En Mamel, comunidad rural del municipio de Totogalpa, departamento de Madriz, al norte de Nicaragua, vive Martha Inestroza López, una joven de 20 años y madre soltera de dos niños. Ella vive en una pequeña casa junto a sus padres, hermanas y sobrinos. Son 10 personas en total bajo un mismo techo.
Como caracteriza a la población del país, las familias son numerosas y no todos trabajan aún. Un escenario que está más marcado en la zona rural, donde las labores productivas remuneradas están a cargo de los hombres. Tal y como sucede con la familia de Inestroza López, el principal ingreso para la casa viene de su padre, un jornalero agrícola que, en sus mejores días, lleva a su hogar unos 130 córdobas.
La dieta de la familia de Inestroza López, como la del resto de la comunidad, se basa en frijoles, maíz y arroz. Sin embargo, en ocasiones tienen que sustituirlos con otros alimentos o privarse por el alto precio de los granos básicos.
“En época de verano, cuando hay sequía, los niños nos piden comida y yo les digo que no hay nada. Mi papá busca como conseguir algo para que por lo menos los niños, que son bastantes en la familia, puedan comer algo. Los adultos del hogar tratamos de aguantar hambre para priorizar a los niños, que están en pleno crecimiento y no tienen la culpa de la situación por la que pasamos”, comparte la joven.
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El testimonio de Inestroza López es uno de los muchos que recopiló el Consorcio de Organizaciones Humanitarias y donde parte de esos expuso en el informe “Los Rostros del Hambre en Centroamérica”, basado en las declaraciones de familias que viven en Corredor Seco de la región.
En Nicaragua, los municipios con un mayor porcentaje de población en inseguridad alimentaria
severa son Macuelizo (56 %) y San Fernando (20 %), en Nueva Segovia.
Radiografía de la vulnerabilidad
El informe expone las problemáticas que convergen en la «fórmula del hambre»: la pobreza estructural, la indiferencia de los gobiernos y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.
El Corredor Seco —comprendido por una franja que atraviesa Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se caracteriza por la agricultura de subsistencia como principal medio de vida, y es afectado no solo por la sequía sino por la deforestación, industrias extractivistas, contaminación y prácticas agrícolas inadecuadas. A esto, actualmente se suma la pandemia del Covid-19 y el impacto de los huracanes Eta y Iota, así como las tormentas Amanda y Cristóbal.
Los realizadores señalan en el documento que la sequía y la crisis climática son los que propician más el hambre estacional en esa región, sin embargo, esta puede prevenirse siempre y cuando los Estados desarrollen un plan para mitigarla.
«Es un tipo de hambre que se puede prevenir, que se sabe dónde y a cuántas personas afectará, pero los Estados realizan esfuerzos limitados para mitigarla. Es una forma de hambre cíclica, recurrente y evitable. La corrupción, un limitado acceso a servicios públicos de calidad y el desempleo agravan la situación, esto sin olvidar la pandemia del Covid-19 y el impacto de los huracanes Eta y Iota», reza el informe.
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El impacto de las tormentas y los huracanes en el Corredor Seco fue de grandes daños a los cultivos y las tierras productivas, a los activos ganaderos y pesqueros, y a la infraestructura, «lo que causará una reducción crítica de las fuentes de alimentos e ingresos, tanto a corto plazo como a mediano plazo. Este impacto podría alargar el hambre estacional hasta agosto de 2021».
Los números del hambre
Estos múltiples escenarios de amenazas y las precarias condiciones de vida de estas familias ha llevado a que la población migrante y la violencia aumenten en la región. Por ejemplo, el análisis de la investigación señala que los niveles de pobreza extrema podrían aumentar en Nicaragua de 18 % a 22.8 %, un estimado que se igualaría a Honduras.
El Corredor Seco de Nicaragua abarca 33 municipios del país: Los departamentos de León y Chinandega, conocidos como Zona de Occidente, y la Zona Norte conformada por Estelí, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia.
El trabajo de campo reveló que las familias están integradas en promedio por cuatro personas: El 17.6 % de las familias tiene cinco miembros y 11.7 % tiene seis. Muchas otras familias tienen más miembros (padres, niños, niñas y otros parientes) y viven hacinados en casas pobres. La mayoría de los entrevistados se dedican a actividades agrícolas, en algunos casos a la agricultura de subsistencia, y otros en trabajos temporales del campo.
La mayoría de las familias del Corredor Seco Centroamericano entrevistadas para este estudio, no cuentan regularmente con alguna forma adicional de ingresos o alimentos. Solo el 7.2 % de los hogares encuestados reciben remesas. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, actores relevantes en la zona comenzaron a ofrecer distintos tipos de aportes para mitigar el impacto de las restricciones de movilidad establecidas para reducir los contagios del Covid-19.
¿Cómo sobrevivieron a la restricción de movilidad en los primeros meses de la pandemia? Según la investigación, si bien las familias recibieron ayuda, principalmente alimentaria, por parte del gobierno central, el apoyo vino mayormente de iglesias, ONG u otras entidades.
Mujeres, las más vulnerables
«El 86% de las familias del Corredor Seco Centroamericano despiertan y se van a dormir con hambre», manifiesta el documento. Las agudas sequías que vivió la región entre 2018 y 2019, cuando apenas se recuperaban de las sequías del 2014 y 2015, «desencadenaron una inseguridad alimentaria moderada o severa a 72% de las agricultoras y agricultores de subsistencia». De acuerdo con las declaraciones de las personas encuestadas, esta situación llevó a que en el 2020 la situación se hiciera más grave.
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Pero dentro de este escenario, las mujeres y los pueblos indígenas, apunta el documento, «son más proclives a padecer hambre, pues son más indefensos o tienen mayor carga familiar, y cuando sus cultivos sufren daños su pobreza se hace más profunda que en otros hogares», como parte de la estructura cultural.
Las mujeres que viven en la zona del Corredor Seco son más vulnerables debido a sus roles dentro de la sociedad, que no permiten resolver sus necesidades básicas. «A la hora de comer las mujeres y las niñas son las que quedan en último lugar, y la prioridad es para los varones, sean adultos o niños. Esta situación, resultado de factores culturales, es una de las estrategias que desarrollan los hogares frente al hambre, y busca proteger la “fuerza laboral” del hogar».
«Las familias indígenas están aún más indefensas ante el hambre, por la persecución histórica que han padecido, la discriminación y el olvido institucional. Un 5% de las familias de comunidades originarias viven en inseguridad alimentaria severa, en contraste con el 3% de familias no indígenas», agrega el informe.
Situación de seguridad alimentaria, antes de la encuesta, en representación estadística:
- Un 23.2 % de los hogares tiene un puntaje de consumo de alimentos pobre o al límite.
- Un 19.9 % consume menos de 5 grupos de alimentos, de un total de 7 grupos, lo que
evidencia dificultades en el acceso a alimentos y carencias nutricionales graves. - Debido a su economía de subsistencia, el 86.2 % de las familias encuestadas se han visto obligadas a adoptar estrategias de afrontamiento para tratar de satisfacer sus necesidades básicas.
- Estas estrategias son: 25.4 % de las familias ha consumido semillas que tenían reservadas para la siembra y un 25 % ha disminuido sus gastos en insumos agrícolas. Otro 19.7 % ha tenido que utilizar estrategias de emergencia. De este grupo, 11 % de las familias declara haber vendido animales reproductores y un 5.1 % ha tenido que vender su casa o parte de sus tierras.
- Se determinó que 64 % de los hogares encuestados se encuentran en estado de inseguridad alimentaria leve, 19 % en inseguridad alimentaria moderada y 3 % en inseguridad alimentaria severa; es decir, en distintas medidas, 86 % de los hogares padecen hambre.
Recomendaciones
Los realizadores de este informe concluyeron con una serie de recomendaciones para los gobiernos de la región, en la cual destaca el fortalecimiento de los sistemas de protección civil que permitan coordinar y trabajar ante fenómenos que afectan directamente a las personas, fortalecer el monitoreo alimentario, articular de mejor manera el trabajo que realizan los gobiernos centrales con los gobiernos locales y otros actores presentes en los territorios y articular el trabajo de las redes de protección social en la prevención de la inseguridad alimentaria.
El informe —realizado por el Consorcio de Organizaciones Humanitarias con el apoyo de la Unión Europea, conformado por Oxfam, Acción Contra el Hambre, COOPI, Trócaire y We World-GVC— analizó los datos de 75 municipios de la región (aunque se tomó una muestra de 100). Para el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional se entrevistaron a 3,859 hogares, representativos de un total de 452,806 familias, entre el 20 de octubre y el 13 de noviembre de 2020, pero se publicó en marzo de este año.
