El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advirtió este miércoles que tras la reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, Nicaragua corre el riesgo de ser expulsada del sistema financiero mundial, lo que dañaría todas las transacciones financieras, incluida la llegada de remesas.
Dicha reforma fue aprobada este miércoles en lo general en la Asamblea Nacional y se espera que el jueves se discuta en lo particular, es decir se apruebe artículo por artículo. Durante el debate, diputados sandinistas y aliados del orteguismo admitieron que la misma perseguía proteger a sancionados por Estados Unidos, a los que los bancos le cerraron sus cuentas para evitar ser castigados por las regulaciones internacionales.
“Esa situación tendría graves e inmediatas consecuencias para la economía del país por cuanto conllevaría entre otros efectos negativos, el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito”, señaló el Cosep en un comunicado.
En conferencia de prensa, el presidente de Cosep, Michael Healy dijo que “la situación en la que nos está poniendo esta ley a los nicaragüenses es la peor que hemos tenido en el sistema financiero durante los últimos 30 años prácticamente desde que se volvió a restablecer el sistema financiero nicaragüense”.
Esta decisión unilateral del Gobierno de Ortega está dirigida a obligar a los bancos a tomar medidas que son prohibidas por las entidades financieras internacionales, aseguró el presidente de Cosep. “Esto lo que pone en riesgo es que el sistema financiero nacional pueda desaparecer, debido a decisión del gobierno en esta reforma, y también en lo que nos puede afectar es que todos estos bancos puedan perder su corresponsalía internacional lo cual obligaría a Nicaragua a quedar prácticamente en una isla ante el sistema financiero internacional”, insistió.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) prohíbe que un estadounidense tenga contacto directa o indirectamente con sancionados. En el caso de los bancos nicaragüenses, estos trabajan con bancos o corresponsalías con base en EE. UU., lo que cortarían relaciones con estos si se reabren las cuentas a los sancionados.
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En Nicaragua hay 27 castigados, incluidas empresas y la Policía Orteguista (PO) por el Departamento del Tesoro y la Unión Europea, así como otros países que también han impuesto sanciones directas.
El Fondo Monetario Internacional establece que una corresponsalía es una institución financiera que brinda servicios en nombre de otra institución financiera. Esta relación facilita las transferencias electrónicas y permite realizar transacciones comerciales, aceptar depósitos y recopilar documentación en nombre de otra institución. Los bancos de un país suelen recurrir a bancos corresponsales para que actúen como agentes en el exterior, en transacciones originadas o concretadas en países extranjeros.
De hecho en el comunicado el Cosep advirtió que la reforma ya aprobada “afectaría directamente a todos los nicaragüenses sin distingo alguno, en particular a la población que recibe remesas del exterior y a todas las
actividades económicas que requieren de un sistema bancario que mantenga una relación comercial estable con los corresponsales y fondeadores extranjeros para realizar y desarrollar su actividad empresarial”.
Pero además la reforma vendría “a promover prácticas que incitarían el lavado de dinero y nos pondría en riesgo de pasar a la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)”, dijo Cosep .
La razón de esta Ley dijo Healy durante la conferencia es porque diferentes países han impuesto sanciones en ciertos miembros del gobierno o afines al gobierno. “Con esta ley el gobierno está obligando a la banca, prácticamente, a que no tome las medidas que le piden internacionalmente, prácticamente estas en contra de las leyes internacionales que ocupamos nosotros los nicaragüenses para hacer nuestros pagos de importaciones y exportaciones, y al vos no cumplir esos requisitos, esta ley está obligando a los bancos a que incumplan esos requisitos.”, precisó.
Actualmente Nicaragua está en la lista gris del Gafi y la reforma a la polémica Ley 842 la dejaría a un paso de ingresar a la lista negra. “Estamos a la puerta de entrar a en la lista negra si seguimos haciendo las cosas mal y una vez ahí estamos excluidos de todos los financieros y posiblemente el país esté sancionado y no vengan recursos”, observó el economista Luis Murillo. Si el Gobierno sigue aprobando leyes la confianza se deteriorará más, dijo.
“La nación y los funcionarios públicos precisan comprender que con esta reforma se estaría afectando la sostenibilidad económica y financiera del país y el marco jurídico que regula la relación entre las entidades financieras y los usuarios de estos servicios”, dice Cosep en su comunicado.
“También se afectaría la seguridad y confianza en nuestro Sistema Financiero Nacional en relación con las entidades financieras internas y del sistema global, así como el acceso a los mercados internacionales y de capitales financieros necesarios para el desarrollo integral y sostenible del país”, manifestó.
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Cadin respalda pronunciamiento de Cosep
En paralelo, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) respalda en su totalidad el pronunciamiento de Cosep relacionado con la aprobación de la reforma a la Ley 842. Aprovecharon para hacer un llamado a la Asamblea Nacional para hacer conciencia de la perjudicial de estas disposiciones estatales en la sociedad nicaragüense y las consecuencias económicas, políticas y sociales en la nación.
Señalan que la aprobación de la reforma repercute directamente en la economía del país, compromete la relación con la banca internacional, bilateral y multilateral. “Estos podrían cancelar sus corresponsalías y las líneas de crédito que tienen con la banca comercial nicaragüense, afectando gravemente los créditos y financiamientos para el sector productivo nacional exportador, la cadena de suministros y por ende a toda la industria y comercio nacional”, prevén.
Por otro lado, Cadin coincide con el Cosep en que se está comprometiendo la credibilidad de la actividad financiera del país abriendo paso a actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Expresan que habrá afectaciones directas en el empleo, las remesas, la inversión extranjera, y además se le resta competitividad al país y se fomenta la pobreza.