La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidió este miércoles al Estado de Nicaragua que revise la reforma al Código Procesal Penal, recién aprobada por la aplanadora de diputados orteguista en la Asamblea Nacional, sobre la cual, aseveró, “permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.
La reforma extendió de 48 horas a entre 15 y 90 días el tiempo de prisión preventiva de una persona en Nicaragua, aún sin haberse acusado formalmente.
A través de su cuenta de Twitter, el organismo de la ONU, a cargo de la comisionada Michelle Bachelet, señaló que “la reforma del Código Procesal Penal aprobada ayer (martes, 2 de febrero), al retrasar hasta 90 días el control judicial de la detención, es contraria a la Constitución y los estándares internacionales” y que “permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.
A criterio del organismo internacional, la reforma “atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno”.
Al mismo tiempo advirtió que “pone en riesgo, además, la integridad y seguridad de los denominados ‘detenidos judiciales’, que permanecerán sin control judicial efectivo”.
#Nicaragua: La reforma del Código Procesal Penal aprobada ayer, al retrasar hasta 90 días el control judicial de la detención, es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener (1/3)
— OACNUDH (@OACNUDH) February 3, 2021
Por ello, la Oacnudh exhortó al Estado de Nicaragua a revisar esa reforma, aportando las correcciones necesarias, con el fin de que garanticen el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ofreció su apoyo y asesoría técnica a las autoridades.
Pero, con esa reforma, la dictadura orteguista legaliza las acciones represivas que ha venido poniendo en práctica por medio de la Policía Orteguista (PO), que arbitrariamente detiene a cualquier ciudadano, en especial a opositores, los mantiene presos semanas, e incluso meses, y después los acusan de delitos comunes, según las denuncias de organismos de derechos humanos nacionales.
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Paquete de leyes represivas
La reforma al Código Procesal Penal se une a un “paquete de leyes represivas” que el régimen Ortega-Murillo ha aprobado durante el 2020 y en lo que va del 2021, en el contexto de un año electoral en Nicaragua y además de la crisis sociopolítica que se ha extendido desde abril de 2018.
El paquete de leyes está conformado por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”; la Ley de Ciberdelitos, o “Ley Mordaza”; el establecimiento de la cadena perpetua en el país para lo que el régimen considere “crímenes de odio” y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que inhibe a opositores a participar en elecciones a cargos públicos.
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