En siete ocasiones, cinco a través de escritos y dos de forma verbal en audiencias, las hijas del preso político José Alcides Zeledón Urbina, de 56 años, han solicitado la libertad de su padre, pero el sistema judicial, en un claro abuso y mostrando una serie de irregularidades procesales, se rehúsa a liberarlo.
Joslim Zeledón, hija de Alcides, aseguró que este lunes introdujeron en los Juzgados de Matagalpa, un escrito en el que solicitan al Juez Distrito Penal de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, Alberto Martínez, que deje en libertad a su padre. Mientras Adelia Pineda, esposa del reo de conciencia, quién es abogada, afirmó que su esposo cumple con todos los requisitos legales para no continuar en la cárcel.
«Lo último que supimos como sus hijas es que su estado de salud no es muy bueno, ya que está en huelga de hambre. Nosotros estamos solicitando una visita al Sistema (Penitenciario). No lo hemos hecho por escrito, pero sí hemos buscado la manera de hacerlo para solicitar una visita de nuestra parte hacia él, para que vean que nosotras estamos resarcidas por el daño y que lo queremos libre», dijo Joslim.
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Ella aseveró que su padre y hermanas participaron de las marchas cívicas en contra del régimen, por lo que quedaron vistas como opositoras. Recuerda que el 20 de diciembre de 2018 seis policías la detuvieron sin ningún motivo.
«En ese momento mi papá se había ido del país, me preguntaban dónde estaba mi papá y por unas armas que supuestamente él tenía. Me dijeron que me iban a meter a una celda donde me golpearían, pero no lo hicieron porque les dije que estaba embarazada, entonces me metieron donde estaban otros presos políticos. Luego me soltaron el 23 de diciembre de ese año. Yo producto del estrés el 9 de febrero de 2019 perdí a mi hijo», dijo con voz quebrada Joslim.
Saña contra Zeledón
Las hijas de Zeledón interpusieron una denuncia en contra de su padre por el delito de intimidación o amenazas contra la mujer y él fue capturado el 19 de noviembre de 2019 por la Policía Orteguista (PO). Fue condenado a una pena de dos años de cárcel en el juicio de primera instancia.
Según Joslim, ella y sus hermanas Olga, Veralci e Hilda Zeledón Blandón «nunca medimos las consecuencias de lo que implicaba poner una acusación contra nuestro padre». Denunció que a su progenitor no le entregan la comida que le llevan y no le permiten visitas.
Alcides fue víctima de un supuesto «un error» cometido por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa (TAM), quienes el pasado viernes 9 de octubre emitieron una sentencia a favor de su defendido, en la que ordenaban su libertad, pero esta fue revocada tres días después. Los magistrados argumentaron «un supuesto error involuntario».
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Manejo político
La esposa de Alcides dijo que al caso se le ha dado un manejo político y no apegado a derecho. «Las cosas se han manejado de manera ilegal, no hay manera o argumentos que pudiera usar el Juez de Ejecución de Sentencia para negar la libertad a él, él tiene derecho al beneficio de la libertad porque cumple cabalmente con todos los requisitos que la ley exige», aseveró.
Por tratarse de un delito leve que podía resolverse con una mediación entre las partes involucradas, no admite el recursos de casación, por lo que ahora el preso político continúa a voluntad y capricho de los operadores de la dictadura.
Santiago Duarte, abogado de Alcides, relató que su cliente es un comerciante de Jinotega que no se metía en política. En el contexto de las protestas que iniciaron en abril del 2018 contra la dictadura en casi todo el país, Zeledón sintió temor que robaran en su negocio ya que simpatizantes del régimen habían amenazado con robar en los negocios ubicados en el mercado de Jinotega.
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Agregó que la acusación de las hijas de Zeledón se debió a que él les pidió rendición de cuentas de los negocios que le pertenecen y al sentirse ofendidas lo denunciaron, mientras Joslim dijo que «todo ocurrió porque nos faltamos al respeto, ojalá hubiesemos llegado a un acuerdo en una mesa de diálogo», lamentó.
Fabricaron otro caso
Ante esta situación, los opositores que se mantenían en los tranques le brindaron protección a los negocios de Zeledón y como gratitud el ahora preso político los apoyó con comida. No obstante, el 16 de junio del 2018 la PO señaló a Zeledón Úbeda, Denis Hernandez, Alvaro Jesús Palacios Ortiz, Jeysi Junieth Lagos y a Francisco Daniel Espinoza Rivera de andar huyendo luego que supuestamente secuestraran a Clara López Dalmasio, de 31 años, en el tranque que resguardaban en el barrio Sandino, de Jinotega.
Los hombres, según la PO, le habrían robado a López, la desnudaron y torturaron “utilizando agujas para pincharle los dedos de sus pies y ambas piernas”. Además la habrían interrogado para obtener información de agentes policiales. La Policía Orteguista sostuvo que la drogaron, le rociaron gasolina “amenazando con quemarla viva”, le vendaron los ojos e intentaron asfixiarla con una bolsa plástica.
Los opositores fueron vinculados a secuestro, asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones. No obstante, a pesar de los graves señalamientos Zeledón no fue acusado por esos delitos.
