El dictador de Nicaragua —Daniel Ortega—, su familia, sus empresas, sus instituciones y sus funcionarios son los afectados por las sanciones que les ha impuesto la comunidad internacional por negarse a ser un gobierno democrático, justo y transparente, y no el pueblo nicaragüense, afirmaron economistas y analistas políticos.
Ortega reapareció el último viernes, un mes después que saliera a brindar su apoyo al boxeador Román «Chocolatito» González el pasado 23 de marzo, y una vez más se mostró molesto y cuestionó las sanciones que le ha impuesto la comunidad internacional, pero volvió a callar sobre el tema de las reformas electorales.
Al economista y abogado Enrique Sáenz, opositor al régimen, Ortega le recuerda al dictador Anastasio Somoza Debayle, quien al huir de Nicaragua escribió algunas consideraciones y entre ellas había algunas en las que él se identificaba como el pueblo y la patria misma.
«Entonces es una tendencia de los dictadores y Ortega, como un dictador más, no escapa a esa patología porque es algo enfermizo el hecho de identificarse a él mismo como el pueblo o con el país, por algo acuñó la frase: El pueblo presidente. Lo que tiene que preguntarse el pueblo nicaragüense es que si ellos son socios o accionistas de DNP (Distribuidora Nicaragüense de Petróleos), de Bancorp (Banco Corporativo de Nicaragua), si son socios de Francisco López (tesorero del partido Frente Sandinista) o de Roberto Rivas (expresidente del Consejo Supremo Electoral) para dilucidar si en realidad las sanciones van dirigidas al pueblo nicaragüense o van dirigidas a Ortega», explicó Sáenz.
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Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto una serie de sanciones individuales a miembros de su círculo de poder, entre los que figuran principalmente tres de sus hijos, su esposa y vicepresidenta designada Rosario Murillo, y operadores cercanos señalados por actos de corrupción y violación de derechos humanos.
También, el país del norte aplicó al régimen la Ley Magnitsky y la Nica Act, que establecen sanciones económicas al Gobierno o personas de Nicaragua que estén relacionadas con prácticas corruptas o violaciones a los derechos humanos, lo que conlleva a que Estados Unidos congele los bienes y las cuentas bancarias de los responsables, junto con sus allegados.
Ortega afecta al pueblo
Para el analista político Eliseo Núñez, Ortega afecta al pueblo nicaragüense al no reaccionar inteligentemente ante las sanciones de la comunidad internacional. «Si Ortega actuara removiendo a los funcionarios que son sancionados, entonces no afectaría al resto. Lo que afecta al pueblo de Nicaragua es que Ortega sostiene a los funcionarios sancionados, le cierra el registro para conseguir testaferros y eso termina afectando a toda la economía, es decir, el que está afectando la economía es él y no las sanciones de la comunidad internacional», considera.
El Parlamento Europeo (PE) emitió una resolución en la que demandaba sanciones directas contra la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, si estos aprobaban a través de la Asamblea Nacional (AN) el paquete de leyes represivas, al considerarlas un precedente nefasto para los derechos humanos. La pareja presidencial no le tomó importancia a las amenazas y las aprobó. Hasta la fecha no han aplicado las sanciones.
Senadores estadounidenses republicanos y demócratas introdujeron ante el Senado estadounidense la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para Reformas Electorales (Renacer, siglas en inglés), la que plantea ampliar las sanciones contra el régimen a fin de garantizar elecciones democráticas.
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«Renacer, además que tiene nuevas sanciones y muy específicas, tiene otro componente que extiende la Nica Act, que finalizaba en el 2022, por tiempo indefinido. También sancionaría directamente a Ortega de manera individual, además Renacer incluye agregar a Nicaragua, junto a los países del Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Slavador) para que pueda procesarse en Estados Unidos a todo funcionario que caiga en actos de corrupción», explicó Núñez.
Retroceso a los años 80
Para Sáenz, a Ortega no le importa retroceder económicamente y llevar a los nicaragüenses al sufrimiento y escasez que había durante su primera dictadura en la década de 1980; sin embargo, considera que los nuevos ricos de Nicaragua, que actualmente sostienen y apoyan al régimen, cambiarán su lealtad cuando vean en peligro sus inversiones. Núñez coincidió con esa visión.
«En el lapso de cuatro años con Ortega en el poder, sí veo que podría llegarse una vez más a esa situación. Ortega está dispuesto a navegar entre escombros con tal de mantener a su familia en el poder», aseveró Núñez.
Pese a que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en distintas ocasiones ha dicho que defenderá un proceso electoral, justo y transparente en Nicaragua, y que se encuentra preocupado por la creciente represión de Ortega, esto no ha producido cambios en el actuar del régimen.
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La Organización de Estados Americanos (OEA) ha dado un plazo de hasta mayo al régimen de Ortega con el fin de que cree las condiciones para un proceso electoral libre, justo y transparente, que implique hacer una reforma a la Ley Electoral, de lo contrario declararán ilegítimo el proceso, pero Ortega ha dado la espalda a esas exigencias y, en contraste, está impulsando una iniciativa de reforma electoral considerada por los opositores como antidemocrática, discriminatoria y dirigida a ejecutar otro fraude electoral.
