El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó un nuevo marco legal de sanciones para funcionarios corruptos o violadores de derechos humanos, la cual es comparada con la Ley Magnitsky de Estados Unidos, con la que se sancionó en Nicaragua a Roberto Rivas, Fidel Moreno y otros colaboradores del régimen de Daniel Ortega.
De esta manera, la UE ahora tiene una legislación que castiga líderes corruptos y violadores de derechos humanos, y no a los países como tal, y en consecuencia a sus poblaciones.
The new EU Global Human Rights Sanctions regime is the first concrete deliverable of the EU Action Plan on Human Rights and Democracy. It allows the EU to target serious human rights violations worldwide, irrespective of where they occur.
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La Unión Europea informó que «dichas medidas restrictivas establecerán una prohibición de viaje que se aplicará a las personas y la congelación de fondos que se aplicarán tanto a las personas, como a las entidades. Además, las personas y entidades de la UE tendrán prohibido poner fondos a disposición de los enumerados, ya sea directa o indirectamente».
«El marco para las medidas restrictivas específicas se aplica a actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones o abusos graves de los derechos humanos (por ejemplo, tortura, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales, arrestos o detenciones arbitrarias). Otras violaciones o abusos de los derechos humanos también pueden estar comprendidos en el ámbito del régimen de sanciones, cuando esas violaciones o abusos sean generalizados, sistemáticos o sean motivo de grave preocupación en lo que respecta a los objetivos de la política exterior y de seguridad común establecidos en el Tratado (artículo 21 TEU)», cita la norma.
Corresponderá al Consejo de la UE, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecer, revisar y modificar la lista de sanciones.
El pasado 30 de noviembre, la diputada de la Unión Europea (UE), Soraya Rodríguez, dijo sobre el proyecto de Ley que se iban a asegurarse de que el nuevo marco legal establezca tres elementos importantes, como objetivos centrales a alcanzar.
«Debe contemplar la corrupción: los régimen corruptos vulneran los derechos humanos precisamente para mantener y perpetrarse en el poder. En segundo lugar, necesita contar con la participación de la sociedad: la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos que son víctimas directas de estos regímenes. Y en tercer lugar, necesitamos que la adopción de sanciones a los perpetradores directos, a los culpables directos de la violación de derechos humanos se puede hacer por mayoría cualificada (…) Por eso queremos la ley Magnitsky ya y queremos un ley completa. que permita dotarnos de un régimen de sanciones, para defender los derechos humanos», manifestó la eurodiputada a través de un video compartido en las redes sociales.
La Ley Magnitsky es la oportunidad de la UE de actuar ante la escalada de violaciones de Derechos Humanos.
En @RenewEurope buscamos que la Ley:
➡️ Castigue la corrupción
➡️ Cuente con la sociedad civil
➡️ Revise el requisito de unanimidad en DDHHNos lo cuenta @sorayarr_ 👇 pic.twitter.com/7DhJPAeHQS
— Ciudadanos Europa 🇪🇺🇪🇸 (@Cs_Europa) November 30, 2020
Rodríguez mencionó directamente a Venezuela, Nicaragua y Bielorrusia como país violadores de derechos humanos, que estarían siendo los primeros candidatos para aplicar a la Magnitsky europea.
«Venezuela, donde la alta comisionada de derechos humanos ha denunciado al régimen de (Nicolás) Maduro por crímenes contra la humanidad; Nicaragua donde el régimen político está encarcelando a los defensores de las libertades, a los opositores o la situación que se vive aquí muy cerca en Bielorrusia en la defensa de unas verdaderas elecciones libres, democráticas», expresó Rodríguez.
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Particularmente, Ley Global Magnitsky de Estados Unidos, autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.
Estados Unidos además creó una Ley de sanciones específica para Nicaragua, aprobada en diciembre de 2018, conocida como Nica Act. Más de 20 familiares y funcionarios de Daniel Ortega han sido sancionados por Estados Unidos, debido a la violaciones de derechos humanos y la corrupción que cometen bajo el régimen orteguista.
