El Consejo Supremo Electoral (CSE) divulgó el 4 de junio un comunicado advirtiendo a los partidos políticos (en realidad el mensaje es solo para el partido Ciudadanos por la Libertad y su plataforma electoral Alianza Ciudadana), que no deben inscribir como candidatos para ningún cargo de elección popular a quienes tuvieren impedimentos previstos en la Constitución y en las leyes represivas excluyentes integradas en la normativa electoral.
Al poder electoral de la dictadura solo le faltó poner en ese comunicado, los nombres de quiénes serían inhibidos de acuerdo con la Constitución y las leyes que criminalizan la participación destacada en las protestas democráticas de 2018, calificadas por el régimen como “intentona golpista”, “acciones terroristas” y otras barbaridades parecidas.
De hecho, entre los precandidatos presidenciales de la oposición ya Cristiana Chamorro Barrios ha sido inhibida de facto y además encarcelada en su residencia, por la absurda acusación de actividades relacionadas con lavado de dinero. Y Arturo Cruz Sequeira fue detenido al ingresar al país procedente de Estados Unidos, y ha sido encarcelado, según la Policía, por “fuertes indicios (de) que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
En el caso de la inhibición constitucional mencionada por el CSE, esta aplicaría solo a Félix Maradiaga, quien huyendo de la persecución del régimen en 2018 estuvo fuera del país durante más de un año. Y el artículo 147 de la Constitución establece que para ser presidente o vicepresidente de Nicaragua se requiere “haber residido en el país de forma continua los cuatro años anteriores a la elección…”
Pero además, Maradiaga fue citado a comparecer ante la Fiscalía este martes 8 de junio, al parecer porque envió un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Antony Blinken, demandando acciones contra la dictadura de Nicaragua por sus violaciones a la libertad y los derechos electorales. Por eso podrían aplicarle también la Ley 1055 que manda a quitarle los derechos ciudadanos a quienes pidan o aplaudan sanciones externas.
Por otra parte, esa y las otras leyes represivas integradas en la normativa electoral le podrían ser aplicadas a casi todos los demás precandidatos de la Alianza Ciudadana, la única alternativa opositora que ha quedado hasta ahora. La cual también podría ser excluida si el régimen de Ortega encuentra o se le da motivo para cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
De manera que el 60 y casi 70 por ciento de ciudadanos que según las encuestas no son partidarios de la dictadura, pero tampoco apoyan a la oposición, se están quedando y podrían quedarse sin opción electoral para los comicios de noviembre.
Sin embargo, como dijo sabiamente el eminente deportista nicaragüense Dennis Martínez, no hay que tirar la toalla todavía. Hay que agotar la posibilidad de poder votar en las elecciones de noviembre contra la dictadura, ya que la forma de lucha escogida es la pacífica electoral y no hay interés ni posibilidad de recurrir a otra distinta. Si la mayoría de los ciudadanos que no apoyan a Daniel Ortega dicen que irían a votar el 7 de noviembre, habría que darle una conciencia democrática a esa gran intención de voto.
Está claro que estas elecciones no servirán para cambiar el gobierno, pero al menos se les podría utilizar para expresar un masivo repudio cívico a la dictadura. Eso sería mucho mejor que abstenerse y quedarse en casa haciendo nada.
