Unos 52 líderes de la Unidad Nacional fueron víctimas de asedio y persecución durante el 2020, hasta la fecha denuncian el encierro que les han impuesto en sus propias viviendas, denunció la organización opositora este viernes 8 de enero, durante la presentación del un informe «Nicaragua bajo represión y violación de derechos». Uno de los que se mantiene en «casa por cárcel de facto», es el dirigente opositor Félix Maradiaga, del Consejo Político de la UNAB.
De acuerdo con la organización, durante estos 12 meses, medio centenar de líderes nacionales y territoriales fueron perseguidos, asediados, golpeados, requisados, robados y detenidos. Asimismo, denuncian que en el último trimestre se evidencia una escalada en los niveles de violencia y señalan a la institución policial de estar abocada exclusivamente a la represión y no a la prevención del delito.
Respecto a la presentación del informe sobre violaciones a derechos humanos en el país, Róger Reyes, coordinador departamental de Carazo de la UNAB, denunció por medio de sus redes sociales que simpatizantes del régimen ingresaron a su vivienda en horas de la noche de este jueves y dejaron pintas en su vehículo. El mensaje reza: «Ojo golpista, plomo».
«Con todo el asedio que se esta realizando en mi contra no voy a retroceder, mi compromiso es ante el pueblo ante aquellos que no pueden alzar su voz. Por ese pueblo sufrido continuaré firme, ejerciendo acciones para tener nuestra soñada Nicaragua. Mi lucha es y seguirá siendo cívica y pacífica», escribió Reyes en sus redes sociales.
Monitoreo
Hay 120 personas presas políticas actualmente, de estas 110 detenidas ilegalmente tras la insurrección de abril de 2018 y 10 detenidos antes de esta fecha. Señalan que del total de personas presas políticas 64 fueron capturadas a lo largo de este 2020. Asimismo, 31 son excarcelados que
fueron recapturados. La mayoría de reos de conciencia se encuentran en el Sistema Penitenciario “La Modelo”.
Hasta el día de hoy, de los 120 presos políticos, 25 enfrentan procesos judiciales y 95 ya cuentan con una sentencia condenatoria. «Los juicios viciados contra las personas presas políticas siguieron sin importar la pandemia, ni el paso de catástrofes naturales ni las festividades características de cada mes. Esto atenta contra la ley y violenta los derechos a los ilegalmente enjuiciados», expresan.
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En su recuento la organización también incluyó los 71 femicidios perpetrados en 2020. «En muchos de los casos las mismas mujeres asesinadas o sus familias habían puesto las denuncias ante la Policía Orteguista, pero estos nunca tomaron alguna acción, pese a que el acceso a la justicia es clave para poner fin a la impunidad y prevenir la violencia machista contra las mujeres y las niñas», denunciaron.
Contabilizan más de 943 ataques al periodismo independiente, entre julio y diciembre de 2020. Más de 50 ataques a la Iglesia Católica, además de asesinatos a campesinos (sin brindar datos concretos, por la falta de acceso a la zona). Se reflejó también el abandono estatal a las comunidades en el Caribe de Nicaragua, «se evidenció tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron a centenares de familias damnificadas y el régimen no brindó respuestas efectivas ante los desastres», indican.
También denunciaron que desde el inicio de la pandemia en el país (marzo 2020), más de 2,867 personas han muerto por Covid-19, además de 112 muertes reportadas en el personal de salud y 52 en el personal docente, por la misma causa. Estadísticas del Observatorio Ciudadano Covid-19.
Uso de leyes, una nueva modalidad de represión
Los 70 diputados sandinista en la Asamblea Nacional recientemente aprobaron la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Legislación que anula por completo la competencia política para las elecciones programadas para noviembre de 2021.
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Esta nueva ley, se suma a otras tres normas aprobadas en la Asamblea en la recta final de este 2020, las cuales buscan criminalizar y penalizar a las acciones ciudadanas, como la Ley Especial de Ciberdelito, mejor conocida como «Ley Mordaza» y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o «Ley Putin» y la instauración de cadena perpetua por “crímenes de odio”.
«Estas leyes que violan los derechos constitucionales, conforman un andamiaje que da sustento jurídico a la represión que el régimen mantiene en el país», manifiestan. La Unidad Nacional denunciará ante la comunidad nacional e internacional y ante los organismos de derechos humanos, que el régimen mantiene un estado policial de facto, de violaciones diarias a los derechos ciudadanos y de falta total de libertades civiles, de organización y movilización, que amenazan cada día la vida e integridad física de la población nicaragüense.
