La ola de violencia contra las niñas y mujeres registrada en el país, además de la situación de violencia y desprotección que atraviesan las comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron temas importantes en el informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua que presentó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, este jueves 25 de febrero ante la ONU.
Bachelet enfatizó que la violencia contra las mujeres aumentó en medio del Covid-19 y la situación humanitaria tras los huracanes Eta y Iota. En el informe indica que en 2020, los datos oficiales reportaron 11 femicidios ocurridos entre el 1 de febrero y el 7 de agosto, mientras las organizaciones de la sociedad civil contabilizaron un aumento de estos crímenes contra las mujeres, siendo la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Managua las áreas con mayor número de casos.
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“Fuentes no gubernamentales habían registrado 71 femicidios, incluidas 11 menores, hasta el 31 de diciembre de 2020, en comparación con 63 en el mismo periodo en 2019. Además, registraron 115 intentos de femicidio, en comparación con 72 en el mismo periodo en 2019”, refiere el informe.
Además, se destaca la labor de las organizaciones de mujeres, quienes en medio de la pandemia pusieron en funcionamiento las líneas telefónicas de emergencia, ya que las víctimas se habían mostrado renuentes a presentar denuncias a la Policía por la poca confianza que inspira la institución, además del temor a contagios en este contexto de pandemia.
La Oacnudh afirma que si bien Nicaragua ha avanzado en materia de igualdad de género, no se cuenta con información específica sobre los logros y desafíos enfrentados en la implementación de sus políticas.
Limitada definición del término femicidio
Sobre la situación judicial de los autores de femicidios, detalla que según las organizaciones no gubernamentales, durante 2019 y 2020, solo 4 y 12 femicidas, respectivamente, fueron condenados.
Lo que a criterio de la Oacnudh sugiere que podría estar en parte relacionado con la “implementación de un decreto de 2014 que reglamenta la Ley 779 de 2012 sobre la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que limita la definición de femicidio al asesinato de mujeres solo en el contexto de una relación”.
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La Oacnudh recibió información sobre las deficiencias en el sistema judicial, incluyendo estereotipos sexistas entre algunos de sus miembros, al igual que la falta de investigaciones sobre antecedentes de violencia y abuso sufridos por víctimas de femicidios.
Además, sostiene que en el reglamento de la Ley 779 se incorporó la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad, mientras se expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.
Alta tasa de niñas y adolescentes embarazadas
En el informe, se señala que aunque no existe información pública actualizada disponible, Nicaragua tiene una de las tasas más altas de “embarazos precoces” de la región. Otro indicador de violencia sexual que sufren las niñas en el país.
“La Oacnudh recibió información fidedigna de que el número de madres jóvenes entre 10 y 14 años de edad continuó aumentando. Además, la prohibición total del aborto pone en riesgo a mujeres y niñas —incluidas las víctimas de violencia sexual— y obliga a estas últimas a convertirse en madres”, indica el documento.
Pueblos indígenas y afrodescendientes
El 31 por ciento del territorio nacional alberga a pueblos indígenas y afrodescendientes. Oacnudh afirma que las comunidades enfrentan desafíos debido a invasiones recurrentes y ataques violentos de colonos, además pierden sus tierras, sufren hambre y enfermedades.
“Entre octubre de 2019 y enero de 2020, la Policía Nacional registró 20 homicidios (19 hombres y 1 mujer), dos desapariciones y dos heridos vinculados con conflictos de propiedad entre miembros de las comunidades y terceras personas en el Caribe Norte. En 2020, la Oacnudh documentó el asesinato de 10 hombres indígenas, mientras que 6 hombres y 1 niña resultaron heridos en cuatro incidentes presuntamente relacionados con disputas territoriales en esa misma región”, precisa.
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A la vez, señala que a principio del 2020 las autoridades de Nicaragua informaron al organismo haber realizado investigaciones e identificado a los presuntos autores de los incidentes. Sin embargo, desde mayo de 2020, la Oacnudh no ha recibido información sobre el avance o el resultado de estas investigaciones.