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CONTENIDO EXCLUSIVO.La oficina de la Presidencia, donde despacha y reside el dictador Daniel Ortega y su familia, no es afectada por la crisis financiera que enfrenta el Estado de Nicaragua para responder a los daños dejados por los dos huracanes y la pandemia. Al contrario de las carencias que miles de familias están padeciendo, el dictador Ortega se recetó un aumento de 9.14 millones de córdobas (unos 267 mil dólares) para el funcionamiento de la Presidencia, en la reciente reforma al Presupuesto General de la República (PGR) del 2020.
Esos 9.14 millones de córdobas de incremento en el despacho de Ortega son principalmente para la compra de «productos farmacéuticos y medicinales», pagar servicio de protocolo y ceremonial, salarios, y la vigilancia y seguridad del búnker en que ha convertido toda la zona del reparto El Carmen, en Managua, donde se ubica su casa, que a la vez funciona como sede de la Presidencia y la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Con ese aumento, el presupuesto final de la Presidencia será de 360.5 millones de córdobas en el 2020.
Óscar René Vargas, sociólogo y analista político, duda que los recursos que aparecen en el documento de la reforma presupuestaria sean usados con el fin que se indica. Para Vargas, la falta de transparencia en la forma de gobernar en los casi 14 años de régimen orteguista le hace creer que los recursos serían para sostener el aparato clientelista de la dictadura.
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«Lo que está mostrando es que el dinero se usará para clientelismo político, para contratar personas o para darles dádivas a los militantes que se están moviendo para las elecciones o para seguir sosteniendo la represión. Para mí esa es la explicación. La razón de protocolo es para esconder el dinero y no decir que es para el clientelismo político», señaló Vargas.
¿Entre quiénes se repartieron C$8 millones?
De los 9.14 millones de aumento, ocho millones de córdobas fueron destinados a «transferencia corriente directa a personas naturales», sobre los que no hay explicación en el documento presupuestario en concepto de qué y a cuántas personas se beneficiará con el dinero público.
Los informes lo único que permiten determinar es que esa «transferencia corriente directas a personas naturales» pasó a ser un gran gasto en la Presidencia de forma sorpresiva y en total opacidad. Inicialmente, a ese rubro se le asignó 314,400 córdobas en el presupuesto aprobado para 2020.
Ortega y los funcionarios del Ministerio de Hacienda no explican en la iniciativa de reforma presupuestaria por qué hubo necesidad de incrementar ocho millones de córdobas en concepto de
«transferencia corriente directa a personas naturales».
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Otra vez impiden fiscalizar
La reforma a la Ley del Presupuesto del 2020 la mandó el dictador con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional, evitando así que la norma más importante de carácter económica sea sometida a un análisis por parte de los diputados para determinar en un dado caso que las modificaciones que hizo el régimen respondan a las prioridades de la población.
Mientras la dictadura pide dinero de emergencia a los organismos financieros internacionales para enfrentar los graves daños causados por los huracanes Iota y Eta, así como las consecuencias de la pandemia del Covid-19, Ortega se garantizó recursos estatales a su conveniencia.
Fueron 433,180 córdobas (alrededor de 12 mil dólares) el incremento para comprar «productos farmacéuticos y medicinales» en la Presidencia, según reflejan los anexos que acompañan a la iniciativa de reforma.
Se trata de un gran aumento a ese rubro, al que originalmente se había asignado 56 mil córdobas, pero que se explicaría a que en el contexto de la pandemia del Covid-19 se adquirieron insumos médicos y de reposición para ser utilizados por el personal al servicio de Ortega, su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo y su familia.
Que Ortega y Murillo se garantizaran el dinero de los impuestos de los ciudadanos para mantener los mecanismos de prevención de la pandemia para ellos, su familia y su personal, contrasta con su política hacia la población, ya que se negaron a implementar medidas de confinamiento social para evitar el contagio del Covid-19, tampoco realizaron pruebas masivas para detectar los nuevos contagios y no aplicaron el resto de acciones conforme a los protocolos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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Asamblea Nacional también «premiada»
Otra de las instituciones premiadas con aumentos presupuestarios es la Asamblea Nacional. Son poco más de cuatro millones de córdobas el incremento al poder legislativo, dirigidos principalmente a pagar alimentos y bebidas, así como hacer «transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales» que no son detallados en la iniciativa de reforma al Presupuesto 2020.
La modificación presupuestaria está prevista que la aprueben los diputados el próximo miércoles 9 de diciembre.
