En Nicaragua, desde el año 2018, los defensores de derechos humanos se han enfrentado a un recrudecimiento de su labor, debido a la intensidad de la represión estatal. Esto llegó a un nivel superior debido a la pandemia por Covid-19. En el país las medidas de protección, prevención e información emitidas por el Estado fueron muy pocas y en algunos casos nulas, vulnerando así los derechos humanos de la sociedad nicaragüense.
La Red Internacional de Derechos Humanos durante un foro virtual dio a conocer la situación de riesgo de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Latinoamérica. Según Clara Burbano, profesora de derecho internacional de DD. HH. de la Universidad Ghent, en Bélgica, es una región de las más desiguales del mundo y posee un mayor número de defensores asesinados.
En este foro, Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, denunció que la represión durante pandemia no ha cesado. “En este contexto difícil de represión y pandemia, la labor de defensoras, defensores, abogados y abogadas penalistas que representan casos de presas y presos políticos, sufre diario debido a campañas de desprestigio, descalificaciones, seguimientos, vigilancia, amenazas de muerte, agresiones, impedimento de salida de sus casas por fuerzas estatales o paraestatales, entre otras violencias”, especificó.
Lea además: CIDH presenta situación de Derechos Humanos en Nicaragua
Peligro en la labor de defensa
Burbano explicó que es de gran importancia la labor de los defensores de derechos humanos en América Latina, debido a múltiples factores y uno de ellos es que gran parte de la población en la práctica no goza de los derechos más básicos.
En Latinoamérica, los defensores no solo se enfrentan a los altos niveles de pobreza y exclusión que han sido acentuados por la pandemia, sino que también deben de trabajar a pesar de la violencia que viven día a día al ejercer su labor. Tal es el caso de Nicaragua, donde los defensores se han enfrentado a una dictadura, esto acorde a lo mencionado por Flores. También señaló que a raíz de lo acontecido en el 2018 las organizaciones además de verse rebasadas en capacidad para recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos, comenzaron a sufrir repercusiones por ejercer su labor.
“La cancelación, el allanamiento y el despojo de bienes a nueve organizaciones de derechos humanos. Además de las campañas de desprestigio, actos de vigilancia y asedios permanentes. También vimos la expulsión del comisionado de derechos humanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), lo cual provocó el exilio de defensores y defensoras y alrededor de 90 periodistas independientes”.
Lea también: Férrea persecución a defensores de derechos humanos en Nicaragua
Situación de vulnerabilidad es preocupante
En Nicaragua mecanismos internacionales de derechos humanos han realizado recomendaciones. Esto no ha sido suficiente para que la mayor crisis de DD. HH., que la sociedad ha venido enfrentando en las últimas décadas, cese.
Todo lo contrario, según una encuesta realizada a 98 defensoras nicaragüenses por parte de la iniciativa mesoamericana de defensoras, pues alrededor de 21 encuestadas han experimentado discriminación y negligencia institucional, consecuencia de criticar el manejo de la pandemia por el Estado de Nicaragua, o bien, por el hecho de ser defensoras. “Esto identifica que al ser más visibles en el espacio público, corren mayor riesgo”, manifestó Flores.
Burbano hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, en general, y al Parlamento Europeo, en particular, para crear conciencia sobre el rol de los defensores en el marco del derecho internacional y sobre todo de la “terrible situación” que los defensores enfrentan actualmente.