LA PRENSA —igual que otros medios de comunicación y numerosos periodistas a título personal—, fue llamada por la Fiscalía orteguista a declarar como testigo, en el proceso por supuesto lavado de dinero que está siguiendo contra Cristiana Chamorro Barrios y dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Como han explicado y demostrado competentes penalistas independientes, este proceso es una aberración jurídica, procesal y judicial, una flagrante violación de los derechos constitucionales de los acusados por la autoridad fiscal, judicial y policial.
La opinión pública nacional, los organismos internacionales y los gobiernos democráticos de otros países, incluyendo los EE.UU. y la Unión Europea, están claros de que se trata de una conspiración gubernamental para impedir que Cristiana sea candidata presidencial en las elecciones de noviembre; porque ella es la precandidata con más respaldo popular y posibilidad de derrotar a Ortega en las urnas electorales.
Por otra parte, pero en el mismo orden, la cita de la Fiscalía orteguista a LA PRENSA para que por medio de su debido representante —que ha sido Juan Lorenzo Holmann Chamorro—, concurriera ayer a declarar como testigo en el proceso que está siguiendo contra Cristiana, también ha sido absurda y arbitraria. “Realmente esto es un circo… es un sin sentido, nosotros no la debemos ni la tememos”, dijo Juan Lorenzo al salir de la Fiscalía.
En realidad, la vinculación de LA PRENSA con la autodisuelta FVBCH fue absolutamente normal, legal y transparente. Se realizó en los términos de la función periodística de LA PRENSA y los de la Fundación de apoyar el ejercicio profesional del periodismo independiente en Nicaragua.
Pero si los fiscales de la dictadura creían que podrían obtener de LA PRENSA y demás medios de comunicación y periodistas llamados a testificar, pruebas de que Cristiana usó indebidamente los fondos de la Fundación, estaban absolutamente equivocados y han sufrido una gran frustración.
El proceso contra Cristiana es un abuso de poder, una compulsión represiva que no se puede disimular con triquiñuelas seudolegales y amenazas de los voceros más grotescos y agresivos de la dictadura.
No es la primera vez que LA PRENSA ha sido llevada a la fiscalía o judicatura de un régimen dictatorial. Han sido muchas veces. Pero siempre LA PRENSA ha comparecido y salido con la frente en alto; con más fortaleza en su ánimo de servicio periodístico profesional y con más firmeza en su compromiso irrenunciable con la defensa de la libertad de expresión y de prensa y con la reivindicación de la democracia.
