Este jueves 25 de febrero, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante la cuadragésima sexta (46) sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe actualizado sobre las violaciones a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua, que comete el régimen de Daniel Ortega.
Con la ecuanimidad que deben tener los funcionarios internacionales, sobre todo los de más alto rango, la señora Bachelet reconoce “los esfuerzos del Gobierno (de Ortega) para aumentar el gasto social y contener el impacto de la crisis económica, así como las incipientes señales de apertura a la asistencia humanitaria por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas”. Pero ese reconocimiento no le impide señalar y denunciar las atroces violaciones a los derechos humanos que sigue cometiendo la dictadura de Nicaragua.
Además, al acercarse el cumplimiento del plazo que puso la OEA, el próximo mes de mayo, a fin de que Ortega adopte las reformas electorales necesarias para que las elecciones del 7 de noviembre sean democráticas, confiables y legítimas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también se ha referido a este tema, que es clave para comenzar a resolver la crisis de gobernabilidad que sufre el país, de la cual derivan las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 —dice en su informe la señora Bachelet—, el Estado de derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos de libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”.
Solo le faltó a la defensora mundial de los derechos humanos, decir que si no hay reformas electorales ni condiciones políticas adecuadas para la libre organización y movilización de la oposición y los ciudadanos en general, las elecciones de noviembre no serán libres ni justas. Y que por lo tanto la comunidad internacional no las podrá reconocer como válidas y legítimas.
La posición de Michelle Bachelet ante la trágica situación de Nicaragua ha sido y sigue siendo ejemplar y admirable. A pesar de su formación ideológica socialista y sus antecedentes políticos de izquierda, en ningún momento se ha parcializado a favor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no ha justificado sus agresiones contra la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Bachelet no ha vuelto los ojos a otro lado mientras la cruel dictadura de Nicaragua hace de las suyas, como sí lo han hecho otros personajes relevantes de la izquierda internacional. Nos referimos a Lula da Silva, de Brasil; Cristina Fernández, de Argentina; José Miguel Insulza, de Chile; Ernesto Samper, de Colombia; Evo Morales, de Bolivia; José Mujica, de Uruguay; Rodríguez Zapatero, de España y otros de la misma calaña que forman parte del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla.
Es que la izquierda no es homogénea. En ella hay sujetos antidemocráticos e incluso canallas totalitarios, pero también personas humanistas genuinamente democráticas, como la chilena Michelle Bachelet.
