Los defensores de derechos humanos, así como las organizaciones de la sociedad civil, están en la mira del régimen Ortega-Murillo, lo que ha llevado a muchos a huir del país o adoptar medidas de seguridad.
Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) e integrante de la Iniciativa de Defensoras, aseguró que conocen de muchos casos donde las defensoras permanecen vigiladas.
“Estamos en un estado de excepción”, afirmó Jiménez, quien considera que el régimen actúa con una saña particular en contra de todos aquellos defensores que en sus comunidades a diario acompañan a las víctimas a denunciar casos.
Jiménez resalta como Nicaragua se convirtió en un Estado donde no se garantiza la libertad ni la vida de la ciudadanía y las defensoras están en primera línea de ataque, junto a las organizaciones.
La semana pasada el organismo Human Rights Watch destacó en su informe anual 2018, en el capítulo sobre Nicaragua, que defensores de derechos humanos y otros actores críticos del gobierno en materia de derechos humanos “se han convertido en blanco creciente de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia, agresiones y persecución judicial”.
A su vez, Human Rights señala que de forma reiterada diversos funcionarios públicos han realizado “declaraciones estigmatizantes con el fin de socavar la credibilidad de los defensores”.
Igualmente, menciona como ejemplo que en julio 2018, en declaraciones públicas, el dictador Daniel Ortega “se refirió a prominentes obispos católicos que habían denunciado abusos del gobierno como ‘asesinos’ y ‘golpistas’”.
Y posteriormente entre noviembre y diciembre, el Parlamento canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil a instancias del Ministerio de Gobernación.
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Jiménez resalta que aunque los casos extremos de acoso y persecución por parte del régimen Ortega Murillo han estado representados en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con el cierre de sus instalaciones, y han conocido incluso de persecución a su personal; así como de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que llevó al exilio a varios de sus directivos, hay otros casos poco conocidos.
Por ejemplo, menciona Jiménez que las mujeres defensoras en sus comunidades tienen asedio permanente, no solo de autoridades sino de terceros armados, grupos paramilitares o grupos organizados tanto en el partido como en la Juventud Sandinista (JS), que constantemente están monitoreando sus casas y siguen amenazando a sus familiares.
Jiménez dijo que han conocido a través de algunas filtraciones que mediante los llamados CPC hay un mapeo o caracterización en todo el país a nivel de comunidades sobre las organizaciones locales, que por años han desarrollado trabajos comunitarios.
Y consideran como una amenaza real que en cualquier momento el régimen Ortega Murillo reactive la cancelación de las personerías jurídicas.
Esto porque las que siguen operando están sometidas a requerimientos arbitrarios de parte del Ministerio de Gobernación, que no está entregando ninguna constancia de legalidad, porque esas autoridades no reciben informes desde antes de la crisis, que inició en abril pasado, para argumentar la ilegalidad.
Esta actuación arbitraria fue la que el Ministerio de Gobernación implementó contra el Cenidh, para argumentar la ilegalidad al solicitar la cancelación de su personería jurídica.
17 defensoras de derechos humanos fueron protegidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con medidas cautelares, en un intento por garantizar su seguridad.
Solidaridad internacional
La semana pasada varias organizaciones internacionales reconocidas, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), anunciaron la creación de un Observatorio Internacional para dar seguimiento a la situación de derechos humanos en Nicaragua.
Juanita Jiménez considera que es parte del trabajo internacional y la solidaridad del resto de organizaciones de derechos humanos en el mundo.
Y también es una forma de seguir monitoreando de cerca la situación de país y es un esfuerzo de la comunidad internacional avocada a colaborar con Nicaragua y constituirse como vocera permanente de lo que pasa en el país, igual con las feministas para garantizar vocerías.
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Constante vigilancia
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, aseguró que existen varios casos de defensoras de mujeres que siguen siendo hostigadas. Menciona los casos de Sofía Montenegro, Azahálea Solís, María Teresa y Mirna Blandón, que tanto en sus hogares o en sus organizaciones están constantemente vigiladas. “Eso implica que las defensoras deban tener resguardo personal para garantizar su vida y libertad”, afirmó Jiménez.