Como codirector de LA PRENSA en los años 80, durante dos años y medio fui testigo diariamente de lo que es la censura previa cuando el gobierno que la aplica tiene un poder absoluto y un criterio totalmente arbitrario en su aplicación.
Las cosas más absurdas que no tenían contenido político alguno eran censuradas, como la foto de un elefante esquiando en las aguas de la Florida, quizás porque los censores detectaron en ella un mensaje subliminal a como efectivamente informalmente nos comunicaron: “diversionismo ideológico”.
LA PRENSA estaba distrayendo la atención del pueblo de las verdaderas tareas revolucionarias: cavar las trincheras durante los “domingos rojinegros” para defendernos de la “inminente invasión imperialista” que nunca terminó de llegar.
Una vez, recuerdo, que fue censurado un comunicado oficial del Ministerio de Salud alertando a la población que una donación búlgara de latas de conserva estaba en mal estado y su ingestión podría traer consecuencias a la población. La razón de dicha insólita censura: “Pedro Joaquín no te hagas el inocente —me dijo la entonces jefa de la oficina de censura, teniente Nelba Blandón (q.e.p.d.)— a lo largo de nuestra historia hemos importado miles de toneladas de latas del “campo capitalista” y ahora que recibimos la primera donación del “campo socialista” vos quieres enviar el mensaje subliminal de que los países del “campo socialista” quieren envenenar al pueblo nicaragüense”.
Eso ocurrió durante la primera dictadura de Ortega, en el siglo pasado. Ahora en pleno siglo XXI, los mismos nos presentan una forma más moderna y universal de censura, es como si tenemos una aplicación obsoleta en nuestra computadora y de pronto decidimos “actualizarla”. Solo que ahora los “técnicos” que están “actualizando” la aplicación llamada “Ley de Ciberdelitos” es la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, con el fin de darle carácter de “legalidad” a una flagrante violación a la libertad de expresión.
Como lo han señalado periodistas independientes, la nueva ley de autocensura del siglo XXI contempla hasta 4 años de prisión a quien o quienes “usando tecnologías de información y la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”. Art. 30.
¿Quién decide lo que es información falsa, o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o parte de ella, o una sola persona, o su familia?… Los que redactaron esta ley dejaron muchas puertas de la prisión abiertas, para el que se les ocurra acusar y como ahora es a toda la población que afecta la ley, porque todo el mundo usa las redes sociales, el universo potencial de su aplicación es enorme, prácticamente toda la población.
Esta ley es mucho más grave que la censura previa, porque se le puede aplicar a cualquiera por cualquier motivo. Al menos cuando la foto del elefante esquiando o las latas de conserva de Bulgaria en mal estado, nosotros sabíamos de previo lo que los censores no querían que se publicara y la condena de la desobediencia era el cierre temporal o definitivo del medio, pero no la cárcel.
Ahora cualquiera que teclea o chatea con su celular y le reenvía una noticia está pisando arena movediza, ya no digamos los periodistas, que diariamente nos informan a través de plataformas digitales, ahora que la gran mayoría de los medios televisivos convencionales están en poder del régimen.
Finalmente, con la “ley de regulación de agentes extranjeros” o Ley Putin y esta novedosa “ley de censura del siglo XXI”, nos estamos acercando cada vez más a “la dictadura perfecta” de Kim Jon-un en Corea del Norte.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.
