Este lunes 28 de junio, cuatro dirigentes de la organización política Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes conocida como Movimiento Renovador Sandinista (MRS), cumplen 15 días de haber sido detenidos por la Policía orteguista, y una de ellas, 16 días. Todos aparentemente se encuentran encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocidos como el nuevo Chipote, y hasta la fecha no han sido vistos por sus familiares y abogados.
Los miembros de Unamos detenidos desde el pasado domingo 13 de junio son los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez, otrora compañeros de armas del propio Daniel Ortega; Suyén Barahona, presidenta de Unamos; Víctor Hugo Tinoco y Ana Margarita Vijil, expresidenta de Unamos. Tamara Dávila Rivas fue detenida la noche del sábado 12 de junio.
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A los seis, según los comunicados de la Policía se les aplicó la Ley No.1055 o «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz…», en tanto, el Ministerio Público les impuso 90 días de detención mientras son «investigados».
«Seguimos sin información, ni los abogados ni los familiares han entrado a verlos, por eso siguen en situación de desaparición. O sea, desde el secuestro, domingo 13 en el caso de la mayoría y el sábado 12 en el caso de Tamara y Ana Margarita no tienen comunicación», dijo a LA PRENSA Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara y sobrina de Vijil, quien brindó información sobre los seis miembros de Unamos apresados.
Álvarez manifestó que tanto ella como los demás familiares y abogados presumen que los detenidos se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocido como el nuevo Chipote, porque ahí generalmente trasladan a los detenidos, sin embargo, no los han podido ver, por lo que señala que no puede dar fe de que efectivamente estén en ese lugar.
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«En el Chipote, ellos (la Policía) te reciben lo que llevás, el agua sobre todo. Dicen que sí están ahí, pero el problema es que aquí estamos ante una Policía criminal y represora. A mí que un oficial de la Policía que me reprime y me diga que mi familiar está ahí, que por eso me recibe agua no es garantía de nada. Aquí lo que cabe es formal y legalmente en términos de protección, de derechos humanos, es tener comunicación con nuestras personas presas, como corresponde por derecho y por ley», expresó Álvarez.
Pero «nosotros llevamos 15 días en nuestro caso, y en otros casos ya llevan 30 días sin comunicación, desaparecidos totalmente. Ni siquiera con sus abogados han podido tener audiencias», lamentó.
Hoy permitieron ingresar frutas
Pese a que en la entrada del nuevo Chipote hay rótulos que indican el horario para llevarles alimentos a los detenidos (6:00 a.m.-7:00 a.m. y de 11:00 a.m.-12:00 m.), los familiares de los opositores encarcelados en el último mes han denunciado que la Policía solo les ha permitido el ingreso de agua, aunque la mañana de este lunes dejaron pasar otros productos.
«En el Chipote pasamos 5 días que solo nos permitieron agua, hoy en la mañana permitieron meter un yogurt, frutas, y cosas así, pero ha sido realmente terrible, porque imaginate cinco días a punta de solo meter agua, a nadie le han aceptado comida sólida», comentó Álvarez, quien teme porque la salud de sus familiares y los demás detenidos se ve a afectada.
«Nosotros llegamos a esas horas a tratar de ingresar comida y solo permiten agua, en algunos momentos permiten algo más. También está escrito en los rótulos del Chipote que los días de visita son los martes y los jueves por la mañana, sin embargo, se nos ha negado el derecho a visita sistemáticamente», añadió.
Poder judicial ha ignorado los recursos
Álvarez insistió en que una persona detenida no necesita de un recurso de exhibición para poder ser vista por sus familiares, sin embargo comentó que los abogados de los seis dirigentes de Unamos han interpuesto en todos lo casos recursos de exhibición personal, por detención ilegal y arbitraria, no obstante en todos los casos el Tribunal de Apelaciones de Managua los ha declarado «no ha lugar» o improcedentes.
«Como los juicios han sido a puertas cerradas y secretos por parte de la estrategia de represión (del régimen) para que las violaciones al debido proceso queden en la oscuridad y que además nuestros familiares queden en la indefensión y para negar el derecho que tienen nuestros familiares a escoger su defensa, el Estado les asignó abogados públicos de oficio, entonces, nosotros tuvimos que ir a Defensoría Pública a que nos pasaran los números de expedientes porque estaban ocultos en el sistema del poder judicial y poder hacer el cambio de abogados», expresó.
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«En todos los casos les ampliaron el término de las 48 horas a los 90 días, eso implica que tuvieron que haber hecho una audiencia de garantías, entonces como lo hicieron a puertas cerradas nadie pudo estar presente. Fuimos a Defensoría Pública y ahí nos facilitaron los números de expedientes, con eso fuimos al poder judicial para hacer un cambio de abogados, en el caso de mis familiares la abogada introdujo unos recursos para girar oficios a Medicina Legal para visitas, audiencias privadas de ellas con sus abogados y otro conjunto de elementos que ellas tienen derecho y hasta el momento no ha habido ningún tipo de resolución por parte del sistema judicial», señaló.
Álvarez mencionó que en ese mismos oficio se solicitó una copia de los expedientes para poder saber qué fue lo que pasó en esa primera audiencia, pero también fue negado.
Álvarez considera que la intención del régimen es mantener a sus familiares y demás opositores encarcelados los 90 días incomunicados. «Es perfectamente posible, eso es lo que la dictadura quiere, en esa política de desgaste emocional, físico, eso es lo que busca, pero bueno nosotros seguimos haciendo la batalla afuera y toda la incidencia que se requiere para poder resistir y poder develar todo esto y que se pueda saber todo lo que está pasando acá, pero también estamos claros de que es una situación constante que no solo viven las de 134 personas presas políticas, sino sus familiares», expresó.
