Las cifras de importación de petróleo, combustibles y otros productos derivados del crudo del Banco Central de Nicaragua indican que entre enero y noviembre del año pasado la factura petrolera experimentó una reducción de alrededor del 39 por ciento, lo que en términos monetarios significó un ahorro de al menos 336 millones de dólares, con respecto a igual período de 2019.
De acuerdo con la entidad, entre enero y noviembre de 2020, la factura petrolera de Nicaragua ascendió a 529.9 millones de dólares, pero en el mismo lapso de tiempo, en 2019, esta había ascendido a 866.4 millones.
En otras palabras, en 2020 Nicaragua invirtió en la compra de esos productos 48.2 millones de dólares, en promedio mensual, mientras que en 2019 gastó 78.8 millones. Es decir que hubo una diferencia de más de 30 millones de dólares en promedio mensual.
En esos 11 meses de 2020 Nicaragua registró el gasto más bajo por importación de petróleo y combustibles de los últimos años. Desde 2019, la factura no había bajado de 611.5 millones de dólares, en el mismo lapso. (Ver infografía)
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Los consumidores nicaragüenses vieron pasar de largo esa reducción en la factura petrolera, a pesar de las constantes demandas de que ese alivio se viera reflejado en el costo de la energía eléctrica y de los combustibles, y por lo tanto en la economía del hogar.
Para el economista Maykell Marenco y la especialista en temas energéticos, Patricia Rodríguez, los nicaragüenses no tendrán ninguna posibilidad de recibir el beneficio de las rebajas en el precio del petróleo y los combustibles a nivel internacional mientras no se hagan cambios sustanciales en todo el sistema del mercado energético del país y de los combustibles para el transporte.
En primer lugar, Marenco mencionó que existe una ley que se aprobó en el 2018, que establece que cualquier saldo positivo que tenga el país por la reducción de los precios del crudo se usará para abonar a la deuda que tiene el Estado con Caruna. “Entonces, todos estos recursos que se obtienen, una vez que se reduce el precio del petróleo o de los combustibles, entran a un fondo a favor del pago a Caruna”, sostuvo el economista.
De acuerdo con Marenco, ese beneficio tampoco es aprovechado para el beneficio de los consumidores de energía eléctrica y combustibles por la ineficiencia que existe en todo el sistema del mercado energético del país. “Hay ineficiencia en todos los actores del mercado. Estamos hablando de los generadores, transmisores y distribuidores”, indicó.
Una de las irregularidades que existen en el sistema del mercado energético del país, de acuerdo con Marenco, es el ingreso base por potencia instalada o capacidad de generación que se les paga a las generadoras. “Este pago por potencia instalada es energía que no se está despachando, no sé está consumiendo y ni siquiera se está demandando. Es decir, el mercado nicaragüense está produciendo más energía de la demanda efectiva que tiene”, explicó el economista. A esto, agregó, que Nicaragua es el país que paga más a los generadores por potencia instalada que los otros países centroamericanos.
Por otro lado, Marenco señaló el problema de las famosas pérdidas técnicas de la distribuidora Disnorte-Dissur (fugas de energía, conexiones ilegales, entre otras), que también las asumen los consumidores en sus facturas.
“Además, está el problema de los contratos a largo plazo con las generadoras. En Nicaragua tenemos contratos de hasta 29 y 27 años. Eso es súper ineficiente, cuando los contratos en el resto de Centroamérica andan en alrededor de 15 a 16 años. Entonces, un mercado energético con tantas ineficiencias y con una ley que dice que cualquier alivio en los precios internacionales va directo al pago de la deuda, definitivamente el nicaragüense nunca va a poder observar un alivio en los precios de la energía eléctrica”, subrayó el economista.
Con él coincidió Patricia Rodríguez, especialista en temas energéticos, quien refirió que, aunque en 2020 la caída del precio del crudo y sus derivados fue fundamental, los nicaragüenses solo tuvieron una rebaja “casi nula” del tres por ciento.
Los consumidores sufrieron en 2019 un aumento de más del 18.3 por ciento en el costo de la energía. Según Maykell Marenco eso se debió a la reducción que ha ido experimentando el subsidio que tienen algunos segmentos de la población consumidora de energía, pero también a un incremento gradual que aplicó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Ese aumento contrastó totalmente con el anuncio que realizó el régimen a mitad de 2020, cuando aseveró que el costo de la energía eléctrica tendría una rebaja del tres por ciento, que no se parecía en nada al aumento que había experimentado un año antes ni al alivio que estaba experimentando el precio del petróleo a nivel internacional.
“Recordemos que el tres por ciento que disminuyó en 2020, el Gobierno no dijo por qué, pero sin duda alguna no compensa el casi 20 por ciento que tuvimos en el 2019, ni se ve reflejada la disminución del precio del petróleo que resulta en un ahorro de casi el 40 por ciento en la factura petrolera”, sostuvo la especialista en temas energéticos, Patricia Rodríguez.
Este año 2021 el régimen orteguista anunció otra rebaja de 10.6 por ciento en el precio de la energía, sin embargo esta ha sido considerada insuficiente. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) manifestó recientemente que análisis independientes han demostrado que la reducción debería de llegar a al menos un 20 por ciento.
“Debemos insistir que la reducción aprobada no ha considerado criterios como el traslado de la reducción del precio del petróleo íntegramente a la tarifa, la suspensión de importación de energía eléctrica entre las distribuidoras y Enel Bluefields, la reversión de la resolución INE-CD-13-12-2019 de cobros por desvíos tarifarios, la disminución en el precio de compra de energía por las instituciones del sistema eléctrico del país, entre otras”, afirmó en un comunicado esa organización.
Esta nueva reducción, de acuerdo con Rodríguez, se debe a la renegociación que hizo el régimen con los generadores de energía renovable, “que pagan los platos rotos para poder decir que el Gobierno disminuyó la tarifa, pero no fue debido a la disminución de los precios del petróleo, que continúan bajos, ni a otras acciones que suman casi 700 millones de dólares de más que nos están cobrando”, indicó Rodríguez.
Además, el economista Marenco recordó que, pese a esa rebaja (del 10.6 %), el IVA para los consumidores de más de 300 kilovatios/hora pasará este año de 7 al 15 por ciento y el subsidio de los consumidores de menos de 150 kilovatios/hora y el de los adultos mayores seguirá reduciéndose.
Combustibles
Según Rodríguez, el mayor impacto del comportamiento del petróleo a nivel internacional se debería de sentir en el costo de la energía y de los combustibles para el transporte, principalmente porque hay otros derivados del crudo, como el gas de cocinar.
“En el transporte el precio bajó un poquito. Hubo un par de meses que llenabas tu tanque de combustible con menos plata, pero sin duda alguna fue muy poquito (el alivio) y en poco tiempo, porque de hecho todavía el petróleo no ha subido a niveles altos. Todavía anda rondando los 50 dólares por barril, que son precios más bajos que los que tenía en el 2019”, aseveró.
Rodríguez dijo que, como los precios de los combustibles en el país no son regulados, el alivio en la factura petrolera se lo quedan las empresas petroleras.
