Dos cosas destacaron en la sesión parlamentaria de este sábado 9 de enero. Lo primero fue que el orteguista Gustavo Porras, solo bastó que asumiera nuevamente la presidencia de la junta directiva en la Asamblea Nacional, para convocara a los legisladores a sesionar a partir del 18 de enero con el fin de aprobar en segunda legislatura, la reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua, otra de las armas legales de amenaza a la oposición.
Lo segundo notorio fue que Porras por primera vez usara una mascarilla en el hemiciclo para prevenir contagiarse del Covid-19, pero además el diputado constantemente se medía el nivel de oxígeno con un oxímetro de pulso. No fue posible que el legislador explicara por qué utilizaba ese instrumento de uso médico que mide el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco. Se conoce que Porras es hipertenso y sufre de diabetes.
La primera sesión ordinaria del 2021 será en Ciudad Darío, municipio de Matagalpa, donde los legisladores emprenderán la fase final de los cambios al artículo 37 de la Constitución para que la cadena perpetua por “crímenes de odio”, sea una realidad en Nicaragua. El 10 de noviembre los orteguistas aprobaron la modificación en primera legislatura, pero la Carta Magna establece que sus reformas deben hacerse en dos momentos.
“Vamos a prepararnos para aprobar en segunda legislatura la reforma constitucional que tanto nuestro pueblo demanda, contra todos esos crímenes de violencia, de odio que no van a volver a suceder en nuestro país”, anunció Porras en el plenario. De esa forma siguió repitiendo el discurso de que la prisión perpetua es exigido por la mayoría de los nicaragüenses, a pesar de que los operadores políticos de la dictadura han evidenciado que solo quieren otra arma legal para amenazar a los opositores.
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Como “crímenes de odio” son calificados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las protestas multitudinarias que estallaron en abril del 2018 en exigencia por justicia por los ciudadanos asesinados, libertad y elecciones libres y transparentes. Más de 300 asesinatos es parte del saldo sangriento de la represión, que el orteguismo ha recrudecido con el estado policial y un paquete de leyes para cercenar los derechos políticos y las libertades fundamentales de los adversarios a Ortega y Murillo.
La urgencia para tener legalmente la prisión perpetua es tal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que extenderán a cuatro días de sesiones, cuando normalmente son tres días. “Haremos una reunión de la junta directiva para ordenar la agenda porque, tomaremos la decisión de que vamos a trabajar 18, 19, 20 y 21 de enero y si fuera necesario (el) 22, nuestro pueblo demanda del cambio de la visión del sistema parlamentario nicaragüense”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional.
Cuando se cerró la anterior legislatura, el pasado 15 de diciembre, los sandinistas adelantaron que la primera ley que aprobarían sería la de la cadena perpetua, que incluiría cambiar la Constitución así como reformar el Código Penal para incorporar la medida como una “excepcionalidad”, cuando se dan “crímenes de odio”. Las leyes penales seguirán estableciendo los 30 años de cárcel como plazo máximo para delitos graves.
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Porras está sancionado por Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos, sustentado en informes de organismos internacionales de su participación en la represión a los ciudadanos que se manifestaron desde abril del 2018 en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El diputado es además sindicalista y uno de los principales operadores políticos del régimen.
Oposición debe definir candidatos
Para los opositores Ivania Álvarez y Eliseo Núñez, los diferentes movimientos y partidos de oposición están obligados a dar pasos más concretos en conseguir la unidad para enfrentar al FSLN en las eventuales elecciones nacionales previstas para el 7 de noviembre del 2021, pero también para ser capaces de presionar al régimen porque se aprueben reformas electorales que permitan las condiciones para que esos comicios sean creíbles.
“Ortega tratará de dar un esquema de ser invencible, pero llegará hasta donde lo dejemos llegar como ciudadanos. Si no ve una presión interna suficiente, él no dará ningún tipo de concesión y le será fácil cometer otro fraude en las elecciones para reelegirse y, si lo logra, a partir de enero del 2022 planteará un discurso de tener un mandato constitucional por otros cinco años y muy poco se podrá hacer para sacarlo del poder”, advirtió Núñez.
Para el jurista y analista político los sectores opositores deben tener a más tardar en marzo, nominados y electos a sus candidatos a la presidencia y a diputados, para que “hayan rostros concretos” ante la ciudadanía, para “plantear cara con liderazgo a fin de presionar por reformas electorales”.
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“El liderazgo debe tener nombre y apellido” de forma urgente, aseguró Núñez. Eso le daría fortaleza a la oposición ante la dictadura para forzarlo a que ceda a las reformas electorales que den garantías en que las elecciones se respetará el voto, habrá observación electoral nacional e internacional de credibilidad, entre otras condiciones. “Si esas condiciones no existen, entonces ese liderazgo deberá decidir si irá a las elecciones o no”, dijo Núñez.
UNAB ve posible más leyes represivas
Ivania Álvarez, excarcelada política y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), comparte la urgencia de que la oposición termine de unificarse en una alianza electoral, no solo centrado en definir las candidaturas sino para armonizar un plan de lucha capaz de forzar a los dictadores Ortega y Murillo a cesar la represión como aprobar reformas electorales “que demanda la ciudadanía”.
Álvarez observa en el apuro del FSLN de aprobar la cadena perpetua en la Constitución, como una señal de que en la Asamblea Nacional se aprobarán más leyes para cercenar más derechos y libertades a los nicaragüenses, con el fin de crear un ambiente que desaliente a la gente a creer en las elecciones como oportunidad para salir de la dictadura.
La directiva de la UNAB ve hasta posible que las reformas electorales pueden ser usadas incluso para anular la participación de observadores en los procesos, “y solo dejar a organismos oficialistas”.
“La oposición no ha pasado de ese reacomodo, vemos a ambos grupos (Coalición Nacional y Alianza Cívica) llamando a la unidad, pero no sabemos qué tipo de unidad, si es a candidaturas, a liderazgos”, señaló Álvarez. Si embargo, cree posible que la unificación de las fuerzas opositores se concrete para “ejercer la presión interna por lograr que hayan condiciones” para las votaciones.