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Abogados Julio Montenegro y José López, del grupo denominado Defensores del Pueblo LA PRENSA/ Archivo.

Abogados recurren por inconstitucionalidad contra Ley de Inhibiciones

Los abogados argumentan en su recurso que la Ley de Inhibiciones viola la Constitución Política y la misma resolución con la que la Corte Suprema de Justicia avaló la reelección ilegal de Daniel Ortega en 2010

El abogado Julio Montenegro, coordinador de Abogados Defensores del Pueblo (ADP), informó que introdujo un recurso por inconstitucionalidad ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como Ley de Inhibiciones.

“¿Qué acontece? Que nosotros sabemos que para efectos de la candidatura presidencial del actual presidente, la Corte Suprema de Justicia sacó la sentencia número seis del 30 de septiembre del año 2010, a las dos de la tarde, en la que se hablaba del principio de igualdad y fue esta sentencia en su Sala Constitucional que prácticamente reforma un artículo ya establecido en la Constitución Política, habiendo incluso una mayor fuerza en lo resuelto por la Corte que en lo establecido en la Constitución sobre ese punto. Entonces ahí se alegó el principio de igualdad establecido en la Constitución, entonces en el recurso nosotros expresamos que ese principio es para todo mundo y todos tendrían derecho a optar a esos cargos públicos”, consideró Montenegro.

Analistas políticos, abogados y opositores han denunciado que dicha ley está diseñada para evitar que líderes de la oposición puedan participar en las próximas elecciones generales del 7 de noviembre y optar a cargos de elección popular, ya que castiga y considera “vendepatria” a quienes han pedido sanciones y promueven protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Inhibir a expresos políticos

El coordinador de ADP señaló que la ley pretende inhibir la participación como candidatos a cargos públicos a los excarcelados políticos por el régimen, pero recordó que la Constitución Política de Nicaragua está por encima de cualquier ley, decreto, reglamento o norma, por lo que los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de oportunidades.

“Sobre la situación de que muchos de los que han sido objeto de procesos (judiciales) no pueden ser presidentes, eso es objetable. Sabemos que muchas de las personas, algunas de ellas como Medardo Mairena, tenían cargos que no eran veraces, que hubo objeciones, que hubo procesos y que efectivamente quedó constancia de las imputaciones que se hacían, a tal punto que una persona condenada como él a 216 años”, dijo Montenegro.

Los artículos 184 y 195 de la Constitución definen que “solo la Ley Electoral puede disponer en los procesos electorales que se realizan en Nicaragua”, por lo que cualquier prohibición adicional para ser candidatos que establezca otra norma no es válida jurídicamente y, por tanto, no es aplicable.

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Recursos engavetados

Es conocido por profesionales del derecho que los magistrados de la CSJ responden a los intereses del partido político de la dictadura, por lo que los recursos por inconstitucionalidad que llegan al Poder Judicial y no le convienen a los dictadores duermen el “sueño de los justos”. Montenegro recurrió por inconstitucionalidad, desde el año 2019, en contra de la Ley de Amnistía promovida por el régimen y hasta la fecha no ha tenido respuesta.

“La idea es siempre dejar constancia de estas actuaciones, hacer agotamiento de la vía interna y hacer lo que se tenga que hacer en el campo del derecho… pienso que esa ley debe ser derogada porque por su propio peso se cae. Es decir, no puede haber decisiones de una sala de la Corte Suprema que alega el principio de igualdad –como la sentencia que favoreció a Ortega para que pudiera reelegirse– y entonces se excluya a otros ciudadanos bajo otros principios. Nosotros alegamos que debe haber igualdad para todos en nuestro recurso”, detalló.

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Líderes opositores a la dictadura de Ortega han manifestado rebeldía y han asegurado que no acatarán la Ley de Inhibiciones porque no se consideran terroristas, vendepatria, ni delincuentes, por lo que participarán en las próximas elecciones. Algunos ya han manifestado públicamente su interés de correr como precandidatos a la Presidencia de la República por sus respectivas organizaciones y partidos políticos.

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