En las últimas semanas fueron publicados unos artículos en los cuales expliqué por qué la vacante en la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. que dejó la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg (RBG) puede y debe llenarse. A esta fecha, la juez Amy Coney Barret, de insuperables credenciales, ha sido nominada por el Ejecutivo y se encuentra en un proceso de confirmación en el Senado que inició el 12 de octubre y se espera concluya con una votación a favor de su confirmación hoy lunes 26.
Ahora, ante la aparentemente inevitable confirmación de una juez de tendencia conservadora y originalista, los demócratas y sus locutores en los medios de comunicación afines a ellos (conocidos como “mainstream media” o “MSM”) empujan la idea de agregar más jueces a la Corte Suprema de Justicia si logran ganar las elecciones presidenciales y retomar control del Senado en 2021 (esto en adición a las continuas e inminentes amenazas de violencia que se multiplican en cuentas verificadas en redes sociales de personas que se identifican con el Partido Demócrata).
Para entender mejor todo lo que esto implica, es necesario recordar que los llamados “Padres Fundadores” de EE.UU., al establecer la figura de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la Convención Constitucional en 1787, dejaron algunos detalles sin abordar. Por ejemplo, no hay requisitos constitucionales de ciudadanía, experiencia o edad mínima; así como tampoco hay indicación en cuanto al número de magistrados que integrarían dicha Corte.
Esos detalles deben ser tratados y resueltos por los otros poderes (el Legislativo y el Ejecutivo). Lógicamente, deberían de abordarse a la luz de la existencia de una separación de poderes y la permanencia de un sistema de controles y equilibrios. El mantenimiento efectivo de la forma de unión y gobierno tan cuidadosamente desarrollada por “Padres Fundadores” (una república federal y una democracia constitucional y representativa) depende de la continua independencia de las tres ramas.
A pesar de que una amplia mayoría de los estadounidenses se opone a aumentar el número de jueces en la Corte, los demócratas más “a la izquierda” han abierto nuevamente el debate; exigiendo aumentar el número de jueces que la integran (el cual no ha cambiado desde que el Congreso fijó el número en 9 en 1869), con el fin de supuestamente “balancear” la Corte. Este es el concepto que se conoce como “copar la corte” (o “packing the court”, en inglés); el cual no es más que cambiar el tamaño o la estructura de la Corte para permitir el nombramiento de jueces adicionales por parte de quienes en ese momento tengan mayoría en el Legislativo y controlen el Ejecutivo; y donde la razón de llevarlo a cabo es simplemente aprovechar la coyuntura temporal para agregar jueces más afines a su forma de pensamiento y agenda política (que evidentemente no pudieron confirmar mediante las reglas previamente establecidas).
La última vez que se intentó “copar la corte” fue en 1937, cuando el presidente Roosevelt trató de ampliarla para lograr adelantar su legislación del New Deal (tras haber ganado ampliamente las elecciones para su segundo término presidencial). Sin embargo, el rechazo general de la población se tradujo en un rechazo general de los legisladores, quienes no aprobaron tal iniciativa.
Pareciera mentira que, en EE.UU., hoy por hoy, en vez de que la importancia de la selección de magistrados a la Corte sea que se hayan mostrado capaces de y comprometidos con interpretar la Constitución y las leyes según fueron escritas; el foco de discusión del Partido Demócrata sea buscar como “justificar” el “copar la Corte”; algo que quienes lo han vivido en países vecinos, saben que al final lleva a consecuencias nefastas. Basta recordar en Venezuela la reforma al Tribunal Supremo en 2004, con la cual Chávez agrega una docena de jueces leales a él; o las reformas en Nicaragua, con las que el número de magistrados de la Corte Suprema que a inicios de los 90 era 7, tras reformas constitucionales alcanza los 16. En estos ejemplos es importante notar que su “razón de ser” no fue aumentar el número de juristas profesionales que respondieran únicamente al texto de la ley y que promovieran un Tribunal Supremo o Corte Suprema independiente de los demás poderes del Estado; sino que fue precisamente aprovechar la coyuntura temporal para lograr control de un poder del Estado.
Las ansias de poder han llevado a prominentes legisladores demócratas a afirmar que estarían de acuerdo con agregar jueces a la Corte (a como hizo Kamala Harris, ahora candidata a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata durante las primarias). Por su parte, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, quien por años y en reiteradas ocasiones claramente expresaba su rechazo a esa propuesta, recientemente no solo ha preferido no opinar —dando a entender que existe la clara posibilidad de que sí podría apoyarla o permitirla—; sino que ha llegado al extremo de decir que los votantes no tienen derecho a saber su posición sobre el tema. Una reciente encuesta del diario The New York Times mostró que un 58% está en contra de copar la Corte Suprema de EE.UU., versus un 31% que estaría de acuerdo.
La misma RBG en su momento advirtió: “Si algo hiciera que la corte pareciera partidista sería eso: un lado diciendo: ‘Cuando estemos en el poder, vamos a ampliar el número de jueces, para que tengamos más gente que votaría como queremos’”.
Tan cierto fue cuando lo dijo a como lo es hoy. Los que hoy piden a gritos que se respete la memoria y el legado de RBG y exigen “despolitizar” la Corte, convenientemente hacen caso omiso a esa clara advertencia. Por tal razón, reitero: EE.UU. necesita jueces que reconozcan que el sistema constitucional de gobierno limitado, separación de poderes, federalismo, libertad individual y estado de derecho debe ser preservado y cuidado para las generaciones futuras. “Copar las cortes” atenta contra la separación de poderes y resultará, sin duda, en una pérdida inmediata y quizás irrecuperable de su legitimidad.
El autor es abogado y notario público, socio director de García & Bodán (Managua, Nicaragua) y director regional de la Práctica Corporativa y Transaccional.
