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CONTENIDO EXCLUSIVO.Aprovechando que el acceso a internet domiciliar no era común como actualmente en el país, en enero de 2006 Jorge Acosta abrió un cíber y lo mantuvo hasta junio del siguiente año, cuando encontró una oportunidad laboral formal. Cerró el negocio, pero un compañero de la universidad le propuso asumir el negocio de servicios de internet, acordando pagar los meses de contrato que quedaban con la empresa que brindaba el servicio y los impuestos. Así fue que el cíber Jorgito Café funcionó hasta diciembre de 2012.
Sin embargo, Acosta no reportó ese cierre del negocio y el pasado 10 de junio recibió un cobro previo a proceso judicial en su contra; tiene una deuda de 22,018 córdobas «en concepto de tributos municipales, no declarados ni pagados, en la fecha estipulada», contando a partir de 2012. Se le daban 24 horas para cancelar en cualquiera de los tres centros de Recaudación que la comuna inauguró en 2020 (Plaza Cuba, Estadio Nacional de Beisbol Dennis Martínez o Avenida Bolívar).
«Una total injusticia por parte de ellos, ya que por medio de los recolectores saben perfectamente qué negocio nuevo abre operaciones y qué negocios han dejado de funcionar», expuso Acosta, quien logró que el director de Recaudación, Erick Canales, le disminuyera la cantidad a pagar por unos años en que el cíber ya no funcionó, pero que no se reportó en la comuna.
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Contribuyentes deben notificar
Respecto a este caso, Sellin Figueroa, concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), reconoció que el Plan de Arbitrios de Managua no contempla el cierre de oficio en los negocios y, por tanto, los contribuyentes están en la obligación de notificarlo, de lo contrario más ciudadanos seguirán siendo sorprendidos con cobros pese a haber cesado la actividad comercial. «Es importante darle de baja oficialmente», insistió.
En el artículo 65 del Plan de Arbitrios de Managua, aparece que «toda persona natural o jurídica que se dedique a algún giro o actividad sujeta a las disposiciones del presente Plan de Arbitrios deberá notificar a la Alcaldía de Managua a más tardar en un plazo de una semana ocurrido cualquiera de los siguientes eventos: cambio de giro del negocio, de local, de nombre, apertura y clausura».
«Me parece válido que sea así, imaginate que la Alcaldía, por razones políticas, tome a discrecionalidad cualquier negocio que esté abierto. No podemos darle esta atribución a la Alcaldía», indicó Figueroa.
El cobro hecho a Acosta se da en un contexto de voracidad recaudatoria municipal como forma de oxigenar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, severamente afectado durante los últimos tres años por la crisis sociopolítica que el país no supera. LA PRENSA reveló que a partir de 2019 ha habido una arremetida con los tributos, principalmente con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y tasa por basura. Esto ha quedado retratado con los informes oficiales de las municipales.
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