Pero el régimen había activado a todos sus fanáticos, sobre todo a los que tienen cargos en las universidades. Ese día estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en León protestaron contra sus autoridades. «No queremos que nos saquen de las secciones para ir a una marcha», reclamaron los universitarios que se oponían a ser un instrumento de la dictadura.
También, jóvenes autoconvocados colocaron la bandera azul y blanco en el cerro de la ciudad de Boaco, como método de protesta contra los abusos y los crímenes del régimen, mientras los universitarios anunciaron la conformación de una coalición estudiantil de cara a participar en un eventual diálogo nacional. Los representantes de la iniciativa pedían la presencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la mesa de diálogo y daban un plazo de cuatro días para que el régimen permitiera el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lea también: Universitarios forman una coalición estudiantil de cara al diálogo nacional
Ortega, criticado por su hermano
Humberto Ortega, hermano del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de una entrevista concedida al periodista Andrés Oppenheimer, les dijo que «este gobierno no puede regresar a la forma de gobierno tan monopólica y autoritaria que venía ejerciendo» y agregó que «tiene que haber una transición… una salida constitucional»
Por su lado, Cristiana Chamorro, en ese momento directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, expresó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, su preocupación ante la falta de actuación de este organismo respecto a la crisis política del país y demandó una actuación más firme.
También, el Gobierno de Estados Unidos seguía presionando al régimen. La Casa Blanca reiteró su apoyo al diálogo, previsto a realizarse entre el gobierno de Daniel Ortega y los distintos sectores del país, valorándolo como una oportunidad para recobrar las libertades fundamentales en Nicaragua, pero instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar la masacre en el país.
Te puede interesar: Empresarios piden destituir a las autoridades del INSS y una auditoría de la institución
Representantes de la empresa privada pidieron destituir a los funcionarios del Seguro Social y que se realizara una auditoría en esa institución, mientras los jubilados pidieron que el INSS otorgara pensiones vitalicias a las madres de los jóvenes asesinados hasta ese momento por la Policía.
