El preso político Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y su familia recibieron medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitadas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
La CIDH en su resolución 37/2021 detalla que Mendoza Beteta se encuentra privado de libertad en la cárcel Jorge Navarro, conocida como La Modelo; es beneficiario de las medidas cautelares, así como su núcleo familiar compuesto por María del Rosario Beteta Castañeda, Domingo Mendoza y Marbely Leal López, señalando que la situación reúne “prima facie”, los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
En la medida cautelar 96-21 de la CIDH, se detalla que Mendoza Beteta participó activamente en las protestas de abril 2018, asistiendo a las marchas y el 11 de mayo del mismo año fue detenido y golpeado por agentes policiales, para luego ser llevado al Distrito Dos, donde continuó la agresión hasta fracturarle la clavícula.
Mendoza fue condenado el 7 de junio de 2019 por el supuesto robo agravado en contra de un agente policial. El 30 de diciembre de 2019 fue liberado junto a 90 personas presas políticas, pero fue hostigado en su casa por policías y parapolicías y detenido en al menos dos ocasiones hasta que el 29 de julio de 2020 fue nuevamente detenido, acusado primero por alterar el orden público y posteriormente agentes policiales informaron que le habían encontrado droga, por lo que fue procesado y condenado a 10 años de cárcel.
Preso en condiciones inadecuadas
En la medida cautelar 96-21 de la CIDH, se señala que Mendoza comparte una celda pequeña con otras 20 personas, sin las condiciones mínimas de higiene, pues no habría baño, agua de pozo, luz solar o ventilación; estaría durmiendo en el piso y recibiendo comida cruda. También se establece que es víctima de agresiones y amenazas por parte de agentes penitenciarios y de otras autoridades estatales.
“En su respuesta, el Estado de Nicaragua niega los hechos, afirma que Mendoza Beteta es un reo que cumple una condena por “delito común”, que no tiene registrada ninguna denuncia del encarcelado ni de un familiar en contra de algún funcionario del penitenciario y alega que no existe hacinamiento ni falta de acceso a servicios básicos para su reclusión. También señala “sin fundamentos” y “falsos” los alegatos sobre maltratos y amenazas, finalizando con que se encuentra bien de salud. El documento expone que el Estado pese a negar los señalamientos no aportó elementos o pruebas sobre lo que refuta, ni certificados médicos de Mendoza Beteta”, indica el comunicado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
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En la Resolución 37/2021 y de acuerdo con el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y su núcleo familiar. “El Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, se especifica en la resolución.
También la CIDH solicita al Estado que “adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Mendoza Beteta se adecúen a los estándares internacionales aplicables” e “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas”.
