Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y la líder opositora Violeta Granera, este jueves cumplen un mes de estar detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, sin poder ver a sus familiares, sin recibir alimentos y sin tener el derecho a ser asistidos por sus abogados.
Granera fue detenida en su vivienda el pasado 8 de junio, a eso de las 7:00 de la noche por oficiales de la Policía orteguista, quienes la trasladaron en un vehículo no oficial de la institución y sin brindar ninguna información. Familiares denunciaron que al momento de la detención los uniformados la golpearon y esposaron para luego llevarla presuntamente al Chipote.
«Desde su secuestro nosotros no hemos podido tener información de su estado de salud, tampoco hemos podido verla, a nosotros nos preocupa porque mi mamá, en la semana que la detuvieron, tenía que realizarse unos exámenes relacionados al corazón, además padece de presión alta, ella está enferma y lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta del régimen y mamá tiene medidas cautelares (solicitadas al régimen por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH) que no se han respetado. Al menos queremos que permitan que un médico de confianza la llegue a ver para ver cómo se encuentra, creemos que esto es parte de la tortura que le están haciendo a todos los secuestrados. Le hemos llevado medicamentos, eso nos reciben, pero no reciben la comida, solamente líquidos», denunció Julio Sandino Granera, hijo de Violeta Granera.
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En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido a 26 personas, entre precandidatos presidenciales, líderes opositores, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), el chofer particular de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y un banquero que llevan entre 41 y tres días secuestrados o en condición de casa por cárcel. Además, 120 reos de conciencia permanecen encarcelados, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.
Podrían ser liberados
La misma noche de la detención de Granera, la Policía detuvo en su casa al precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, horas después que la Fiscalía General de la República lo citó a una «entrevista». Los oficiales llegaron a su vivienda y para evitar ser golpeado el opositor se puso de rodillas, relataron familiares en el momento del hecho.
Desde el momento de su detención, a Chamorro se le han violado sus derechos constitucionales y humanos, ya que no le han permitido ver a su familia ni ser asistido por un abogado, aseguró su representante legal Maynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
«Este 8 de julio el Estado de Nicaragua tiene que informar a la Corte IDH cuáles fueron las medidas que tomó en relación a la detención de Juan Sebastián, deberían de ponerlo en libertad pienso a más tardar a las 4:30 de la tarde. Si el Estado no cumple con la sentencia de la Corte Interamericana entonces cae en el delito de desacato y esa orden es de ineludible cumplimiento, ya que tiene rango constitucional y el Estado es firmante de convenios internacionales», aseguró Curtis.
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Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó medidas provisionales que incluyen la liberación inmediata a favor de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera. Si Ortega no cumple con la decisión adoptada por el tribunal internacional —según defensores de derechos humanos consultados por LA PRENSA—, estaría sentando otro precedente de «incumplimiento».
Maradiaga sigue desaparecido
Luego de una extensa entrevista para la que fue citado en el Ministerio Público, Maradiaga el mediodía del 8 de junio fue perseguido por oficiales de la Policía orteguista, golpeado y supuestamente llevado a las celdas del Chipote, denunció su abogado defensor, Róger Reyes.
«Aún sin tener la oportunidad de tener comunicación con él, se han presentado de manera insistente solicitudes al juez y al mismo comisionado de Auxilio Judicial para poder tener respuesta, pero ambas instituciones han tenido silencio. Ya cumplimos un mes de su secuestro», denunció Reyes.
Mientras, la periodista Bertha Valle, esposa de Maradiaga, asegura desde el exilio que no ha podido ver a su esposo. «Desde hace años la represión y el asedio focalizado en contra de mi esposo ha significado para mí y para mi familia crisis económica, exilio y un cambio total, forzado en nuestras vidas, siendo particularmente fuerte para nuestra hija Alejandra, de apenas 8 años. No saber si Félix está vivo o muerto, tener dudas si lo han torturado o no, si lo tienen sometido a condiciones infrahumanas, si lo han expuesto a contagiarse del virus, si está siendo alimentado o lo están dejando con lo mínimo solo para mantenerlo con vida, no saber nada. Estar en la absoluta oscuridad junto con él ha sido una pesadilla que va más allá de las palabras para poder describir. A pesar de esto, todos los días denunciamos, presentamos escritos, nos presentamos al Chipote donde presuntamente está detenido tratando de llevarle alimentos, o sus medicamentos o pedir verlo», relató.
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Silencio sobre Aguerri
A las 9:20 minutos de la noche del 8 de junio la Policía, a través de una nota de prensa, confirmó la detención de Aguerri y aseguró que fue trasladado a las celdas de la DAJ. Posteriormente, la Fiscalía del régimen informó, a través de un comunicado, que había enfrentado una audiencia y un juez le había decretado el arresto de 90 días, mientras duran las investigaciones.
En un primer momento Aguerri era representado legalmente por el abogado Elton Ortega, pero este decidió exiliarse por temor a represalias en su contra por parte del régimen. Allegados al expresidente del Cosep no dan razón de quién es el nuevo defensor del detenido, mientras su padre, del mismo nombre, dijo a LA PRENSA a través de su secretaria que prefería no hablar del tema.
La Fiscalía orteguista ha señalado que los detenidos “están siendo investigados, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
