La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentará una «moción de revisión» para que en la Coalición Nacional se discuta la conveniencia de que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) siga siendo parte de la plataforma opositora, mientras ese partido siga controlado por el caudillo y expresidente Arnoldo Alemán y su esposa María Fernanda Flores.
La reacción del consejo político de la UNAB es consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), en contra del expresidente Alemán, Flores y dos de sus hijos, incluida la contralora María Dolores Alemán Cardenal, a quienes se les prohibió el ingreso al territorio estadounidense, por «actos de corrupción» durante el gobierno de Alemán (1997-2002), que aún siguen afectando al pueblo nicaragüense.
«Este problema estructural de uno de los miembros de la Coalición Nacional obstaculiza el
fortalecimiento de la lucha y debe ser resuelto a la mayor brevedad. Por este motivo, la
Unidad Nacional presentará al Comité Nacional de la Coalición una moción de revisión de la forma de participación del PLC, reconociendo a valiosos liderazgos liberales, para quienes las puertas de la Coalición deben seguir abiertas», informó la UNAB.
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LA PRENSA no ha logrado una reacción de parte de Alemán y Flores, como tampoco del presidente designado por el arnoldismo en el PLC, Miguel Rosales, quien es uno de los representantes en la Coalición.
En el comunicado se señaló que la medida de EE.UU. hacia Alemán, su esposa la diputada Flores y dos de sus hijos, y exponen además la «complicidad en el desmantelamiento de la institucionalidad democrática» del caudillo a través del pacto con el dictador Daniel Ortega, para reformar la Constitución y la Ley Electoral bajando el porcentaje de votos requeridos para ganar la elección, lo que permitió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) retornar al poder en el 2007.
La relación entre Ortega y Alemán, para la Unidad Nacional «reafirma el riesgo que significa la presencia de un PLC bajo la influencia de la familia Alemán en la Asamblea Nacional, ante las pretensiones de la dictadura de negociar unas reformas electorales a su medida».
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El PLC con su alianza con el FSLN logró que se le designaran 14 diputados en las elecciones nacionales del 2017 en un proceso que fue denunciado de fraudulento por sectores opositores y organismos de observación nacional.
A pesar de que el partido rojo se presenta como un adversario al sandinismo, se ha negado a que sus diputados renuncien a los escaños, una demanda que no fue escuchada ni siquiera durante la brutal masacre de la Policía Orteguista (PO) y grupos parapoliciales del régimen, en contra de las protestas sociales que estallaron en abril del 2018.
La Coalición Nacional la integran la UNAB, el PLC, el Movimiento Campesino, el Partido de Restauración Democrática (PRD), el partido indígena Yatama y el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). La Alianza Cívica, que agrupa a sectores sociales opositores, era parte de la Coalición, pero se retiró luego de desacuerdos sobre la conducción de la plataforma, incluida la hegemonía en las decisiones por parte del partido rojo.
La incorporación del PLC a la Coalición Nacional ha provocado crisis debido a que se le acusa a los dirigentes liberales de pretender controlar las decisiones, además que sus dirigentes al responder a Alemán y Flores sus intereses serían debilitar la plataforma. Incluso el PLC fue promotor de no permitir el ingreso de los movimientos juveniles que lideraron la rebelión de abril con voz y voto independiente a la Coalición, siendo esta una de las causas de que la Alianza Cívica se saliera de la plataforma opositora.
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La UNAB reclamó en su comunicado que el partido rojo no ha querido resolver sus problemas internos, como la litis por el nombramiento de directivas sin haberse realizado elecciones partidarias. María Haydée Osuna y Miguel Rosales se disputan la presidencia de ese partido, y el pleito legal está pendiente de que lo resuelva el Consejo Supremo Electoral (CSE).
La Unidad Nacional reclamó que durante tres meses se le ha demandado a la dirigencia del PLC una solución a su crisis interna, por lo que «las muestras de esos cambios se hacen impostergables».
La dictadura de Ortega está pendiente de que convoque a una negociación de reformas electorales, de cara a las elecciones nacionales del 2021. Sin embargo, el régimen ya anunció que solo negociará con partidos políticos con personería jurídica y representados en la Asamblea Nacional, dejando fuera a los sectores sociales, campesinos, políticos, empresariales y estudiantes que han liderado la resistencia durante más de dos años.
EE.UU. mandó claro mensaje
El opositor y exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, manifestó que la acción de Estados Unidos de impedir el ingreso de la familia Alemán a su territorio, demuestra que ese país es coherente en la lucha contra la corrupción y está a favor de la democracia.
«Vemos que es parte de la lucha que hace Estados Unidos a nivel de toda América y nosotros somos parte de esa lucha y vemos bien que se siga trabajando por la limpieza de la política, por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad de expresión y todas esas causas que nos pueden llevar a tener democracia, a tener libertades y a tener justicia, porque esas son las causas que nos inspiran», dijo el exdiplomático.
Dávila, quien es parte de la Alianza Cívica, espera que otros países y organismos internacionales también tomen acciones para empujar un cambio democrático en Nicaragua.
«Ojalá que Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU, toda la comunidad internacional sigan dando pasos para que en Nicaragua pueda darse una apertura democrática, a presionar a Ortega para que dé reformas electorales, que permita elecciones libres y así los nicaragüenses tengamos derecho al gobierno que queramos, sin ninguna coacción sin ninguna violencia como un paso hacia la democratización del país», agregó.
