LA PRENSA ofreció en su edición de este miércoles 27 de octubre, una impresionante información sobre la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la cual se ha agravado tanto que la institución está a punto de colapsar.
Basada en datos oficiales tomados del Proyecto de Presupuesto General de la República para el próximo año, la información señala que el INSS cerrará el 2020 con un déficit financiero de 6,219 millones de córdobas, equivalentes a unos 182.3 millones de dólares. Esto se debe no solo a la crisis socioeconómica y política que azota al país desde el estallido social de abril de 2018 y la sangrienta represión de la dictadura, agravada por la pandemia del Covid-19, sino también y sobre todo por la corrupción y la irresponsabilidad del régimen en el manejo del INSS.
Las cifras presentadas en la información de LA PRENSA son ilustrativas de la dramática caída de las finanzas del Seguro Social. En 2006, último año del gobierno de don Enrique Bolaños, el INSS tuvo un superávit de 1,183.8 millones de córdobas. Este subió a 1,691 millones en 2007 por el empuje que llevaba el crecimiento de las finanzas del INSS en el último gobierno democrático, hasta que Ortega tomó de nuevo el poder en 2007. Ahora, en vez superávit el Seguro Social tiene un déficit de 6,219 millones de córdobas, como ya lo hemos dicho, el cual, según los cálculos del mismo Gobierno aumentará en 2021 a 8,050 millones de córdobas, equivalentes a 229.1 millones de dólares.
El experto argentino Carlos Alberto Livellara, escribe en un amplio ensayo que “la Seguridad Social nació y se desarrolló para dar respuesta a una aspiración humana, que se ha manifestado y se manifiesta individual y colectivamente en todas las poblaciones y en todas las épocas. Es la aspiración del hombre a la seguridad, a estar cubierto de los riesgos y contingencias que la vida le puede deparar”.
Pero la seguridad social no es un regalo del Estado a los trabajadores y menos una caridad de los gobernantes. Aparte de que es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los asegurados pagan la sustentación de este derecho. Cada semana, quincena o mes, según sea la modalidad de pago de los salarios y sueldos de los trabajadores, estos abonan una determinada cantidad de dinero para sustentar las finanzas del Seguro Social y tener acceso a los servicios de salud, prestaciones y pensiones de retiro. Por su parte, la patronal aporta una suma mayor por cada cotización laboral y el Estado hace lo mismo, pero este con el dinero que paga la misma gente que trabaja, produce y crea riqueza.
De manera que moral y políticamente es un crimen que los fondos del Seguro Social sean saqueados y despilfarrados por funcionarios corruptos e irresponsables, que los utilicen para fines políticos y financiar proyectos lucrativos de funcionarios gubernamentales o sus parientes y amigos. Lo cual es lo que ha ocurrido desde que Daniel Ortega volvió al poder en enero de 2007 para instalar su nueva dictadura y por lo cual el INSS está en la bancarrota.
Como ya lo dijimos en otra ocasión, aunque solo sea por el manejo corrupto e ineficiente del Seguro Social, quienes detentan el poder no tienen derecho de seguir gobernando.
