La Alta Comisionada Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, solicitó al régimen de Daniel Ortega, que autorice el ingreso de personal del organismo para verificar la situación del país.
“La presencia física del personal de nuestra oficina en Nicaragua y la disposición a cooperar nos permitiría tener una imagen más adecuada, más real de la situación en el país. Pediríamos al gobierno que nos autorice acceder a su país”, expresó Nada Al-Nashif, durante la presentación del informe sobre la crisis de Nicaragua, presentado en el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
En agosto de 2018, el régimen de Ortega, expulsó a una misión de la Oacnudh, luego de presentar un informe donde documentaba la represión en contra de manifestantes desde abril de ese año.
#Nicaragua – Informamos que el día de ayer recibió una comunicación por parte del Estado de Nicaragua donde se da por concluida la invitación extendida por el Gobierno @OACNUDH y que la misión se da por hoy
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— OACNUDH (@OACNUDH) August 31, 2018
La funcionaria aseguró que su oficina siempre ha estado abierta al diálogo en cooperación con el Gobierno de Nicaragua, pero éste se ha negado a recibir ese apoyo, por lo que seguirán insistiendo para que se abran las vías de comunicación mutua para cooperar constructivamente en relación con los derechos humanos en el país.
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20 respuestas del Estado pendientes
En cuanto a la supervisión que hace la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la crisis de Nicaragua, la alta funcionaria señaló que, puesto que no pueden estar sobre el terreno, cuentan con un equipo especifico que se dedica a la tarea que supervisar de manera rigurosa la metodología, dan un seguimiento y evalúan la credibilidad de las fuentes, analizando las pruebas, los testimonios de los testigos, víctimas, y actúan junto con agentes acreditados.
Nada Al-Nashif reiteró que siempre han decidido que se mantenga la opción de un diálogo bilateral con el Estado de Nicaragua. Es por ello, que han enviado 37 comunicaciones pidiendo información detallada, pero el Gobierno solo ha contestado a 17, entre las solicitudes ignoradas por Nicaragua esta el cuestionario que enviaron para preparar la información oral presentada este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos.
“Desde el pasado junio el Gobierno ya no contesta a nuestras comunicaciones y en varias ocasiones de hecho no nos han dado acceso ni siquiera tras las diferentes opciones que nosotros hemos ofrecido para prolongar la asistencia técnica. Yo creo que si no se reanuda el diálogo va a ser muy difícil conservar la cooperación que para nosotros resulta más útil en este momento”, lamentó Nada Al-Nashif.
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Asimismo recordó que en el más reciente boletín especial presentado el 8 de febrero, por la Oficina Regional Central de la Oacnudh, el Estado no ha mostrado avances respecto a las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en septiembre de 2019, para solucionar la crisis sociopolítica y de derechos humanos en el país.
“Debo decir que solamente una recomendación del informe de septiembre de 2019 se ha cumplido y solo en parte. Un año y medio más tarde no solo las recomendaciones no se han cumplido, sino que al contrario se ha dado marcha atrás”, indicó.
Según la Alta Comisionada Adjunta de la ONU, se trata de las detenciones arbitrarias y la liberación total de las personas aprehendidas en el contexto de la crisis. “Hoy hay más de 100 personas que siguen en prisión por actos relacionados con estas protestas”, precisó.
“Tenemos dificultades concretas en relación con los afrodescendientes e indígenas en la Costa Atlántica (Caribe), entonces, si el Consejo renovara su mandato de supervisión, pues este sería una manera de volver a pedir acceso al Gobierno a su territorio sin obstáculo”, insistió Nada Al-Nashif durante las observaciones finales del informe.
Reformas electorales
En cuanto a la demanda de reformas electorales por la comunidad internacional y la sociedad civil, Nada Al-Nashif, advirtió que si no se establecen plenas garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política será difícil ver de que manera se podrá tener elecciones transparentes y creíbles en noviembre próximo.
“De nuevo reitero, que aún queda tiempo para cambiar las cosas, nos quedan más de ocho meses de aquí a las elecciones y podemos llevar a cabo estas reformas. Tenemos buenos consejos que dar sobre lo que se puede ir trabajando con organismos especializados, todo para derogar la legislación en vigor que restringe muchas libertades civiles y para facilitar el diálogo nacional que debe preceder a un diálogo electoral inclusivo en el que puedan estar representada todas las fuerzas políticas en el país”, dijo. Además indicó que las recomendaciones de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet en su informe pueden servir como guías en este contexto tan difícil que exige poder avanzar.
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“Yo pediría la Consejo y a la comunidad internacional que siga instando a Nicaragua a que respete sus obligaciones internacionales y conceda acceso a nuestra oficina y los procedimientos especiales del Consejo. Nicaragua también necesita el apoyo de la comunidad internacional para encontrar una solución a la crisis multifacética con la que se topa la pandemia, las catástrofes naturales que han impactado al país”, exigió.
“Nos gustaría una vez más reiterar el llamado y recordar que podemos seguir apoyando el mandato para supervisar y revisar informes sobre la situación de los derechos humanos en el país, esto corresponde a las inquietudes de la comunidad internacional, pero también así nos aseguramos de que los valientes nicaragüenses que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos no están solos”, finalizó su intervención.