Félix Maradiaga, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), señaló que la decisión de Estados Unidos de incluir a Nicaragua entre el listado de países donde se viola el derecho a la libertad religiosa, representa un nuevo camino para que se den nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Maradiaga explicó que las amenazas, acoso, asedio y ataques que han sufrido sacerdotes católicos, así como pastores evangélicos y de otras denominaciones religiosas que han denunciado los crímenes del régimen, se han documentado para que sirvan como pruebas de que la represión del orteguismo se extiende a todos los sectores.
«Esta situación abre las puertas a más sanciones a la dictadura de Ortega, mientras esas violaciones persistan», afirmó Maradiaga.
Estados Unidos colocó a los regímenes de Nicaragua y Cuba entre los entre los países bajo «vigilancia» por involucrarse en violaciones a las libertades religiosas o tolerarlas.
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Los ataques de grupos del choque del orteguismo y de la Policía incluyen obispos y sacerdotes golpeados, incluidos el cardenal Leopoldo Brenes, su obispo auxiliar Silvio Báez y el representante del Vaticano, Stanislaw Waldemar Sommertag. Esos ataques sucedieron en el contexto de la brutal represión armada en contra de las protestas ciudadanas que iniciaron en abril del 2018.
El asedio en contra de los templos religiosos y el hecho que policías y paramilitares impidan el ingreso de feligreses a las iglesias, así como difamaciones en contra de curas católicos y hasta la expulsión migratoria de sacerdotes extranjeros. Y entre los hecho más graves está el atentado terrorista contra la Catedral de Managua, el pasado 31 de julio.
Estas acciones responden al ataque político del dictador Ortega contra la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Ortega ha acusado a los obispos de «golpistas» al no conseguir doblegarlos a su favor durante el fallido primer diálogo nacional, en mayo del 2018, en el que la CEN fue mediadora y testigo. Los obispos han denunciado los crímenes de lesa humanidad durante la crisis política, pero han sido constantes en exponer las violaciones institucionales desde que Ortega asumió el poder en 2007.
Para Maradiaga es «bochornoso» que Nicaragua sea parte de la lista de EE.UU., pero es resultado de las series de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de religioso católicos y de otras denominaciones.
«Bajo la actual dictadura se han visto actos de terrorismo y sacrilegios a templos católicos, sacerdotes golpeados, amenazados de muerte e incluso forzados al exilio. También hay pastores evangélicos y congregaciones denominaciones en similar situación», señaló Maradiaga.
Estados Unidos ha sancionado a más de veinte funcionarios del círculo de poder de Ortega, incluida la vicepresidenta designada y esposa del dictador, Rosario Murillo así como tres de los hijos de la pareja presidencial. Las sanciones individuales se sustentan en violaciones a los derechos humanos y corrupción. Unas nueve empresas de los negocios del régimen también han sido golpeados con las sanciones de EE.UU, con las que buscan cerrarle el financiamiento.
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La Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza también han aplicado sanciones individuales a personeros de la dictadura por su participación directa en las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
