¿Cuál es el futuro de Gustavo Porras en la Asamblea Nacional para 2021?

Debido a que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene mayoría al tener 70 de los 91 diputados en funciones en la Asamblea, el control de la directiva parlamentaria la retendrá el orteguismo, con la reelección de Porras en la presidencia. De hecho, se espera que repitan los siete directivos que fueron nombrados desde el 9 de enero del 2017, cuando se instaló la actual Asamblea.

«No creo que haya cambios», afirmó el orteguista Wilfredo Navarro, quien ocupa la segunda secretaría de la Asamblea.

Navarro y los también directivos María Haydée Osuna y Alejandro Mejía Ferreti, explicaron que esperan ser convocados a reunión en los próximos días para que se nombre a la junta directiva de edad, que, con base en la Ley, le corresponde coordinar la elección de los siete parlamentarios que integrarían la nueva junta directiva del parlamento por el quinto año del actual período. Ese formalismo debe suceder para que legalmente pueda abrirse el trabajo en la Asamblea Nacional.

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Porras retendría la presidencia del poder legislativo pese a estar sancionado por Estados Unidos y Canadá señalado por violaciones a los derechos humanos durante la represión orteguista en contra de las manifestaciones ciudadanas que estallaron en abril del 2018, y su responsabilidad en el Estado policial instaurado por el régimen. Estados Unidos y Canadá sancionaron a Porras con base en los informes de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras ser sancionado Porras, los orteguistas reformaron la Ley Orgánica del poder legislativo para quitarle el control administrativo y financiero al presidente por estar inhabilitado para representar a la Asamblea en gestiones bancarias, acuerdos financieros, entre otros. Esas facultades se las pasaron a la primera secretaria, la orteguista Loria Raquel Dixon. Aunque en la práctica, Porras toma las decisiones políticas y administrativas de la Asamblea.

El FSLN tiene cinco directivos, además de Porras. Están la primera vicepresidenta Maritza Espinales, la segunda vicepresidenta Gladys Báez, la primera secretaria Loria Raquel Dixon y el segundo secretario Wilfredo Navarro. Los otros dos puestos los ocupan Osuna, del PLC, como tercera vicepresidenta y de tercer secretario, el diputado Alejandro Mejía Ferreti, de la bancada ALN-PLI-Apre.

La elección y conformación de la nueva junta directiva es el próximo 9 de enero, fecha establecida en la Ley Orgánica del poder legislativo.

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De los más fieles a Ortega y Murillo

A José Pallais, exdiputado y opositor al régimen, no le sorprende que Porras sea reelecto en la presidencia de la Asamblea Nacional, debido a que el diputado es el reflejo de la sumisión de ese poder del Estado a los intereses políticos del dictador Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.

«Porras ha demostrado ser fiel a Ortega y Murillo. No ha tenido reparo en pasarse por encima de las normas de la Asamblea para cumplir las ambiciones de la dictadura. Es una persona que ha demostrado totalmente fidelidad, por lo que Ortega y Murillo no se arriesgarán a poner a otra persona a dirigir la Asamblea, en un año electoral como es el 2021», expresó Pallais.

Porras es uno de los principales operadores políticos de la represión de la dictadura al controlar la Asamblea, pero también actúa como un superministro  del gabinete del poder ejecutivo, debido a que, en los 13 años de régimen, es quien controla que se cumplan las órdenes de la pareja presidencial.

Porras es el secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), el brazo represor del régimen contra los trabajadores públicos, además de ser el segundo coordinador de la Juventud Sandinista (JS). Por encima de Porras en el control de los órganos de represión, solo está Murillo.

La continuidad de Porras en la presidencia de la Asamblea la somete a seguir como caja de resonancia de la campaña populista del orteguismo, sobre todo en un año de elecciones nacionales, afirmó el exvicecanciller Pallais.

«La Asamblea será una herramienta de publicidad de propaganda, de la aprobación de leyes de corte populista, de caja de resonancia de la dictadura del FSLN y que esté al servicio de su campaña, sometida y utilizándola como instrumento político», aseguró Pallais.

Las leyes represivas

En el 2020, los 70 diputados del FSLN le aprobaron al régimen un paquete de cuatro leyes para recrudecer la represión en contra de los ciudadanos, movimientos sociales y partidos políticos opositores.

Ese paquete lo integran la Ley contra el Ciberdelito, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley que inhibe de ser candidatos en las elecciones a los opositores, que el régimen determine que son «traidores a la patria», por promover sanciones en contra de la dictadura y sus funcionarios así como los que sean calificados de «golpistas» por impulsar protestas.

La reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por «crímenes de odio», constituye la cuarta arma legal del orteguismo contra la población. Esa reforma constitucional fue aprobada el 10 de noviembre del 2020, pero debe ser aprobada en una segunda ocasión en el 2021, para que sea aplicable legalmente. Esa sería de las primeras leyes a ser aprobadas en cuanto inicie el trabajo parlamentario, después del 9 de enero, según advirtió Porras el 15 de diciembre pasado en la sesión de clausura del período pasado.

La cadena perpetua por «crímenes de odio» incluirá reformar el Código Penal, el que estaría siendo preparado por una comisión de diputados y de la Corte Suprema de Justicia.

Incumplen con el proceso

Pero antes debe cumplirse el proceso de nombrar a la nueva junta directiva de la Asamblea, que en este caso se espera sean reelectos, por segunda ocasión, los siete diputados actuales.

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Legislativo establece que la junta directiva de edad debe ser convocada «con ocho días de antelación, por lo menos, para el único efecto de presidir la sesión en la que se elegirá a la junta directiva» que presidirá el período.

En este caso corresponde el quinto y último año de los actuales diputados, que fueron designados en las elecciones nacionales de noviembre del 2016, consideradas fraudulentas por partidos opositores y organismos de observación electoral nacionales.

Conforme el plazo estipulado en la ley, la junta directiva de edad se debió conformar el pasado sábado 2 de enero, sin importar que los parlamentarios estuviesen de vacaciones por las festividades de fin de año 2020.

Sin embargo, la misma ley da la opción de que la junta directiva de edad se convoque con 72 horas antes del 9 de enero. Es decir que a más tardar el 7 de enero deberá nombrarse a los cinco miembros, cuatro propietarios y un suplente, que integrarán la junta directiva de edad.

Ese equipo transitorio lo deben formar un presidente y vicepresidente que son los dos diputados de mayor edad, así como un secretario y un vicesecretario que serán los dos legisladores con menos edad, más un suplente.

Al revisar la lista de diputados, se identifica que la orteguista Gladys Báez es la de mayor edad con 78 años, y le siguen también del FSLN, Guillermo Arce Castaño y Arturo Valdés, con 75 años, aunque Valdés cumplirá 76 años en enero, por lo que le correspondería integrar la directiva de edad. Los dos diputados de menor edad serían la también  Jenny Martínez, de 36 años, y Wendy Guido, del Partido Conservador, quien también tiene 36 años de edad. Si se cumple la ley, Guido debería ser de los cuatro miembros de la junta directiva de edad.

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Pacto es el que manda

La diputada María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) —por designación del Consejo Supremo Electoral (CSE)— dijo a LA PRENSA que en las próximas horas conversaría con Porras sobre la conformación de la directiva parlamentaria.

«No sé cuál será la decisión, pero recuerda que ese tema de los diputados (en la junta) es en consenso que te toma», dijo Osuna.

Alejandro Mejía Ferreti es presidente de la Alianza Liberal Independiente (ALN),  y representa a la bancada PLI-ALN y Apre en la junta directiva de la Asamblea, como segundo secretario. Ferreti igual espera que a más tardar el próximo jueves se inicie el proceso para la selección de la nueva directiva, en la que el diputado del ALN repetiría como miembro.

Ferreti afirmó a LA PRENSA que «no hemos tenido ninguna comunicación al respecto» con los sandinistas, pero «esperamos que nos llamen para conversar», a fin de definir las negociaciones.

La Ley Orgánica del Legislativo, en el artículo 38 establece que «la composición de la junta directiva deberá expresar el pluralismo político y por consiguiente la proporcionalidad electoral en la Asamblea Nacional», es decir que las bancadas de los partidos deben tener el número de directivos siguiendo la cantidad de diputados electos en los comicios nacionales. Aunque en la práctica el número de directivos, las personas y los cargos que se nombran los deciden los pactos políticos o acuerdos entre los caudillos de los partidos representados en la Asamblea.

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Osuna es la tercera vicepresidenta de la junta directiva, puesto en el que fue favorecida desde enero del 2017 por el pacto entre el FSLN y el PLC,  y que ha perdurado desde entonces. La Asamblea es reflejo del pacto político entre el expresidente y caudillo del PLC, Arnoldo Alemán, con el dictador sandinista Daniel Ortega, quienes desde el año 2000 se repartieron los principales cargos para sus partidos políticos en todos los poderes estatales.

Bajo ese pacto es que la elección de Gustavo Porras en la presidencia de la Asamblea ha contado con los votos de todos los diputados del PLC en el primer nombramiento en enero del 2017. Luego cuando Porras se reeligió en enero del 2019, seis diputados del PLC lo apoyaron, incluida Osuna.

La diputada Osuna parece ser la favorecida ahora del orteguismo, puesto que en la litis que hay por el control del PLC con la fracción controlada por Alemán, Osuna mantiene la ventaja ya que el CSE le mantiene la representación legal del partido político sobre los intereses del también diputado Miguel Rosales, a quien el arnoldismo proclamó como presidente nacional.

La alianza entre Osuna y el FSLN también ha sido denunciada por miembros del PLC luego de que la diputada promoviera la desaforación y destitución como legisladora de María Fernanda Flores, esposa de Alemán. El pasado 26 de noviembre de forma sorpresiva Osuna presentó en la sesión plenaria de la Asamblea la solicitud para destituir a Flores, lo que se concretó con el voto de 80 diputados, entre ellos los 70 sandinistas, 8 del PLC y dos del PLI y Apre.