El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este 1 de febrero una actualización de aviso de viajes, en la que advierte a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos del Covid-19 en Nicaragua.
“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua debido al COVID-19. Las pruebas que cumplen con los CDC para COVID-19 no están disponibles o los resultados no siempre están disponibles dentro de los 3 días calendario posteriores a la prueba. Los viajeros deben esperar retrasos al regresar a los EE.UU.”, señala el aviso.
El aviso lo encabeza esta alerta: “No viaje a Nicaragua debido al COVID-19, disturbios civiles, crimen, disponibilidad limitada de atención médica y aplicación arbitraria de las leyes”.
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El aviso de viaje refiere que Nicaragua ha reanudado la mayoría de las opciones de transporte (incluidas las operaciones aeroportuarias y la reapertura de las fronteras) y las operaciones comerciales (incluidas las escuelas).
Este primero de febrero, según datos oficiales, más de 1.7 millones de estudiantes regresaron a las aulas de primaria y secundaria del país.
En agosto de 2020, Estados Unidos emitió una alerta, de nivel 4, a sus ciudadanos de no viajar a 20 países, entre ellos Nicaragua. El nivel cuatro es el más alto aviso de viaje de ese país.
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En el caso de Nicaragua, en el aviso de este 1 de febrero, además del Covid-19, el Departamento de Estado mantiene su alerta a los ciudadanos estadounidenses sobre “policías uniformados armados y violentos o civiles vestidos de civil que actúan como policías (“parapoliciales”)” que “continúan atacando a cualquier persona que se considere contraria al gobierno del presidente (Daniel) Ortega”.
Afirma que el “gobierno” y “sus grupos armados” han sido reportados de detener arbitrariamente a manifestantes a favor de la democracia, con denuncias creíbles de tortura y desapariciones; apuntar sistemáticamente a figuras de la oposición, incluidos el clero, los defensores de los derechos humanos y los miembros de la prensa; impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre; incautar propiedad privada; buscar arbitrariamente en teléfonos y computadoras personales contenido antigubernamental y detener arbitrariamente a determinadas personas con cargos infundados de terrorismo, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.