Información extraoficial señala que el dictador Daniel Ortega enviará próximamente la propuesta de reforma a la Ley Electoral para que sea negociada con los partidos políticos en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el diputado orteguista Wilfredo Navarro afirmó a LA PRENSA que ese tema será abordado hasta en el 2021.
«Están trabajando en ella, parece que hay unas propuestas, pero eso será hasta el próximo año. No creo que en noviembre y diciembre se discuta» (del 2020), aseguró Navarro, quien fue del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), pero se pasó a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alianza que le permite ser el segundo secretario de la Asamblea Nacional.
LA PRENSA logró confirmar que quienes han trabajado el texto de la reforma electoral son los sancionados presidente de la Asamblea, Gustavo Porras y el del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell. Ambos funcionarios junto al coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, vienen «afinando» la propuesta por medio de una serie de reuniones en el despacho de Porras, según fuentes legislativas.
Porras y Campbell están sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos y corrupción, por propiciar fraudes electorales y la represión en Nicaragua.
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Sin embargo, la explicación de Navarro es que el régimen atrasará lo más que pueda abrir la negociación para modificar la Ley Electoral. El proceso incluso podría tardar hasta agosto del 2021, cuando queden tres meses para las elecciones nacionales previstas, a fin de que coincida con el plazo en que normalmente el CSE autoriza la campaña a los partidos políticos y alianzas.
«Aquí ya se dijo que se tendrá discusión con los partidos legítimos con representación en la Asamblea Nacional», afirmó el operador orteguista.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, en octubre, una resolución dando el plazo de a más tardar mayo del 2021 para que en Nicaragua se cuente con una modificación al sistema electoral, que incluya un profundo cambio en las estructuras del CSE, del padrón de votantes, que se facilite la observación internacional de credibilidad entre otros aspectos técnicos y políticos que permitan a los nicaragüenses votar de forma libre, justa y transparente.
Cambios serán «cosméticos»
Fuentes políticas indican que Ortega no pretende ceder a la presión de la OEA ni del resto de la comunidad internacional, como la Unión Europea y Estados Unidos, aún con el riesgo de que no sea reconocido como legítimo el próximo gobierno que resulte de los comicios nacionales del 2021.
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La reforma que cederá el dictador serán solo cambios «cosméticos», los que intentará validar argumentando en que se basan en las recomendaciones que dio la OEA antes del estallido de la crisis social y política en abril del 2018, que fue causada por la represión a las protestas sociales.
«No es la reforma que están pensando los encantadores de serpientes de la Alianza Cívica y la Coalición Nacional. (…) Aunque esto puede cambiar de un momento a otro, aquí la guía es el formato de la OEA. La cuestión técnica, la de la conformación de las Juntas Receptoras (de Votos), todo meramente técnico», afirmó Navarro.
El Grupo Promotor de Reformas Electoral (GPRE) presentó una propuesta que fue apoyada por la Coalición Nacional, la Alianza Cívica así como cámaras empresariales, sectores educativos y sociales. Entre los puntos esenciales está prohibir la reelección presidencial, la candidatura del cónyuge de quién ocupa la Presidencia, así como la renovación de todos los magistrados del CSE, por profesionales que le devuelvan la credibilidad al proceso en Nicaragua.
El CSE es controlado por magistrados que son operadores políticos del FSLN, que le han favorecido los fraudes electorales para que Ortega permanezca en el poder desde el 2007.
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Navarro se burló de la demanda de los sectores opositores diciendo que pensar en inhabilitaciones, son «sueños de opio».
«En el tema de los magistrados no hay que reformar nada, solo tienen que nombrarse o revalidamos a los que tenemos, pero eso requiere que haya la voluntad política para decidir», expresó Navarro.
El operador orteguista reveló parte de las pretensiones del régimen es tener la mayor cantidad de partidos políticos participando en las elecciones del 2021 e incluso llamó a los movimientos políticos que integran la Coalición Nacional a que «aprovechen» la oportunidad que dio el CSE al extender el plazo para obtener la personería jurídica, hasta cinco meses antes de los comicios, es decir junio del 2021. Pero advirtió Navarro que no se les dará una casilla electoral a la Alianza ni a la Coalición como organizaciones.
«La Coalición Nacional que espere que haya una solución del problema (de la litis) del PLC para que los represente en la negociación de la reforma electoral en el parlamento, o la Alianza que confíe en Ciudadanos para la Libertad porque son los partidos que los pueden representar», afirmó Navarro.