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El gobierno de Daniel Ortega arribará este próximo 10 de enero a 14 años consecutivos en el poder con una economía con más sombras que luces, y cuyos avances económicos en casi década y media, desde que retornó al poder en el 2007, se han visto empañados en el último tramo de su tercer mandato tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018 a raíz de represión estatal.
Ortega inicia el último tramo de su tercer periodo consecutivo de mandato de cinco años con una economía golpeada por tres años de recesión que han hecho caer drásticamente la producción de riqueza con respecto a antes del 2017, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) llegó a registrar crecimiento máximo de 6.5 por ciento, por ejemplo, en el 2012.
No en vano el Banco Mundial advirtió en septiembre del 2020 que la pandemia y la violencia de los últimos años, que han destruido el empleo y socavado la confianza de los consumidores y las empresas, amenazan “los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde 2005”, situación que empeora por el declive en sectores como la construcción, comercio y restaurantes. La crisis, alertó el multilateral, ha tenido un alto costo social y económico.
En ese contexto, ¿qué ha sido lo bueno, lo malo y los desafíos del gobierno de Ortega durante 14 años consecutivos con el poder? ¿Ha tenido esto algún impacto en la vida de los nicaragüenses? ¿Cuál es la única salida para retornar al crecimiento económico con un modelo distinto al de antes del 2017?
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Lo bueno: Estabilidad macroeconómica
Desde su regreso al poder, el gobierno de Ortega ha sido reconocido por los organismos financieros internacionales por su capacidad de mantener estable los indicadores macroeconómicos, principalmente los relacionados con reservas internacionales, inflación, estabilidad cambiaria, estabilidad en la balanza de pago y déficit presupuestario controlado.
A criterio del economista Róger Arteaga, Ortega ha logrado mantener esa estabilidad macroeconómica, incluso hasta después de 2018, porque ha seguido al pie de la letra los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de cuyas políticas antes del 2007 fue un férreo crítico y “gobernaba desde abajo” para agitar las masas.
“Ortega ha sido un alumno aplicado del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo generalmente solo ve la parte macroeconómica y en ese sentido las variables han sido positivas hasta antes de descomponerse la situación política, pero antes como había un acuerdo entre el sector privado y Gobierno, entonces las finanzas se manejaron razonablemente bien y los resultados fueron positivos”, explica Arteaga.
Arteaga coincide con el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) Erwin Kruger de que también incidió el hecho de que los gobiernos a partir de Violenta Barrios de Chamorro, pasando por Arnoldo Alemán y hasta Enrique Bolaños, crearon las bases sólidas y establecieron los lineamientos que se debían seguir para asegurar la estabilidad económica, luego del desastre económico que heredó Ortega a Nicaragua al finalizar su primer periodo de gobierno en los años ochenta.
Según registros históricos del Banco Central de Nicaragua, en estos 14 años de Ortega en el Gobierno, incluyendo las previsiones del 2020, la economía ha caído en cuatro ocasiones, siendo en su tercer periodo de mandato consecutivo el ciclo económico más negativo, con tres años de recesión.
La inflación, muy ligada a la estabilidad de precios, según muestran las cifras, también se ha mantenido relativamente controlada. Luego de experimentar tasas de dos dígitos en el 2007 y 2008, desde entonces el Índice de Precio al Consumidor ha fluctuado entre el 9.2 y 0.9 por ciento.
En tanto, las Reservas Internacionales Brutas han pasado de 1,103.3 millones de dólares en el 2007 a 2,397.4 millones de dólares al cierre del 2019, impulsadas por préstamos externos.
Además el Gobierno se ha visto favorecido por el aumento de las remesas, que han sido clave en la reducción de la pobreza, el fuerte repunte de las exportaciones, impulsadas principalmente por el DR-Cafta; y la llegada de inversión extranjera directa, al menos hasta antes del 2017.
Una muestra de ese impulso de las remesas es que cuando Ortega llegó al poder en el 2007, los envíos sumaban 739.6 millones de dólares y para el 2019 habían ascendido a 1,682.4 millones de dólares.
La estabilidad macroeconómica “es importante porque proporciona confianza tanto en los consumidores como en los productores y empresas. Da certeza en el tipo de cambio, no hay especulación en cuánto va a valer mi producto o en cuánto va a valer el dinero que yo me gano. Eso es fundamental, es una condición fundamental, pero no suficiente”, advierte Kruger.
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Lo malo: No hubo desarrollo económico
Ambos economistas coinciden que si bien el mayor logro en estos 14 años de Ortega y que hasta hoy se mantiene ha sido la estabilidad macroeconómica, esta no ha propiciado un desarrollo real en Nicaragua y la situación empeora porque la riqueza que se venía produciendo no propició la reducción de la desigualdad.
“No hay una real distribución del crecimiento, o sea que todo el crecimiento se diluya y beneficie a la población, sino lo que ocurrió es que el acuerdo perverso del sector privado con el Gobierno hizo que toda la riqueza que se generara producto de las decisiones, de las políticas y de las leyes que aprobaron conjuntamente el sector privado con el Gobierno a quien benefició fue al sector privado y al nuevo gran capital del Gobierno, entonces no hubo distribución y prueba de ello es que la pobreza no se ha podido erradicar ni disminuir”, dijo Arteaga.
El acuerdo perverso, como lo llamada Arteaga, se refiere al modelo de consenso y diálogo que durante un década mantuvo el Cosep con Ortega, que llegó a su fin en abril del 2018, y que marca el último tramo presidencial del mandatario en su tercer periodo consecutivo y que finalizará en enero del 2022.
Es cierto, dice Arteaga, que los indicadores de pobreza estaban en descenso antes del 2018, pero advierte de la fragilidad de estos nuevos no pobre quedó en evidencia en la remecida que experimentó la economía tras el estallido social de abril.
Las últimas estimaciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) proyectan que la pobreza pasó de 20.3 por ciento en el 2017 a 29.9 por ciento al finalizar el 2020, en un lapso de tres años, lo que implica que el grupo de nicaragüenses viviendo en miseria se ensanchara de 1.3 millones a alrededor de dos millones en el periodo de referencia. Eso demuestra la fragilidad de los nuevos no pobre que estaba generando el sistema económico.
“No hubo desarrollo ni distribución de la riqueza”, enfatiza Arteaga, quien recordó que las estadísticas suelen ser “perversas”, pero que al final es lo que organismos como el FMI dan seguimiento y no necesariamente la calidad de estas cómo se ven reflejada en la gente.
“Mire, si hay un pollo y dos personas van a comer, de acuerdo con el Fondo Monetario, cada una se comió la mitad. Esa es la estadística, es lo que ven, sin embargo lo que pudo estar ocurriendo es que una se comió todo el pollo y la otra no comió nada. Es que ellos ven cifras, no ven lo que usted ve en el Oriental, la calle, los semáforos”, ejemplificó Arteaga.
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Empleos vulnerables
Otro indicador que refleja esa vulnerabilidad son las cifras de empleos. Al respecto, sugiere mirar la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que tan solo tres años de recesión con facilidad se destruyeron casi 200 mil empleos formales, situación que ha empeorado la fragilidad financiera, agravada por la corrupción.
Más allá de ello, para Kruger, desde el punto de vista económico lo malo en esta administración en década y media fue la decisión del Gobierno de entrar en un conflicto político-social como el de abril del 2018 y que ha tenido consecuencias “terribles” para la economía, aumentando el desempleo, la pobreza y destrozando la confianza empresarial.
La situación se ha visto empeorada, considera Kruger, por la política errada en materia fiscal, especialmente por la reforma a la Ley de Concertación Tributaria que puso en marcha en el 2019 y que a su criterio debe derogarse. Confía que eso se corrija en el 2021, luego que el asesor económico para la Presidencia, Bayardo Arce, reconociera en diciembre que la misma había sido “altamente exigente”.
En materia fiscal, Arteaga tiene una observación y cree que las medidas fiscales, más allá de la Ley de Concertación Tributaria, no han sido justas durante la actual administración porque el gran capital se recetó exoneraciones para pagar menos impuestos, relegando a las pequeñas y medianas empresas.
“Entonces volvemos a lo mismo, es una acumulación perversa de la riqueza que produce el país”, afirmó.
Urge aumentar la protección social y el gasto social
Para el sociólogo Óscar René Vargas, otro aspecto malo en este Gobierno ha sido la carencia de una verdadera política social que proteja a la población más vulnerable. No hay un plan que promueva la ocupación laboral de mujeres y jóvenes, que son los que han sentido el mayor efecto de la crisis en el trabajo, aseveró.
“Miles de personas trabajan por un ingreso que no les permite comprar una canasta básica alimenticia, con la que deben proveer a sus familias. Es decir, trabajar no es suficiente para garantizar que una familia pueda adquirir los bienes básicos, incluso comer. Son trabajadores que se encuentran en situación de pobreza laboral”, afirmó.
Igualmente, recuerda que la inversión en salud y educación en términos reales ha permanecido estancada.
“En el 2013, el promedio de la inversión en educación por alumno en Costa Rica alcanzó los 700 dólares anuales, frente a los 70 dólares por alumno por año en Nicaragua. Debido al rezago tanto en cobertura, deserción e inversión, de mantenerse las tendencias actuales, la brecha entre Nicaragua y los otros países centroamericanos tenderá a ampliarse”, ejemplificó Vargas.
El desafío actual
En cuanto a los desafíos, los especialistas coinciden en que para retornar al crecimiento económico se requiere resolver con urgencia la crisis política, porque es el único camino que tiene el país si quiere empezar a generar riqueza, recuperar los empleos perdidos, reducir la pobreza y estabilizar las actividades productivas.
Eso permitiría recobrar la confianza empresarial y la de los mismos organismos financieros internacionales. “Hay que resolver el problema político, con elecciones libres, justas y transparentes, con reforma electoral para que la gente sienta confianza en que van a ir a votar y van a elegir a quien quieren que gobierne”, dijo Róger Arteaga.
Una vez logrado ese proceso, entonces se deberá diseñar un plan de reactivación económica y de atracción de inversión nacional y extranjera.
Por su parte, Kruger cree que se debe procurar también siempre fomentar una política de diálogo y democracia para resolver crisis como la de 2018, para evitar la fuga masiva de capitales, daños económicos y retrocesos.