El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) debe rendir cuenta sobre qué acciones ya tomó para recuperar el millonario préstamo que otorgó a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) para que esta comprara las acciones de la inmobiliaria Vista Development SA, en un opaco proceso de triangulación de fondos, que en su momento involucró a la Policía Orteguista.
Una auditoría de la firma BDO Nicaragua, disponible en el sitio web de Enatrel con corte de diciembre 2019, reveló que el INSS junto con el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) emitieron a favor de Enatrel un préstamo por 4.40 millones de dólares para que esta recomprara las acciones que el INSS tenía dentro de Vista Development SA.
En el acuerdo de préstamo se contempló que en caso que Enatrel fallara en tres cuotas consecutivas, el INSS podría proceder a reclamar el retorno de dichas acciones. El reporte indica que dicho préstamo se iba a pagar mediante 40 cuotas trimestrales con abonos de 115,729 dólares y que en caso de que cayera en mora se iba a reconocer un interés de 0.01 por ciento sobre las cuotas vencidas. Pero además el INSS tenía la opción de “reclamar la devolución de las acciones en caso de falta de pago por parte de Enatrel de tres (3) cuotas consecutivas”.
Al respecto, la auditoría revela que Enatrel lleva 12 cuotas retrasadas de pago que conforme a este contrato el Instituto puede reclamar a Enatrel la devolución de las acciones y los derechos que se deriven por el incumplimiento de los pagos, lo que confirmaría que al menos hasta el cierre del año pasado el INSS no ha procedido contra la empresa estatal para recuperar el dinero de los cotizantes.
Ante la falta de explicación y los graves retrasos de Enatrel en el pago de la deuda, especialistas señalan que urge aplicarle a las finanzas del INSS una auditoría forense, no solo para llegar a fondo sobre el estado de estos préstamos millonarios sino también para buscar medidas correctivas a una entidad que acumula diez años de crisis.
El economista Róger Arteaga explica que este tipo de auditoría se realiza para conocer el origen por el cual una empresa quiebra o por qué ha ocurrido desvío de fondos. Las auditorías forenses también se practican a las cuentas por cobrar en particular cuando estas sean irrecuperables o se desconozca el origen. Aún conociendo los déficit presupuestarios que tiene Enatrel, el INSS se dio puerta abierta para financiarlo, lo que es inconsistente financieramente.
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“Lo grave del asunto es que el INSS se ha metido a negocios de urbanizador, y esa no es su función, este lo que necesita es que las reservas se manejen en bancos, en acciones, en bonos y en títulos que hagan crecer la reserva y con menos riesgos”, aseveró Arteaga.
Pero además Arteaga considera que el millonario adeudo de Enatrel con el INSS solo confirma el fracaso a voces que se ha denunciado de la entidad con recursos de los cotizantes.
Otros fracasos
Ejemplificó que el Seguro Social construyó el edificio Norte en las cercanías de la Rotonda Rubén Darío y no ha podido recuperar la inversión, además le dio un préstamo millonario a un miembro del directorio del INSS para un proyecto habitacional en Chinandega y al final este no pagó la deuda, entonces se evidencia la mala administración del instituto.
El edificio Norte es una torre con 64 apartamentos de lujo de entre 60 y 169 metros cuadrados. En su momento se conoció que la inversión ascendía a diez millones de dólares y que el precio de cada apartamento se ubicaba entre 2,100 y 2,500 dólares el metro cuadrado. En total el inmueble se vendería en 22 millones de dólares en un año, pero han pasado cuatro años y aún sigue sin venderse en su totalidad.
Mientras se mantenga la administración actual, aunque le siga ingresando dinero al INSS, lo que se hace es posponer la quiebra final, advirtió el economista. “La carta constitutiva del INSS apunta a recaudar las cotizaciones, administrar el fondo, pagar las pensiones, dar servicios de salud , pero lo que ha hecho este es hacer funciones de banca de fomento financiando proyectos habitacionales”, dijo.
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Agregó que los bancos tienen especialistas para ejecutar proyectos habitacionales que analizan y hacen dictámenes para tener certeza de que lo que se hace lleve la dirección adecuada.
“Ahora tienen un elefante blanco ahí que nadie lo ocupa, ni ellos le sacan nada porque son propietarios de un activo, de un edificio que no lo pueden administrar porque esa no es su función, entonces se han metido a hacer cosas que no le corresponden de acuerdo a su constitución”, reiteró.
Por falta de conocimiento de banca, el INSS ha financiado donde no era adecuado, aseveró Arteaga. “Si hubiera estado gente que supiera sobre inmobiliaria, sobre proyecto y sobre rentabilidad de los proyectos, las inversiones hubiesen sido diferentes o se da bajo condiciones donde no se ponga en riesgo el fondo de los pensionados”.
La auditoría forense evidenciaría todos los errores que han ido cometiéndose en la dirección del INSS. “Se tendría que comenzar con cambiar las autoridades que están dirigiendo esta institución porque solo así se podrá sacar al Seguro Social del atolladero en el que se encuentra”, precisó.
Añadió que si el INSS solicitara ayuda y asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar la auditoría forense, este se la prestaría gratis. “Lo que se debe hacer es ir a la raíz del problema para resolver la situación del INSS ya que si no se soluciona el déficit presupuestario la quiebra podría ocurrir en 2021 o principios de 2022”, avizoró.
Lo que dice su reglamento
Por su parte el especialista en Seguridad Social y abogado, Manuel Israel Ruiz, remarcó el reglamento financiero del INSS —acuerdo número 7 del Consejo Directivo, aprobado en la década del ochenta y vigente con algunas reformas—, que establece que se deben hacer las inversiones en los más altos estándares de seguridad y las inversiones deben de tener una tasa de retorno igual o superior a la que se tiene en la empresa privada. Sin embargo, el INSS parece ignorar este parámetro, a juicio de Ruiz.
No obstante, el decreto 974 de la Ley de Seguridad Social en sus artículos 11 y 12 establece que el órgano superior del Seguro Social es la máxima autoridad del INSS y que el consejo directivo tiene la responsabilidad de hacer las inversiones financieras con los recursos provenientes de las cotizaciones de los trabajadores, pero no se dice cómo se deben de invertir, es decir, si será en el sector privado o en el público.
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“En la década de los años ochenta, cuando yo dominé más y hasta el 2006, se tenía el criterio de que por cada cien pesos de inversión, 2/3 serían en inversión de alta seguridad y rentabilidad, 1/3 sería para inversiones sociales, es decir, compras de viviendas populares, préstamos a los asegurados (…) porque la idea era que actuarialmente de cada cien córdobas, 66 se invirtieran con la mayor rentabilidad posible”, especificó el abogado.
Ruiz reconoce que existe una regla de oro para los seguros sociales, y es que no importa dónde se invierta, puede ser en el sector privado, comprando bonos en el tesoro de los Estados Unidos, invirtiendo en Nicaragua o fuera, pero lo principal es tener un marco jurídico fuerte e invertir donde haya la mayor garantía.
“El mal no está en invertir en el Estado, sino en las garantías que tendré de que me van a pagar y que esta cuenta no se me convertirá en una cuenta de orden, es decir que no la pagarán”, manifestó.
