Un total de 26 presos políticos ha condenado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde enero a la fecha de este año, a través de sus jueces en los diferentes juzgados de Nicaragua por diversos delitos comunes, según datos ofrecidos por abogados y organismos no gubernamentales defensores de reos de conciencia.
El preso político condenado recientemente por el poder judicial orteguista fue Dorling Antonio Montenegro Muñoz, de 22 años, quien este viernes 19 de marzo recibió la lectura de sentencia. La juez suplente itinerante de Jinotega, Reina López, lo condenó a permanecer seis años en prisión por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de tres policías y tenencia ilegal de armas de fuego contra la seguridad pública del Estado de Nicaragua.
Cuando el régimen empezó las represalias contra opositores que tuvieron el valor de protestar contra sus abusos a partir de abril de 2018, el modus operandi acusatorio del Ministerio Público era el mismo en todos los casos: acusarlos por terrorismo, asesinato, obstrucción de funciones públicas, tráfico de armas, entre otros. La «víctima» era el Estado, representado por la Procuraduría General de la República (PGR). Pero la lista de acusaciones cambió al año siguiente y desde entonces los reos de conciencia son acusados por delitos comunes como: robo, lesiones, homicidios y sobre todo crimen organizado y narcotráfico.
Juicios viciados
La cifra antes señalada podría ser mayor, ya que algunos reos de conciencia contratan a defensores particulares para que los defiendan en los procesos legales y prefieren mantener sus causas en el anonimato. Actualmente la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) representa legalmente a 33 presos políticos, de los cuales 13 han recibido sentencia condenatoria desde enero a la fecha en los tribunales.
La abogada María Oviedo, coordinadora del Equipo Jurídico Especial de la CPDH, valoró que los procesos judiciales contra presos políticos “están colmados de nulidades, de violaciones a derechos humanos, constitucionales y procesales”, en los que jueces, fiscales y la Policía se coluden para lograr condenas exageradas en contra de los procesados.
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“Se continúa sometiendo a los presos políticos a tratos inhumanos, a tratos de tortura inclusive. Se continúan llevando a cabo esas capturas irregulares, ilegales con unas circunstancias de secuestro. Los procesos se siguen llevando de forma privada, no hay acceso al público, eso violenta el principio de publicidad. Los abogados de presos políticos seguimos sintiendo las represalias de los servidores de justicia y de los mismos trabajadores del poder judicial: nos quitan los teléfonos, no nos dejan circular libremente, nos enllavan en las salas de audiencia, hay una actitud hostil de los funcionarios judiciales, incluso hasta falta de respeto hay de los funcionarios judiciales hacia los abogados de presos políticos”, denunció Oviedo.
Jueces cuestionados
Del total de reos de conciencia condenados este año, tres han sido representados en los procesos judiciales por la abogada Yonarqui Martínez, quien ha sido amenazada de muerte en diversas ocasiones por fanáticos del régimen solo por brindar sus servicios a los opositores.
“Han sido procesados acarreados de nulidades, de vicios, de violaciones al debido proceso, de violaciones a los derechos humanos partiendo de que, por ejemplo en el juicio contra Danny García, fue evidente la parcialidad de la juez Nancy Aguirre que corrigió una prueba mal presentada de la Fiscalía aduciendo que se trataba de un error humano… en su totalidad los juicios contra reos políticos son juicios en los que el proceso es inquisidor entre la Fiscalía y el juez”, criticó Martínez.
De 125 presos políticos en las cárceles, un total de 50 detenidos en el contexto de las protestas de abril del 2018 y previo a estas, han enfrentado procesos legales en los tribunales de justicia de la dictadura de Daniel Ortega, según informó recientemente el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
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Derechos de reos políticos violados
El abogado Elton Ortega, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), señaló que este año dos de los representados por esta organización han sido condenados. Explicó que el tridente formado por Policía, Fiscalía y poder judicial no reconoce que las causas son impulsadas contra presos políticos, sino que son de tipo ordinarias. Indicó que en los procesos judiciales contra los reos de conciencia se han presentado algunas variantes, como por ejemplo, el respeto a las 48 horas de detención, ya que en el 2018 estos pasaban hasta casi un mes sin ser presentados a los juzgados correspondientes.
“Se sigue manteniendo el rechazo del juez a las pruebas de hostigamiento y asedio que ha sufrido el preso político (por parte del régimen y sus fanáticos). En la mayoría de los casos se trata de montajes, ya que siempre son dos o tres policías que están en un lugar, aparentemente miran a la persona que está de manera sospechosa, la requisan y le encuentran drogas y armas… se coarta el derecho a la defensa porque no se permite la comunicación libre y privada con el acusado y en las salas de audiencia no se puede conversar con el acusado porque hay una intimidación ambiental de parte de los custodios del Sistemas Penitenciario, quienes prácticamente están encima del reo y del abogado”, se quejó Ortega.
El Equipo Jurídico Especial de la CPDH, en el 2020 investigó 30 casos relacionados con asesinatos, 53 por torturas y 4 por violaciones. Realizó 43 valoraciones medicoforenses a víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Defendió a 46 presos políticos que representan 32 casos y participó en más de 90 audiencias en las diferentes modalidades en los juzgados de Nicaragua.
“Los fallos son injustos porque nosotros hemos logrado demostrar, incluso con la prueba de la Fiscalía, que los hechos son parte de un montaje, lo hemos demostrado en muchos casos. Hemos logrado sustentar la presunción de inocencia de los reos y a los jueces no les ha interesado cumplir con ese principio constitucional de hacer prevalecer la presunción de inocencia”, criticó Oviedo.
Críticas a desempeño de Fiscalía
El abogado Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo, detalló que siete presos políticos que han sido representados por esta organización han recibido sentencias condenatorias este año. Indicó que le llama la atención que en estos casos la Fiscalía pide la pena máxima y casi siempre el judicial accede a dicha petición sin tomar en cuenta las irregularidades de proceso y sin motivar la solicitud.
“El Ministerio Público pide penas de cárcel excesivas que van desde los 14 a los 48 años, multas desde 700 días hasta 1,300 días que se traducen en pagos desde 10 mil hasta 30 mil córdobas. Cuando hablamos de motivar y fundamentar una petición de condena máxima al juez se tiene que decir por qué, por ejemplo, se debe indicar que el hecho fue cerca de un centro escolar o que hubo saña al ejecutarlo, etcétera, y se tiene que citar el artículo correspondiente del Código Procesal Penal”, cuestionó Montenegro.
En Nicaragua se mantiene la pena máxima de 30 años de cárcel, sin embargo el régimen hizo una enmienda en la Constitución Política incluyendo la cadena perpetua para “crímenes de odio”, los analistas han señalado que tiene el propósito de amenazar a los opositores del régimen.