La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) urgió al cese de la represión, la libertad de periodistas y ciudadanos detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática en Nicaragua, que se enfrenta en los últimos días a una escalada represiva ejecutada por el régimen orteguista.
La SIP recopiló testimonios de la situación que viven los nicaragüenses con las detenciones, allanamientos y persecución en un informe que fue presentado este miércoles y será entregado al Comité Ejecutivo de la organización. Según un comunicado, una delegación de la SIP conversó en formato virtual con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia católica sobre la situación en el país.
“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”, sostuvo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien estuvo a cargo del diálogo.
De acuerdo con el documento, los contactos para el informe se realizaron “bajo el compromiso de mantener absoluta reserva, lo que refleja el clima de zozobra imperante tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas desembozadas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias”.
Con ese informe, según la misiva, la institución pretende hacer un llamado a los organismos internacionales que trabajan por la defensa de los derechos humanos y las libertades de expresión y de prensa para que se unan y demanden la restauración de las libertadas y el cese de violaciones a los derechos humanos.
La misión de la SIP, además, pretende entregar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con la SIP, la creación de las recientes leyes en la Asamblea Nacional que criminalizan a la oposición y al periodismo independiente crearon las condiciones para que el régimen “desatara una embestida contra todo sector que se atreviera a cuestionar al poder omnímodo o que pusiera en riesgo la nueva reelección del matrimonio Ortega-Murillo”.
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Hasta la fecha, 26 ciudadanos opositores, entre ellos líderes, civiles, seis precandidatos presidenciales, periodistas y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro permanecen detenidos por la Policía orteguista y no se les ha permitido tener contacto con sus familiares. La SIP recopila las detenciones y se refiere además al allanamiento de las instalaciones de Confidencial y las citatorias que realizó el Ministerio Público a más de 30 periodista y editores.
“Las detenciones y allanamientos se realizan en muchos casos de noche y en fines de semana, sin exhibir órdenes judiciales y con ostensibles demostraciones de violencia que revelan la intención de amedrentar y silenciar voces críticas”, asegura la organización.
Exilio
La SIP también recopila el reciente exilio de empresarios, políticos y periodistas en el pasado mes de junio, de los cuales algunos utilizaron puntos ciegos para salir hacia Costa Rica.
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“El éxodo de personal y directivos de los medios, sumado a dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes, retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura, menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido, falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione van cerrando el cerco sobre el periodismo libre. De tal modo, se deteriora aún más el ya muy débil debate ciudadano, pieza esencial para la vida democrática”, sostuvo la SIP.