El sancionado presidente del parlamento nacional, Gustavo Porras, se centró en atacar a los sectores opositores al régimen, advirtiéndoles que la prioridad de la dictadura en el 2021 serán las reformas constitucionales, pero para concretar el proceso legal para instaurar la cadena perpetua por «crímenes de odio».
No hubo referencia a si finalmente el régimen negociará reformas electorales para tenerlas listas a más tardar en mayo, que es el plazo dado al régimen de Daniel Ortega por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que en Nicaragua hayan condiciones para comicios en noviembre del 2021 con transparencia y credibilidad.
«Ya fue aprobada en la primera legislatura (en el 2020), pero será lo primero que vamos a aprobar en el 2021, la reforma constitucional que abre la cadena perpetua por crímenes de odio», anunció Porras en su discurso de clausura de la XXXVI Legislatura de la Asamblea Nacional, este 15 de diciembre.
El pasado 10 de noviembre, los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) modificaron la Constitución para incorporar en el artículo 37, la cadena perpetua como «una excepcionalidad» cuando se cometan, a criterio del régimen, «delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional».
La pena máxima en Nicaragua por delitos atroces son 30 años. Sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso establecer la cadena perpetua por crímenes de odio, como parte de las normas de represión que usa para amenazar a la población opositora.
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Las reformas a la carta magna requieren dos legislaturas, es decir, hacerlo en dos fases para que sea legal. El primer proceso se cumplió en noviembre y, según Porras, lo finiquitarán cuando la Asamblea reanude funciones el 9 de enero del próximo año.
Es orden del dictador
El FSLN controla el Parlamento nacional al tener 70 de los 91 diputados en funciones, luego del fraude electoral de 2016. Esa mayoría permite a los sandinistas aprobar todas las leyes de interés del dictador Daniel Ortega.
Y precisamente la voluntad de Ortega es la que Porras dijo que van a cumplir, para instaurar la cadena perpetua, que incluirá también la modificación al Código Penal.
«El presidente de la República pidió que se abra la puerta para darle vida a la cadena perpetua por crímenes de odio. Ya están trabajándose la reforma al Código Penal, para que sea acorde con la Constitución», anunció Porras.
El Código Penal aún establece los 30 años de cárcel por crímenes atroces, pero deberá modificarse para adecuarlo a la Constitución, la que aún tiene dicha cantidad de años pero que, con la reforma, contempla imponer la cadena perpetua como una «excepcionalidad» para aquellas personas que califiquen los operadores judiciales del régimen como culpables por «crímenes de odio».
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Cierran camino a reformas esenciales
Este 15 de diciembre los diputados ante la Asamblea Nacional clausuraron la XXXVI Legislatura e inician las vacaciones de fin de año. De esta forma, se cerró la posibilidad de que los diputados aprobaran reformas electorales constitucionales, que demanda la oposición, entre las que destaca restablecer la prohibición de la reelección presidencial. Esos cambios obligatoriamente requieren que ser aprobados en dos legislaturas.
El Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), que integran abogados y especialistas en temas de elecciones, ha consensuado con partidos y movimientos opositores, así como organizaciones sociales, las propuestas que Nicaragua necesita para encauzar el camino de la transparencia en los comicios y, con ello, la democracia.
Esa propuesta incluye restablecer la prohibición de la reelección a la Presidencia en la Constitución Política y en la Ley Electoral, elevar el porcentaje al 50 por ciento más uno de los votos válidos para ganar la elección, además de agregar la prohibición de que el cónyuge del presidente en funciones sea candidato.
Para Ivania Álvarez, excarcelada política, al negarse las reformas electorales constitucionales, «se cierra las puertas a un proceso electoral creíble» en el 2021. «El régimen da muestras de que intentará perpetuarse en el poder repitiendo un fraude, y todos aquellos que queramos protestar vamos a tener las leyes encima, para regresarnos a las cárceles», criticó Álvarez, quien es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Los cambios al sistema electoral que aún son posibles son el nombrar nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), ya que los actuales carecen de credibilidad al responder a los intereses del dictador Ortega. La depuración del padrón electoral, quitar el control partidario de las estructuras electorales, otorgar personerías jurídicas a los partidos y movimientos políticos opositores, permitir a organismos de observación internacional y nacional sin restricciones, son parte de las propuestas del GPRE. Esos cambios tienen el apoyo de los sectores opositores como de la mayoría de la comunidad internacional que le demandan a Ortega garantizar unas elecciones transparentes.
«Sabemos que van a recrudecer la represión a partir de enero, porque es cuando entrarían en vigencia las leyes de Ciberdelitos, la de agentes extranjeros y, por lo anunciado hoy, la cadena perpetua, porque es prioridad del régimen de ponerse una coraza en contra de la libertad de prensa, de manifestación», dijo lvarez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Gonzálo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, opinó que a no ser la reforma electoral la prioridad, “se confirma la voluntad de la dictadura de ser el verdugo de la población”, al reforzar “ el sistema policíaco de facto que existe en Nicaragua desde hace 33 meses”.
“La Asamblea es instrumento de la dictadura, porque establecer la cadena perpetua es parte del combo de leyes nocivo para los derechos humanos en Nicaragua», dijo Carrión.
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Orquesta de aliados en sesión
A la sesión especial de cierre del trabajo del legislativo asistieron los magistrados la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la presidenta Alba Luz Ramos y el vicepresidente Marvin Aguilar, Juana Méndez y Armando Juárez, así como los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), Mayra Salinas, Norma Morena, Virginia Molina y Luis Benavidez.
Asistió la fiscal general, Ana Julia Guida; la presidenta del consejo de la Contraloría General de la República, María José Mejía García; así como embajadores de los países aliados a la dictadura como Honduras, los países aglutinados en el Alba, Rusia, Taiwán y el cónsul de Palestina. También participaron miembros del Ejército, de la Policía Orteguista, algunos diputados sandinistas ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), miembros de la Comisión de la Verdad —conocida como Comisión Porras—, entre otros funcionarios.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo ordena que el presidente de dicho poder rinda un informe sobre el trabajo de los diputados, pero Porras lo resumió en que aprobaron 72 normas, entre leyes nuevas y reformas a las existentes.
