cuarto año consecutivo de crisis.
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El eurodiputado español José Ramón Bauzá, quien propuso se debatiera la situación de Nicaragua ante el PE, al igual que en octubre pasado, celebró a través de su cuenta de Twitter la aprobación de la Resolución, la que catalogó como “una victoria”.
“¡Vamos Nicaragua! El Parlamento Europeo condena rotundamente los crímenes de Ortega y Murillo y exige que se les sancione de inmediato. Esta victoria pertenece a los miles de nicaragüenses valientes que cada día plantan cara al régimen. No nos queda duda: ¡Se van!”, escribió el eurodiputado.
¡VAMOS NICARAGUA! El Parlamento Europeo condena rotundamente los crímenes de Ortega y Murillo y exige que se les sancione de inmediato. Esta victoria pertenece a los miles de nicaragüenses valientes que cada día plantáis cara al régimen. No os quepa duda: ¡Se van! pic.twitter.com/P3uS27W5A5
— José Ramón Bauzá (@JRBauza) July 8, 2021
El Parlamento Europeo (EP) es el ramal legislativo de la Unión Europea (UE) y una de sus siete instituciones. Está compuesto por 705 miembros (eurodiputados) en representación de todos los países de la UE.
Esto es lo que pide el PE en la Resolución:
Expresa su solidaridad con la población de Nicaragua y condena firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, así como contra sus familiares, y especialmente las muertes que han provocado; pide que se ponga fin inmediatamente a la imposición de medidas restrictivas, la represión y las violaciones de los derechos humanos, y pide que se rindan cuentas por las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018.
Solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los candidatos a la Presidencia. Por otra parte, exigen que se garantice el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos; pide que el gobierno de Ortega aporte inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero; recuerda que deben ofrecerse plenas garantías a las personas exiliadas, de manera que puedan regresar a su país.
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Pide que el Gobierno de Nicaragua levante el estado de sitio de facto, y reitera su llamamiento para que se restablezcan un diálogo integrador y la democracia como única salida pacífica a la crisis política, económica y social que atraviesa Nicaragua.
Pide al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y a sus Estados miembros que desempeñen un papel activo en la defensa, protección y promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, tal como se establece en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995, en cuyo artículo 1 se estipula que la democracia se basa en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana.
Pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos. Además subraya que Nicaragua figura en la lista negra del GAFI desde octubre de 2020.
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Pide al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados, velando especialmente porque no resulte perjudicado el pueblo nicaragüense; subraya la necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y el pueblo de Nicaragua a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la Unión, entre otros, llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al Gobierno y a las autoridades, con el fin de mitigar el impacto de la Covid‑19 y de la actual represión gubernamental e impedir que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria; recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su llamamiento para que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, entre otras medidas.