Entre la resolución sobre Nicaragua aprobada el miércoles 21 de octubre en la 50 Asamblea General virtual de la Organización de Estados Americanos (OEA), y lo acuerdos firmados entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y seis representantes del régimen de Daniel Ortega, el pasado 27 y 29 de marzo de 2019, existe una sintonía en la urgencia de la restitución de la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses, que permitan una solución pacífica a la crisis sociopolítica que afecta al país desde hace más de dos años, coinciden especialistas.
El politólogo José Antonio Peraza manifiesta que todas las organizaciones opositoras y los organismos internacionales comprometidos con la democracia de Nicaragua, han definido que hay condiciones que son habilitantes y que no se puede entrar en una «negociación» esos puntos tan importantes.
La OEA puso un plazo hasta mayo de 2021 para que el régimen de Ortega reforme el sistema electoral, de cara a realizar elecciones libres y justas en noviembre del próximo año. También instan a la dictadura a respetar plenamente el orden constitucional, liberar a todos los presos políticos, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales en la Carta Democrática Interamericana.
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Pero estos no son acuerdos o condiciones nuevas ni desconocidas por Ortega, quien ha mostrado poco o nulo interés, desde el pasado 27 de marzo de 2019, cuando el régimen se comprometió a cumplir con la «liberación definitiva» de todos los presos políticos en un plazo acordado no mayor de 90 días, que cumplió parcialmente, ya que hasta a la fecha se encuentran más de cien manifestantes opositores encarcelados.
El 29 de ese mismo mes el régimen firmó con la oposición el acuerdo de cumplir los derechos y las garantías ciudadanas (derechos a protestas, cesar las detenciones ilegales, restablecer la libertad de prensa, desarme de paramilitares, garantías procesales, derechos económicos y secuestros), pero tampoco ha cumplido.
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«Los acuerdos que firmó el gobierno con la Alianza Cívica en marzo de 2019, que son básicamente las libertades públicas fundamentales; como la liberación de los presos políticos, reformas electorales, movilización, reunión y libertad de expresión son las mismas exigencias que le ha hecho el Parlamento Europeo y la OEA, pero que cada día el gobierno se comporta peor», expresó Peraza.
Mismas demandas, ¿misma actitud?
El pasado 8 de octubre el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución que le recordó a Ortega la cláusula democrática establecida en el Acuerdo de Asociación (Ada) entre la Unión Europea (UE) y los países de Centroamérica. «Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, democracia y los derechos humanos. Dadas las circunstancias actuales, la cláusula democrática del Ada debe activarse sin demora», estableció el PE.
La diputada española, Izaskun Bilboa Barandica, expresó su apoyo al envío de una delegación a Nicaragua «en cuanto sea posible». Señaló también, que «los acuerdos alcanzados en 2019 para buscar una salida pacífica, dialogada y duradera a una crisis sin precedentes, organizar unas elecciones libres y reanudar la convivencia han quedado en aguas de borraja y la responsabilidad del fracaso es de quienes promueven leyes como la regulación de los llamados ‘agentes extranjeros’ o la que bajo la excusa de combatir el cibercrimen ‘santifica la censura’, ambas flagrante violación de principios democráticos básicos y de tratados internacionales firmados por Nicaragua».
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Por su parte, el jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, expresó que en las partes considerativas de ambas resoluciones (PE y OEA) mencionan el incumplimiento del régimen sobre los acuerdos firmados con la oposición, y de igual manera demandan el cumplimiento de ellos.
Asimismo, manifestó que en la posición de las condiciones habilitantes que ha establecido la agrupación opositora, consideran indispensable el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y la Alianza Cívica. «Es toda una armazón nacional e internacional que establecen que entre las condiciones habilitantes para determinar si las elecciones pueden darse bajo estándares internacionales, todas pasan por el cumplimiento de esos acuerdos», dijo Pallais.
En los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019, también se establecen reformas electorales, sin embargo, Pallais, indica que el tema de las reformas electorales ha avanzado mucho más ahora, porque en los acuerdos se plantearon los elementos de las reformas electorales. «A esos acuerdos la oposición llegó con posterioridad, pero ya hay una propuesta unificada de reformas electorales que le fue entregada a la OEA antes de la Asamblea General y que es respaldada en forma expresa en la resolución de la OEA», agregó.
Cumplimiento antojadizo
Pallais recordó que el régimen cumplió parcialmente con algunos acuerdos, mientras que en otros no cumplió con lo establecido, sino que avanzó en restricciones, recrudeció la represión y continúa violentando los derechos de los nicaragüenses.
«Muy parcialmente cumplió lo de la liberación de los presos políticos, totalmente en forma incompleta, maliciosa y de mala fe, porque se comprometió a liberar a todos los presos políticos, no salieron todos y tampoco los libero definitivamente. Con relación a las garantías ciudadanas no cumplió ninguna, en esos acuerdos establecía los derechos de movilización, expresión y reunión sin ningún permiso, pero ahora ha empeorado el acoso y asedio contra las reuniones privadas de los opositores», denunció Pallais.
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El jurista agregó que el régimen tampoco cumplió con el retorno seguro de los exiliados y el regreso de organismos internacionales para supervisar el seguimiento de los derechos humanos, que demandan y exigen tanto organismos nacionales e internacionales, así como las organizaciones opositoras.
«Sobre la libertad de expresión estamos peor, no cumplió y ahora cercena el derecho de informar y de ser informado, la devolución de los bienes confiscados, también cumplió de forma parcial, porque no liberó toda la materia prima retenida de La Prensa y mantiene aún la confiscación de los medios independientes», señaló Pallais.
Ante la violación de los acuerdos firmados, de parte del régimen, la Alianza Cívica anunció el 20 de mayo de 2019, que se retiraba de la mesa de negociación que había mantenido con seis representantes de la dictadura desde el 27 de febrero de ese mismo año, hasta que el régimen cumpliera con liberar a todos los presos políticos, que para entonces continuaban 232 en las cárceles.
Ambos expertos, recuerdan al régimen de Ortega que de seguir resistiéndose a cumplir con los acuerdos firmados con la oposición y las resoluciones de la OEA y el PE, podrían cancelar el Acuerdo de Asociación (Ada) y el Trato de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés).
«Cada día el gobierno se comporta peor, por lo tanto vamos a seguir exigiendo lo mismo (reformas electorales y el cumplimiento de las garantías ciudadanas) hasta que halla una apertura pronto, porque el límite ya esta claro, Mayo de 2021, proceso que debería iniciar ya el gobierno», añadió Peraza.
