El juez orteguista Melvin Leopoldo Vargas, titular del Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Juicios de Managua, condenó a la pena de cinco años y nueve meses de cárcel y a 300 días multa, al preso político Sergio José Beteta Carrillo, el joven que se atrevió a quemar una bandera del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) frente a oficiales de la Policía, mientras que por otro lado los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron la condena contra otros dos reos de conciencia.
Beteta Carrillo fue detenido el 21 de diciembre de 2020 frente a la Universidad Centroamericana (UCA) por protestar con la Bandera de Nicaragua y quemar la del FSLN casi frente a los ojos de la Policía que mantiene presencia permanente frente a la UCA. Ahí mismo fue capturado. El 3 de marzo de 2020 fue encontrado culpable por los supuestos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
«Sergio Beteta fue condenado a pesar de que hay un video que demostraba su inocencia», cuestionó el abogado defensor, Julio Montenegro, quien apelará la decisión del judicial ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua para procurar revertir la sentencia.
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Magistrados de la CSJ se suman a irregularidades
También los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúan condenando a los opositores del régimen Ortega-Murillo. El abogado Montenegro informó que en la audiencia de casación confirmaron la sentencia condenatoria de primera y segunda instancia judicial en contra del reo de conciencia Denis Javier Palacios Hernández, «a pesar de las contradicciones en testigos (ofrecidos por la Fiscalía)», por los delitos de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas.
Los magistrados del poder judicial, además, mantuvieron tras las rejas al preso político Pedro Joaquín Rodríguez Mendoza, luego que emitieran una sentencia que confirma la condena de primera y segunda instancia judicial. Este fue acusado por la Fiscalía por el delito de robo con intimidación.
«Ninguna de las personas que ha llegado a las instancias de casación ha recuperado su libertad, ahora lo que estamos haciendo es un proceso de auditoraje jurídico de lo que han sido los casos (que han llegado a estas instancias), frente a lo que fue la prueba y frente a las contradicciones de los testigos de cargo, además del análisis que se puede extraer de lo que fue el proceso», aseveró Montenegro.
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También los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa mantienen en la cárcel a reos de conciencia. Estos confirmaron la sentencia condenatoria de primera instancia judicial en contra del preso político Lázaro Ernesto Rivas, quien fue condenado a siete años de cárcel por el delito de robo agravado. Montenegro aseguró que interpondrá un recurso de casación ante los magistrados de la CSJ para intentar revertir las sentencias anteriores.
